CIDH pide a México "romper el ciclo de impunidad imperante"

El organismo señaló que el país vive una grave crisis de violación de derechos humanos; el Gobierno federal criticó algunas de sus investigaciones y señaló que no tienen sustento.
desaparecidos derechos humanos  El número de desaparecidos en México llega ya a 25,500 personas, de acuerdo con el informe. /  (Foto: Getty)
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México a romper el "ciclo de impunidad" que protege a responsables de violaciones de derechos humanos, según afirmó en un informe que el Gobierno mexicano objetó.

"El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante" indicó la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, en el reporte redactado tras una visita al país entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.

Para la CIDH, la "estrategia militarizada" para combatir el narcotráfico iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) e intensificada por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, empujó a México a "una grave crisis de violencia y de seguridad" que "ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos".

La Comisión subrayó su "especial preocupación" por las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, y alertó sobre la "situación de inseguridad" de mujeres y niños, migrantes y activistas de derechos humanos, así como de periodistas en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

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En esa situación, "se observa una falta de rendición de cuentas (de las autoridades) conforme a los estándares internacionales", denunció la Comisión.

Según el reporte de 265 páginas, las "deficiencias, insuficiencias y obstáculos" de la respuesta estatal a esos casos han convencido a muchos mexicanos de que los esfuerzos por lograr justicia son solo una "simulación".

Casos como la presunta ejecución sumaria por militares de al menos 12 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, o la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, ejemplifican esos problemas. Se les suman la "aparente colusión" entre policías y miembros del crimen organizado, indicó el órgano de derechos humanos.

El gobierno mexicano debe "reconocer que hay una crisis grave", dijo a la AFP el presidente de la CIDH, James Cavallaro, haciendo un llamado a reformular el combate al narcotráfico, especialmente en el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana.

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"No podemos tolerar que las fuerzas militares asuman funciones no propias y que hagan eso con índices de abusos altísimos", que se saldan sin la condena de los responsables, añadió Cavallaro, que es relator para México.

En México más de 80,000 personas han muerto y 22.000 han desaparecido desde que se inició la guerra del narcotráfico a finales de 2006, indicó AFP.

El Estado responde

Luego de difundirse el informe, el Gobierno mexicano rechazó que el país se encuentre en una crisis de derechos humanos, y agregó que las observaciones de la CIDH no reflejan el panorama general del país.

“Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, dice un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El Estado mexicano solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones anteriormente cuando los representantes estuvieron en el país, según el documento firmado también por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

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“Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”, señala el gobierno.

Pero también señala que la investigación de la CIDH tiene sesgo ya que “se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”. 

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A pesar de sus objeciones, la nota dice que el Gobierno mexicano tomará en cuenta las recomendaciones y analizará con detenimiento el informe para darle seguimiento.

*Con información de AFP

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