Los dos hombres que conocerás en un juicio contra el SAT
Después de la borrachera petrolera de décadas pasadas, los mecanismos de Hacienda para disminuir la dependencia a los ingresos del petróleo no solo contemplaron el aumento y creación de nuevos impuestos con la reforma fiscal, sino más medidas de fiscalización y acciones jurídicas con mayor efectividad.
El Gobierno ha realizado mayores erogaciones para fortalecer a su equipo jurídico. En 2015 gastó 12.3% real más que un año antes para la impartición de justicia fiscal y administrativa, con 2,495 millones de pesos (mdp), según los informes trimestrales de finanzas públicas.
El fisco ganó el año pasado 55% de los juicios. En tanto que el monto favorable de las sentencias definitivas sumó 75,049 millones de pesos, 61% del total. Asimismo, le ganó a los contribuyentes un máximo de 72% de los montos disputados en primera instancia; 56.8% en segunda instancia y el 61% en juicios definitivos.
En los juicios de amparo el SAT ha mantenido su ritmo de recuperación y ganó el 88.5% de los recursos.
¿Quién hace girar la maquinaria legal del SAT?
Jaime Eusebio Flores desempeña una tarea que puede ser un dolor de cabeza para los contribuyentes. El abogado se encarga de defender al SAT en los tribunales federales cuando es demandado por particulares. Ganar un juicio implica para el gobierno mayores recursos.
Como titular de la Administración General Jurídica, atiende los temas que agravian al fisco, logra que los contribuyentes paguen créditos fiscales –adeudos– y defiende la negativa de devolución de impuestos.
Uno de los objetivos del funcionario originario de Puebla es evitar llegar a juicio, ya que implica un costo económico para el contribuyente, los tribunales y el SAT, pero, dado el caso su meta es ganarlo.
“Los contribuyentes tienen todas las herramientas necesarias para acercarse a la autoridad y que paguen lo que les corresponde, las instituciones es lo único que quieren”, advierte.
Flores conoce el SAT desde lo más profundo . Llegó hace 25 años para hacer su servicio social. Fue administrador central de lo contencioso y, en 2013, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró administrador general jurídico, un puesto clave para el fisco.
“La gente que está en el área jurídica tiene que ser 100% litigante y lo que los forma es ir todos los días a los tribunales federales. El litigio es un punto importante que nos ha redituado éxito”, cuenta a Expansión el funcionario de carrera.
El hombre que pone fin a los conflictos
Asistido por un joven equipo de abogadas que han destacado por sus resultados académicos, Manuel Hallivis, presidente del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuenta con orgullo que el organismo tiene resultados contundentes al resolver controversias entre la administración pública federal y los particulares.
“Vemos todo con mucha eficiencia. A mediados de 2014, el interés económico controvertido, es decir, lo que valían los asuntos (en disputa), equivalía a 545,000 millones de pesos. Al cierre de 2015, lo redujimos a 330,000 millones. Quiere decir que resolvemos muy rápido”, dice a Expansión.
El Tribunal debe solucionar controversias de manera imparcial, desde cuestiones fiscales hasta ecológicas. El año pasado atendió unos 170,000 asuntos.
En materia fiscal revisa principalmente dos temas: la determinación de créditos fiscales y la negativa a una devolución de impuestos. Resolver con prontitud los litigios es clave para destrabar los recursos y regresarlos al flujo de la economía.
“En el mundo creo que somos de los más eficientes, puedo decir que somos de los que resolvemos (juicios) más rápido”, dice en entrevista el doctor en Derecho por la UNAM en una oficina vigilada por una colección de cientos de búhos, el símbolo de los abogados.
Para Hallivis, la preparación constante del personal es clave para resolver con eficacia. “No hay semana que no haya uno o dos eventos de capacitación (…) Tenemos un programa de especialidad y uno de maestría. La mayor parte tiene estudios de posgrado”.
En los próximos meses, con la reciente reforma que tuvo la ley de procedimiento contencioso, el Tribunal eliminará etapas innecesarias del proceso de los juicios y reducirá en 50% el tiempo de tramitación de éstos.
De aprobarse el Sistema Nacional Anticorrupción , el Tribunal será el encargado de sancionar a los servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la federación.
“Para eso sí vamos a necesitar más recursos, porque vamos a tener que abrir cinco salas regionales especializadas en materia de anticorrupción”, adelanta Manuel Hallivis.
