El sector privado fija sus prioridades legislativas para el periodo ordinario
El sector privado del país fijó lo que consideró las prioridades legislativas, donde resaltan el paquete económico para 2017 con ajustes al régimen fiscal vigente y gasto responsable, la segunda etapa del Sistema Nacional Anticorrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, señaló que existen asuntos pendientes que los legisladores deberán abordar y solventar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, mismos que es indispensable abrir a debate con todos los sectores involucrados.
En un audio publicado en la página del CCE, Castañón sostuvo que los empresarios impulsarán propuestas de ajustes a la legislación hacendaria que permitan garantizar y fomentar el empleo y la inversión.
“Vamos por modificaciones al régimen fiscal vigente, con el fin de promover su simplificación e incentivar la actividad económica, el ahorro, el dinamismo del mercado interno y, en general, el crecimiento económico”, remarcó.
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El presidente del CCE dijo que buscan facilitar la regularización de las empresas que aún están en la informalidad, y expresó su rechazo a eventuales nuevos impuestos o aumentos en los mismos.
Dijo que por el lado del gasto insistirán en la racionalización que a su entender se ha quedado corta ante los retos que vienen, pues urge abatir el déficit primario, incluso alcanzar un superávit, ya que bajar el déficit público al 3.0% del Producto Interno Bruto (PIB) no es suficiente.
Consideró que además del paquete económico, hay diversas reformas legales pendientes de gran relevancia, entre ellas el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
Por ello, dijo que este periodo de sesiones puede considerarse como el de la segunda etapa del Sistema Nacional Anticorrupción, donde sigue la implementación y donde no debe haber cuotas partidistas o imposiciones en los titulares de órganos como la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y las instancias reservadas para los ciudadanos.
Lo mismo aplica para los integrantes a elegir para el Tribunal Electoral Federal, subrayó Juan Pablo Castañón.
Argumentó que a revisión está el paquete de iniciativas presidenciales sobre justicia cotidiana, todas de gran calado, puesto que siete de ellas son reformas constitucionales y cuatro leyes secundarias.
Puntualizó que además hay otros temas de enorme importancia en materia social y económica en la agenda, como la Ley de Unidad de Medida y Actualización, prevista en los transitorios de la reforma constitucional, una vez desvinculado el salario mínimo, que será en el proceso dentro de este periodo ordinario de sesiones, como medida de cuenta para conceptos no laborales.
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En este marco, sostuvo que no se debe dejar del lado el frente educativo, que hoy acapara la atención nacional.
“No debe aceptarse ninguna regresión o menoscabo en la reforma educativa, sobre todo en su implementación. No pueden quebrarse los principios fundamentales que nos llevaran a una calidad en la educación y los legisladores deben responder a la nación, no al chantaje que están ejerciendo algunos grupos de presión con fines dudosos”, subrayó.
