Cómo sobrevive el sector de la construcción en los estados más peligrosos

La tensión empezaba al caer la tarde. Al ocultarse el sol, la actividad de trascabos y trabajadores se detenía en Guerrero a principios de 2014, pese al mandato ‘urgente’ de la reconstrucción del túnel Agua de Obispo, en el kilómetro 300 de la carretera México-Acapulco, arrasado por los huracanes Ingrid y Manuel. Aun así, para seguir operando, las constructoras a cargo de la obra tenían que destinar entre 5,000 y 10,000 pesos a la semana para pagar ‘derecho de piso’ a un grupo delictivo de la zona.

“Pasaron dos meses luego de que iniciamos los trabajos de reconstrucción del túnel, cuando se acercaron un par de personas a solicitar el pago por dejarnos trabajar", revela uno de los ingenieros de la obra, que prefiere no ser identificado.

No se sabe si la extorsión venía de parte de Los Rojos o de los Guerreros Unidos, grupos ligados al narcotráfico que pelean por el control de la zona, pues ambos surgieron luego de la caída del capo Arturo Beltrán Leyva, quien dominaba la entidad.

Para las constructoras de infraestructura, la escena no es nueva ni extraordinaria. En diversos estados del país, las compañías ya destinan un presupuesto fijo a estos ‘gastos’, o bien gastan de 2% a 4% del valor del proyecto para contratar consultoras especializadas en gestión y seguridad.

Éstas se encargan de negociar con los grupos criminales, pero también con organizaciones sociales, activistas de ONG y otros posibles agentes que afecten el libre flujo de trabajadores y materiales en sus obras.

Esta práctica se ha vuelto común en las obras de construcción, no sólo en Guerrero sino en otras entidades donde hay presencia de grupos delictivos como Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Baja California. “Pero no muchos constructores se atreven a denunciar”, señala Francesco Pipitone, director de Inteligencia de Grupo Atalaya, firma consultora en análisis, prevención y mitigación de riesgos, y experto en el mapa delictivo del país.

Modus operandi

Por aquellos días de 2014, en las obras del túnel Agua de Obispo, los trabajadores habían observado al menos a cuatro jóvenes apostados en las inmediaciones de la construcción. Se movían en motonetas y se distinguían por sus costosos teléfonos celulares en mano, además de su vestimenta: siempre de tenis, gorra con visera, playera y pantalones holgados.

El teléfono les sirve de pantalla, pues simulan estar en llamada o enviando mensajes de texto, pero en realidad lo usan para vigilar y reportar los movimientos del lugar, relata el ingeniero encargado de la obra por parte de una de las constructoras, quien pide guardar el anonimato. Les llaman ‘halcones’. Su labor es meramente informativa: se dedican a ubicar a los responsables de la constructora, vigilar sus horarios de comida y lugares de residencia, y se encargan de reportar todos los movimientos.

En ocasiones utilizan técnicas de intimidación, como en la obra del túnel, cuando antes de llegar a pedir el ‘pago por derecho de piso’, enviaron a una camioneta pick up negra con vidrios polarizados, que entró a alta velocidad al campamento, dio un par de vueltas muy rápido en el patio, para después salir lentamente del lugar.

Días después llegaron dos personas a pedir el pago semanal y a exigir que no hubiera movimientos de noche, sobre todo de vehículos, refiere el entrevistado.

Los criminales extorsionan hasta por 20% del valor de la obra en municipios de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. “Por ello, muchas constructoras han preferido salirse del lugar, pues los márgenes de utilidad que tienen no son tan altos”, comenta José Armando Arias de la Cruz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Similares y Conexos (STCSC), afiliado a la CTM.

Agrega que, en muchos casos, los constructores ceden al pago de ‘derecho de piso’ que reclaman los criminales para no detener los trabajos de construcción.

Narcohorarios

Durante la construcción de la autopista Durango-Mazatlán, varias empresas encargadas de la obra tuvieron que pactar con los grupos delictivos para poder realizar los trabajos.

“Se entregaba diésel o gasolina y todo el desperdicio: piezas de acero, madera o tuberías de PVC. El personal y camionetas tenían que estar plenamente identificados y trabajar en ciertos horarios pactados. Regularmente, en el avance de la obra se trabajaba de día, y no podían circular nuestros vehículos ni el personal por la noche”, refiere un ingeniero al servicio de Cemex, quien también solicita el anonimato.

En Durango, sobre todo en la zona de Coscomate, los trabajadores de la constructora tenían prácticamente prohibido ir a restaurantes o bares de las poblaciones cercanas. Tampoco podían tener amistad con las mujeres de esos lugares.

Si alguno de los trabajadores no acataba las indicaciones y era descubierto por el grupo delictivo que operaba en el lugar, se le golpeaba, o incluso se le 'desaparecía', como sucedió. “Hubo levantones de ingenieros y de algunos trabajadores que no llevaban su identificación y regresaron días después, golpeados”, cuenta.

Los grupos delictivos vigilan y protegen su zona para que no se infiltren personas de grupos rivales. Por eso buscan el control total de los vehículos y del personal asignado a los proyectos.

Silencio

Hablar sobre la delincuencia organizada entre las empresas constructoras y sus organismos representativos parece un tema tabú. Por temor o precaución, prefieren callar a revelar la situación que viven con los grupos ligados al narcotráfico. “Es un tema del cual preferimos no comentar”, dice la vocera de una de las constructoras más importantes del país.

Según información del Observatorio Nacional Ciudadano, solamente se denuncia 1% de los casos de extorsión en el país, entre los que se incluye el cobro por derecho de piso, señala Oscar Rodríguez, investigador del organismo. “Hay dos razones por las que la gente no denuncia: por miedo a represalias y por la falta de confianza en las autoridades”, señala.

“Tenemos conocimiento de casos, cada vez en menor medida, pero no tenemos cifras de las denuncias por extorsión”, dice Gustavo Arballo, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Una encuesta realizada por la revista Obras en 2015 reveló que más de 46% de las constructoras y cerca de 72% de los proveedores de la industria han sido víctimas de algún tipo de delito o agravio por parte del crimen organizado. Los constructores han resultado muy afectados en diversas áreas del país, con robos de maquinaria y asaltos a sus almacenes.

De la misma forma, en diversas zonas los constructores son obligados por la delincuencia a pagar importantes cantidades de dinero para que les permitan avanzar en el desarrollo de obras de infraestructura, refiere el español Manuel Sánchez Gómez-Merelo, consultor internacional en temas de seguridad.

“La cifra oficial de lo que representa el ataque en general de la delincuencia organizada, incluyendo lo que implica el asalto al transporte, asciende a más de 215,000 millones de pesos anuales”, apunta.

Actualmente, los constructores destinan entre 5% y 8% del ingreso anual de las empresas en medidas de seguridad, comenta Fernando Polanco, presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral (Amexsi). El costo promedio por empresa en los diversos sectores industriales del país pasó de 94,000 a más de 108,000 pesos al año, según datos de esa organización.

Más robos

Entre 2014 y 2015, se interpusieron más de 50 denuncias por extorsión ante la Pro-curaduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Jalisco, por parte de integrantes de la CMIC.

Benjamín Cárdenas, presidente de los constructores en la entidad, dio a conocer a medios locales que al menos cinco empresas fueron obligadas a pagar ‘derechos de piso’ por la delincuencia organizada y 10 fueron víctimas de robo.

“El mayor problema es cuando se trabaja en zonas aisladas o apartadas de los centros urbanos o en sitios ubicados en regiones altamente peligrosas”, señala Orlando Hernández Montes, dirigente de la CMIC en Oaxaca, otro de los estados perjudicados y donde los constructores presentaron en 2015 más de 60 denuncias ante la procuraduría de justicia local.

En Michoacán, la delegación de los constructores reporta que los casos de extorsión a empresas han disminuido, pero no los robos. “En los municipios de la costa se han presentado algunos casos de extorsión, pero en las ciudades ha aumentado el robo a empresas”, señala Francisco Javier Gallo, presidente de la CMIC en la entidad.

Gustavo Arballo, dirigente nacional de los constructores, reconoce que aun cuando las autoridades policiacas hacen su mayor esfuerzo por disminuir los ilícitos que afectan al gremio, en 2015 prevaleció el robo a maquinaria. “Lo que nos llevó a incrementar el gasto en medidas de seguridad, pues se incluyen sistemas GPS para poderlas recuperar”, señala.

Cómo actuar

La extorsión, el fraude, la corrupción de empleados, el blanqueo de capitales y la competencia desleal son actividades mediante las cuales el crimen organizado se relaciona con el tejido económico, plantea Miguel A. Cumplido Tercero, en la investigación 'Evolución del crimen organizado en México. Más allá del narcotráfico', presentada en octubre pasado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El autor señala que este tipo de actividades tienen una influencia perjudicial en el resto de los operadores económicos, ya sea de forma indirecta por operar en ese contexto, o bien de forma directa por ser víctimas de ellas.

De ahí la necesidad de instaurar estrategias de análisis de riesgos y amenazas que ayuden a determinar la vulnerabilidad que tiene la empresa ante el crimen organizado.

“Deben ser medidas de seguridad dirigidas a verificar que los procesos de los negocios no se encuentren vulnerados, infiltrados o manipulados”, asegura David Polanco, presidente de la Amexsi (Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral).

Francesco Pipitone, director de Inteligencia de Atalaya, sugiere buscar un equilibrio entre la empresa y los grupos delictivos. Para una empresa hay un riesgo de seguridad física en las zonas de conflicto, y para los grupos delictivos la llegada de una empresa también representa una amenaza. Lo recomendable es acordar horarios de trabajo, dice. La constructora trabaja de día, y no por la noche.

Por ejemplo, una constructora en Tamaulipas, cliente de Atalaya, detectó una fuga de información: la mujer encargada de realizar el aseo en la oficina del jefe de la obra operaba como ‘halcón’.

Como medida de seguridad la reubicaron en otra área donde no tuviera acceso a información, para no causar un problema mayor con el grupo delictivo.

“Lo primero que se recomienda a la empresa es evitar la confrontación, sin que ello implique pagar el derecho de piso. Nuestra recomendación es nunca hacerlo”, explica Pipitone.

Una buena selección de personal, evitar el manejo de dinero en efectivo y armas, mostrar un bajo perfil económico y generar una buena relación con la comunidad, para hacerlos aliados, son otras medidas de seguridad que sugiere la firma.

Los expertos también aconsejan dotar al personal de uniforme de la empresa e identificación con credencial visible. Los vehículos también deben estar identificados, porque los narcos quieren saber quién se mueve por sus zonas de influencia.

“A nuestros clientes les proporcionamos rutas para circular, lugares donde comer y hospedarse, e incluso sitios para divertirse, pues la gente que está en obra por varios meses busca un poco de distracción”, refiere Pipitone.

Otras medidas son impartir cursos de capacitación en seguridad física para los empleados, con reglas mínimas para saber qué hacer cuando son detenidos en algún retén. Por ejemplo, no dar vuelta para evitar la revisión, pues puede ser interpretado como una señal de que son miembros del cartel contrario.

También conviene saber, en caso de tener directivos extranjeros, las medidas diplomáticas que deben tomar para atender la situación, pues hay algunos que incluso quieren hacer narcoturismo. Según estadísticas de la Amexsi, 42% de las empresas no tiene un plan de gestión de riesgos, lo que quiere decir que están expuestas a cualquier tipo de contingencia.

“Durante la reconstrucción del túnel Agua de Obispo se tomaron varias medidas de seguridad, como contratar sólo personal foráneo y no local para las labores de campo, e instalar el campamento en un parque industrial alejado un poco de la obra, lo que evitó la fuga de información y los robos, extorsiones y levantones”, refiere uno de los ingenieros a cargo de esa obra en Guerrero.

Desde hace más de un año hay circulación libre por esa carretera que comunica con el puerto de Acapulco. No se puede decir lo mismo en términos de seguridad para las constructoras que ahí se instalan.