La corrupción y la violencia en México preocupan a Estados Unidos

La colaboración entre funcionarios públicos y miembros del crimen organizado es un reto para el país, considera el Departamento de Estado de EU.
La corrupción es uno de los principales 'focos rojos' que ve Estados Unidos en México.
Sobornos  La corrupción es uno de los principales 'focos rojos' que ve Estados Unidos en México.  (Foto: iStock/Stefano Spicca)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Más allá de lo que pueda ocurrir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en agosto, Estados Unidos se encuentra preocupado por la proliferación de la corrupción y la presencia del crimen organizado en los sectores público y privado en México.

“Una preocupación significativa es la complicidad entre el gobierno y las autoridades con miembros del crimen en ciertos casos. Mientras que la corrupción en los sectores público y privado se encuentra en muchos países, la colaboración de actores gubernamentales con el crimen organizado representa grandes retos para hacer valer la ley en zonas afectadas de México”, dijo el Departamento de Estado en el Informe sobre el Clima de Negocios 2017, donde sus misiones diplomáticas y embajadas refieren la situación de diversos países en materia de inversiones.

“La corrupción existe en muchas formas en el gobierno y la sociedad mexicana, incluyendo a los sectores público y privado, así como problemáticas por conflicto de interés que no están bien definidas en el marco legal mexicano”, detalló el Departamento de Estado, que también resaltó que el país ha implementado leyes para combatir estas prácticas con relativo éxito en empresas medianas y grandes.

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La percepción de los empresarios mexicanos en la materia es similar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dada a conocer esta semana, a nivel nacional de cada 10,000 unidades económicas que realizaron trámites durante 2016, 561 experimentaron al menos un acto de corrupción. Esto representó 1,600 millones de pesos tan solo el año pasado.

“Algunas de las formas más comunes de corrupción oficial involucran a funcionarios gubernamentales saqueando las arcas públicas o exigiendo sobornos a cambio de hacer su trabajo”, explicó el Departamento de Estado en su informe.

Estos datos se encuentran alineados, también, a la percepción de las 34,681 empresas encuestadas por el INEGI, que consideraron que la principal incidencia en actos de corrupción se da para agilizar trámites, evitar multas o sanciones y obtener permisos.

Según el Reporte Global de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial en 2016, los sobornos para realizar trámites llegan a incrementar el costo del negocio hasta en 10%.

Inseguridad, otro tema en el tintero

La violencia que atraviesa México es otro de los temas en los que Estados Unidos tiene fija su atención, de acuerdo con el Informe sobre el Clima de Negocios 2017.

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“Mientras que la violencia política es rara, la relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico ha incrementado significativamente en ciertas áreas”, detalló el documento, que considera que los empresarios actualmente toman medidas adicionales para protegerse a sí mismos o a su patrimonio.

“Muchas empresas toman precauciones adicionales para salvaguardar a sus ejecutivos, otras reportan un mayor costo de seguridad para el envío de bienes”, señaló el Departamento de Estado en el documento.

De acuerdo con el INEGI, durante 2016 solo 0.8% de las unidades económicas en México contrató seguridad privada, independientemente de la condición de la policía en su municipio o delegación.

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Sin embargo, menos de la mitad de las empresas encuestadas por el organismo (47.9%) consideró que las fuerzas del orden contribuyeron a generar una sensación de seguridad.

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Estados Unidos dijo que su gobierno trabaja junto con el mexicano en programas de seguridad como la Iniciativa Mérida y en el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor en México el año pasado.

“Las preocupaciones de seguridad general siguen siendo un tema para las compañías que quieren invertir en el país”, puntualizó.

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