Estrategia contra el desconocimiento
La corrupción le costó el año pasado a la iniciativa privada 1,600 millones de pesos, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), publicada el lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En promedio, cada empresa en México realizó un pago promedio de 12,243 pesos. Y los principales motivos de pago en estos actos de corrupción, según las empresas encuestadas, fueron la agilización de trámites (64.6%), evitar multas o sanciones (39.4%), obtener licencias o permisos (30.7%) y evitar la clausura de su establecimiento (29.7%).
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Minimizar los riesgos de corrupción es una de las tareas principales de las empresas. Impedir que estas malas prácticas permeen los procedimientos de compra, contratación, exportación o venta se ha convertido en una inquietud continua por parte de los empresarios, principalmente porque a partir del 19 de julio las compañías que incurran en actos de sobornos, tráfico de influencias o uso indebido de recursos recibirán sanciones.
A pesar de la preocupación por la próxima entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los especialistas coinciden en que hay un fuerte desconocimiento en el sector empresarial sobre qué medidas deben adoptar para atacar los actos de corrupción.
"El propio sistema anticorrupción no ha sido lo suficientemente acotado", dice Arturo del Castillo, director ejecutivo asociado de la firma Kroll México. "Ni el comité ciudadano ni ninguna otra instancia han informado qué medidas deben implementarse desde el lado de las empresas".
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Lo anterior, sugiere Alejandro Pulido, consultor especialista en temas de corrupción, no debe limitar que las empresas adopten de manera anticipada y proactiva una serie de mejores prácticas que atiendan tres dimensiones: prevención, detección y respuesta.
"No quiere decir que estos controles desaparecen los riesgos, pero sí permite que la organización los mitigue", explica Del Castillo.