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Trump enfrenta una demanda por pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas

En el caso se considera que los intereses financieros del nuevo presidente estadounidense pueden contraponerse con sus obligaciones en el gobierno.
lun 23 enero 2017 12:21 PM
¿Ola de litigios?
¿Ola de litigios? La decisión de Trump de mantener sus negocios ha desatado inconformidad por parte de grupos constitucionales (Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS)

Un grupo de destacados abogados expertos en constitución y ética demandaron este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusaron de violar la carta fundamental estadounidense al permitir que sus hoteles y otros negocios acepten pagos de gobiernos extranjeros.

La demanda presentada en la corte federal de Manhattan por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, en inglés) argumenta que la cláusula de "emolumentos" de la Constitución prohíbe los pagos; y buscan impedir que Trump los acepte.

Morgan Lewis & Bockius, una firma de abogados que representa al presidente en asuntos éticos, no respondió de inmediato a solicitudes para comentar sobre el tema.

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La demanda es parte de una ola de litigios que se prevé presenten grupos liberales contra Trump, un republicano que asumió su mandato el viernes pasado.

Trump había anunciado este mes que mantendría la propiedad de su imperio global de negocios, pero que entregaría el control a sus dos hijos mayores mientras sea presidente.

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Sheri Dillon, socia de Morgan Lewis y asesora de Trump, dijo que las ganancias generadas por los gobiernos extranjeros en los hoteles de Trump serán donadas al Tesoro estadounidense.

La demanda afirma que los pagos de gobiernos extranjeros por negocios como alquileres en la Torre Trump de Nueva York, estadías de hotel en sus propiedades y derechos a para transmitir o crear versiones propias de programas como su reality show 'El aprendiz' son ilegales.

Según la querella, los redactores de la Constitución pretendían prohibir dichos pagos, pues creían que "los intereses financieros privados pueden influir sutilmente incluso a los líderes más virtuosos, y el involucramiento entre funcionarios estadounidenses y potencias extranjeras podría suponer una amenaza artera e insidiosa a la República".

Entre los abogados que trabajaron en la demanda figuran los eruditos constitucionales Laurence Tribe y Erwin Chemerinsky, así como también Richard Painter, un exabogado de ética de la Casa Blanca durante el Gobierno de George W. Bush.

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