El crimen organizado alcanza a los migrantes a EU a su paso por México
Alrededor de las siete de la mañana del 23 de agosto, un joven de 18 años llegó herido al puesto de control de la Secretaría de Marina ubicado en los alrededores del poblado de San Fernando, Tamaulipas. Sangraba de la mandíbula y del hombro y caminaba con dificultad. Pedía que le curaran las heridas.
Era el único sobreviviente de una masacre que se había perpetrado en un rancho cercano, a manos de miembros del grupo criminal de Los Zetas. Fueron acribillados 58 hombres y 14 mujeres .
Cuando personal de la Secretaría de Marina dio con el rancho descrito, el día siguiente a las 17:00 horas, encontró los 72 cadáveres de migrantes ecuatorianos, hondureños, salvadoreños y brasileños. Todos atados de manos y con los ojos vendados. Amontonados unos sobre otros y arrinconados al lado de las paredes. Se quedaron a unos kilómetros de llegar a su destino final: Estados Unidos.
Representantes diplomáticos analizan el caso en Tamaulipas
Dos días después de que se descubriera el rancho con los cuerpos, personal de las representaciones diplomáticas de Ecuador, El Salvador, Honduras y Brasil en México se trasladaron a Tamaulipas con el fin de conocer de cerca los detalles del caso.
La cancillería mexicana informó que para el 25 de agosto por la tarde, se encontraban en territorio tamaulipeco el cónsul general y el vicecónsul de Brasil; el cónsul general, el agregado de policía y el agregado adjunto de policía de Ecuador; dos cónsules generales de El Salvador y la cónsul general de Honduras en la entidad de San Luis Potosí.
Por su parte, los embajadores de Brasil, Ecuador y El Salvador en México aseguraron que le pidieron al subsecretario de relaciones exteriores para América y el Caribe, Salvador Beltrán del Río, que se esclarezca, investigue y castigue a los responsables del asesinato múltiple, de acuerdo con Notimex.
En entrevista con la agencia mexicana de noticias, Hugo Roberto Carrillo, embajador salvadoreño, acusó a México de brindar insuficiente información sobre el caso y explicó que por eso fueron enviados los dos cónsules a Tamaulipas. Se les dio la instrucción de recabar detalles del hecho e identificar si hay salvadoreños entre las víctimas.
El caso no sólo tuvo resonancia en los países de origen de los migrantes acribillados. El gobierno de Estados Unidos ofreció su cooperación en la investigación, en caso de que México lo solicite.
Según la agencia EFE, la embajada de Ecuador en Estados Unidos informó que se están tomando medidas para proteger a los padres del único sobreviviente y testigo de la matanza, ante la posibilidad de represalias por parte de los autores de los asesinatos.
Por otro lado, el gobierno ecuatoriano solicitó al gobierno mexicano que se le dé protección al sobreviviente.
Organizaciones civiles cuestionan al gobierno mexicano
Las organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional (AI) y Sin Fronteras manifestaron su repudio ante los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas y exigieron al gobierno mexicano trabajar para poner fin a los secuestros y asesinatos de los inmigrantes.
"El fracaso del gobierno federal para mostrar un liderazgo claro en la aplicación de medidas para hacer frente a la violencia sistemática que enfrentan los migrantes en situación irregular debe terminar con la aplicación de un plan de acción claro en el que todos los organismos clave (…) tomen acción coordinada y eficaz", señaló AI en un comunicado.
Sin Fronteras, por su parte, dijo que el asesinato de los 72 centro y sudamericanos expone la falta de compromiso del estado mexicano para reconocer y terminar con la violencia de la que son objeto miles de migrantes a lo largo del país.
“Este suceso refleja que la posición de las autoridades migratorias, no cuenta con una real perspectiva de derechos humanos y no responde a la realidad que vive el país en materia migratoria, y que, por el contrario permite la criminalización de la población migrante, lo que genera graves violaciones a sus derechos humanos”, expresó en un comunicado.
En un informe publicado en junio del 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había advertido sobre la creciente amenaza contra los inmigrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos.
Según el Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, los inmigrantes ilegales en México “con frecuencia son víctimas de bandas organizadas y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales y municipales, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, las que los golpean brutalmente, humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus derechos humanos”.