Feminicidios en el Estado de México, tarea pendiente
La violencia contra las mujeres en el Estado de México camina entre cifras de asesinatos al alza y el rechazo del Gobierno estatal por considerarla como un problema de feminicidio.
En los últimos seis años se duplicó el número de homicidios dolosos contra mujeres en el estado más poblado del país, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEM).
Mientras en 2005 se registraron 97 homicidios contra mujeres, para el 2010 el número de asesinatos había aumentado a 200, es decir 106% en cinco años, mientras que la población femenina sólo creció 8% en el mismo periodo.
La mitad de las muertes se registraron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán e Ixtapaluca.
Salvo Toluca, capital del estado, los municipios con más incidencia se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México y en conjunto alcanzan una población de casi 6 millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron 285 homicidios de mujeres en 10 años, entre 1993 y 2002, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ocasionó que la ciudad fronteriza con Texas, Estados Unidos, tomara relevancia a nivel mundial por los feminicidios.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 2006 señala al Estado de México como la entidad del país donde más mujeres casadas o unidas reportaron sufrir violencia por parte de su pareja.
Los resultados de la encuesta, levantada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la más reciente disponible sobre violencia de género, arrojaron que 61 de cada 100 mujeres casadas en el Estado de México sufrían algún tipo de evento violento, cuando la media nacional era del 47 %.
Entonces, 513 mil mujeres, el 30 % del total de casadas, habían padecido violencia de extrema gravedad a manos de su cónyuge, como ser pateadas, amarradas o ahorcadas.
Un informe del Gobierno mexiquense entregado en octubre a la Cámara de Diputados destaca que las mujeres víctimas se colocan en riesgo por consumir drogas o tener varias parejas.
Al número de mujeres asesinadas en los últimos 6 años se suma que, hasta noviembre del 2010, la PGJEM sólo había conseguido que el poder judicial condenara al autor material en 145 casos, en tanto que otros 217 presuntos homicidas siguen todavía bajo proceso penal.
La incidencia de muertes y porcentaje de impunidad de los asesinos llevó a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una organización civil, a solicitar al Gobierno federal el 8 de diciembre una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México.
Para entonces, la CMDPDH tenía conocimiento de 922 muertes entre 2005 y agosto del 2010, y sostuvo en su petición que en el estado existe un patron sistemático de violencia contra las mujeres que no está siendo atendido.
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como feminicida a la forma extrema de violencia de género por la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado.
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, rechazó el 11 de enero la solicitud de investigar la situación en el Estado de México.
Conformado por secretarías y entes federales y los 32 institutos de la Mujer estatales, el Sistema es la instancia encargada de coordinar a nivel nacional las políticas contra la violencia de género.
La solicitud fue desechada por 20 votos en contra, emitidos por los representantes de estados priistas más Michoacán y Guerrero –ambos gobernados por el PRD–; 11 a favor y dos abstenciones de Baja California y Guanajuato.
El aval a la solicitud implicaba que se iniciara una investigación formal de los casos de feminicidio y no que se emitiera la alerta de género en automático, pero aún así se rechazó, explicó Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la CMDPDH.
La activista enfatizó, en entrevista con CNNMéxico, que el problema se politizó ante la posibilidad de que el Gobernador del Estado de México sea candidate a las elecciones presidenciales del 2012, cuando debió servir para que las autoridades analizaran el problema y tomaran medidas.
“La ley y este mecanismo no pretenden poner taches a los gobernadores o gobiernos, sino analizar cuales son las deficiencias estructurales y de fondo del sistema de justicia, en el sistema de prevención y de sanción de estos crímenes para que esto no siga ocurriendo”, aseveró Pérez Garrido.
El 12 de enero, el Procurador estatal, Alfredo Castillo Cervantes, ofreció una conferencia de prensa para asegurar que sólo 468 de los más de 900 homicidios tenían sello de violencia de género y el resto eran por asaltos o accidentes.
Castillo Cervantes dijo que la solicitud de alerta tenía fines totalmente políticos, porque, según sus estimaciones, el estado ocupa el lugar 22 a nivel nacional de tasa de homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes.
El mismo Gobernador Peña Nieto agregó un día después en un acto público queera sospechoso que el tema se ventilara a unos meses de que se lleven a cabo las elecciones para nombrar a su sustituto.
Pérez Garrido criticó que el Gobierno mexiquense minimice el problema y utilice argumentos similares a los que esgrimían las autoridades de Chihuahua cuando se hicieron públicos los feminicidios de Ciudad Juárez.
“¿922 mujeres asesinadas en un periodo de 5 años y medio no es preocupante?, perdónenme, pero no se vale normalizar la violencia, no se vale normalizar la violencia contra las mujeres, justificarla, culpar a las mujeres de esa violencia y caer en conclusiones fuera del contexto y realidad que ellos mismos demuestran con las cifras”, señaló la abogada de la CMDPDH.