La inmunidad al expresidente Zedillo no exime al Estado, dicen defensores

La inmunidad que otorga el gobierno de Estados Unidos al expresidente Ernesto Zedillo no exime de la responsabilidad al Estado mexicano acerca de la masacre en la que murieron 45 indígenas en diciembre de 1997, subrayó la defensa de las víctimas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en Chiapas, al sur de México, representante legal y copeticionario de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo esa consideración luego del anuncio que hizo el gobierno estadounidense.

Víctor Hugo López, director ejecutivo del organismo, dijo que la determinación es un intento de “encubrir no a una persona, sino una estrategia contrainsurgente que se aplicó contra comunidades indígenas de Chiapas, que tuvo como operador al Ejército mexicano, pero como asesor a su homólogo de Estados Unidos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos concedió este viernes la inmunidad diplomática a Zedillo por el juicio que enfrenta por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal.

Por su parte, Roger Kobert y Marc Pugliese, dos de los abogados de los demandantes señalaron que se encuentran “muy decepcionados por la decisión del Departamento de Estado norteamericano” que los detendrá de “presentar pruebas de la responsabilidad de Zedillo en la masacre de Acteal de 1997”.

“Con base en los testimonios y documentos que hemos recolectado, estamos extremadamente seguros de que los altos mandos del gobierno de Zedillo tenían conocimiento y directamente participaron en la conspiración que llevó a la masacre de Acteal y su encubrimiento”, señalaron.

Los abogados además criticaron que la decisión del gobierno de Estados Unidos se basara en “comunicaciones entre el señor Zedillo, el gobierno mexicano actual y el gobierno de Estados Unidos”, que no estaban relacionadas con los abogados de los demandantes o el público en general. 

CNNMéxico intentó contactar a Zedillo y a Jonathan Freiman, su representante legal, para conocer su postura sobre la decisión de Estados Unidos, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

También buscó a la presidencia y la Cancillería mexicanas con el mismo propósito, pero las áreas de prensa de ambas instituciones indicaron que no han recibido instrucciones de emitir una posición. El gobierno de México había solicitado al de Estados Unidos que brindara la inmunidad a Zedillo.

El representante del Frayba sostiene que si bien la organización Las Abejas, de Acteal, no fue la que presentó la  demanda civil contra Zedillo  en New Haven Connecticut, Estados Unidos —porque ellos tienen un recurso propio ante la CIDH—, la estrategia que siguieron Estados Unidos y México fue evitar que se profundizara en las acciones que ambas naciones emprendieron con el propósito de aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a quien consideraban sus bases sociales. 

“Para nosotros, la demanda en la corte de Connecticut fue un escenario montado por grupos políticos, incluyendo al actual presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien al pedir la inmunidad también se protege a sí mismo, ahora que termina su mandato y que seguramente tendrá muchas demandas por los miles de crímenes que se cometieron en su gobierno”, dijo el director del Frayba.

López sostuvo que esta declaratoria de inmunidad también crea una cortina de humo para encubrir la excarcelación de los autores materiales de la masacre, una centena de indígenas que fungieron como grupo paramilitar, o de “autodefensa”, según el término que utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el  Plan de Campaña 94, documento oficial que define la estrategia  que siguió el gobierno luego del alzamiento del EZLN. 

“Ellos, los autores materiales que han sido liberados según resolución de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN), reciben también un mensaje de que sus acciones seguirán impunes, lo que coloca a la población de Acteal en la indefensión, porque hay que recordar que nunca se desarmó a estos grupos, y que sigue operando la misma estrategia contrainsurgente, no sólo en la zona de Los Altos de Chiapas, sino en todas las regiones donde hay manifestaciones sociales de inconformidad”.

Detalló que los grupos paramilitares, también llamados grupos de choque o de “autodefensa”, realizan acciones para minar la resistencia de las organizaciones sociales que se oponen a estrategias de gobierno, y de ello han dado cuenta las denuncias y documentación de hechos que realizan los afectados a lo largo de los últimos años. 

El Frayba y la organización Las Abejas, informó, continuarán con la petición ante la CIDH “para que se juzgue no a una persona, sino a una nación, la de México, por el crimen de Estado que fue la masacre. Y esperamos que en su momento quien fue representante de esa nación, Ernesto Zedillo, así como toda la cadena de mandos involucrados en la formación de paramilitares, sean llamados a los tribunales”.

Las pruebas ante la CIDH

Las pruebas que los sobrevivientes de la masacre han presentado ante el recurso que ya dirime la CIDH son los documentos desclasificados por la investigadora Kate Doyle y los testimonios de víctimas desde años antes de la masacre, donde se da cuenta del contexto previo a los hechos, como la quema casas, asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados que se hicieron.

También el Plan Chiapas 94, donde la Sedena plantea la estrategia que siguió en Chiapas luego del alzamiento del EZLN, que incluye la formación de grupos civiles de “autodefensa”, también conocidos como paramilitares.

La existencia de este documento fue negado durante los años siguientes a la masacre; sin embargo, el Senado de México logró en diciembre de 2010 el reconocimiento del mismo por parte del Estado, e hizo pública la información.

De acuerdo con el Senado, el análisis del Plan Chiapas 94 indica que “no hubo omisión sino premeditación" en la masacre de Acteal, hubo una estrategia paramilitar donde grupos civiles fueron armados y entrenados por policías estatales y federales y por el Ejército mexicano.

El Plan de campaña Chiapas 94, cuya copia posee CNNMéxico, fue firmado en la capital de Chiapas en octubre de 1994. En el documento se señala que el objetivo que persiguió el Estado mexicano fue “alcanzar la paz (…) destruir la voluntad de combate del EZLN y aislarlo de la población civil”.

Contempla acciones tácticas, de inteligencia, psicológicas y de asuntos civiles. Una parte del plan establece el “asesoramiento (organización de las fuerzas de autodefensa)”.

El apartado R de la fase uno o de preparación refiere “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios, e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes de nuestras operaciones”.

En la sección III titulada Elaboración de Planes Militares, apartado H, plantea el “plan de asesoramiento”, el cual señala: “Este anexo describe planes del Ejército en el adiestramiento y apoyo en las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo".

Además, el plan incluye "el asesoramiento y ayuda que se presta a otras dependencias del gobierno y a funcionarios gubernamentales locales, municipales, estatales y federales. En dado caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas”.

La segunda fase de lo que denomina una campaña ofensiva contempla, en los apartados 1.A y 1.B, el desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales, así como la neutralización de la organización y actividades de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Mauricio Torres contribuyó con este reporte.