Ayutla de los Libres, el lugar donde los civiles ejercen la justicia

La policía comunitaria en el poblado surgió tras dos décadas de lucha indígena contra la pobreza e inseguridad en Guerrero
policia comunitaria guerrero
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Autor: Daniela Rea | Otra fuente: 1

AYUTLA DE LOS LIBRES, Guerrero (CNNMéxico) — La historia de rebeldía del pueblo de Ayutla de los Libres no comenzó el 5 de enero de este año, cuando grupos de autodefensa instalaron retenes de seguridad para proteger a sus comunidades y detener a presuntos delincuentes. Hace al menos dos décadas que sus pobladores luchan contra la pobreza, la militarización y la inseguridad.

"Hay un asedio histórico hacia esta región, porque siempre ha sido de algún modo rebelde, resistente, hay un desprecio hacia los indígenas, un trasfondo de abusos por parte de los caciques, de los grupos políticos, del Ejército, de la Policía Ministerial que ha sido cómplice de los delincuentes. Es un pueblo que históricamente ha sido lastimado y ha resistido, a la par", dice Abel Barrera, antropólogo que ha estudiado el desarrollo de la población.

Barrera está familiarizado con las comunidades indígenas de Guerrero. Es fundador del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que ha acompañado las luchas indígenas en temas como la militarización, el acceso al derecho a la salud, a la educación y las amenazas a los defensores de los indígenas.

El sacerdote de Ayutla, Mario Campos, coincide con que la batalla comenzó años atrás, cuando el pueblo tomó conciencia.

"Esto no es algo como llamarada, no es algo mágico, no es algo que se da por el azar. Es resultado de un largo proceso de muchos años. El primer elemento que vemos para llegar a este momento es que el pueblo trabajó el nivel de la concientización", dijo ante los asistentes a la Asamblea del Primer Tribunal Popular realizada este jueves.

Ayutla es una región estigmatizada por considerarse cuna de la insurgencia armada; ahí surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero mexicano. 

Desde la década de 1990, recuerda el antropólogo, se hizo común que bajo el pretexto de perseguir guerrilleros, los militares hostigaran, detuvieran y amenazaran a los indígenas que tenían una lucha contra el gobierno, pero no armada.

Ese asedio, explica, se ha sumado a la pobreza que históricamente vive la región. Según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2010, en Ayutla de los Libres el 88% de los habitantes vive en pobreza y la mitad de sus habitantes no tiene recursos suficientes ni siquiera para comer.

Una tercera parte de sus pobladores tiene rezago educativo y no tiene acceso a servicios de salud, mientras que el 78% no tiene acceso a los servicios básicos de vivienda.

Contra la militarización

En 1994, un grupo de indígenas de la zona formó la Organización del Pueblo Indígena Mepha´a (OPIM) que buscaba justicia y seguridad para la región. Pero en su lucha no vieron respuesta a sus demandas, sino castigos, de acuerdo con Obtilia Eugenio Montiel, presidenta de la OPIM.

"El gobierno mexicano hizo guerra para acabar con los pueblos indígenas. En nuestro estado, en 1998, soldados mataron a 11 indígenas mixtecos en El Charco. Luego esterilizaron a 14 hombres en este municipio a fuerza, encarcelamiento, delito fabricado por andar denunciando en contra del Ejército Mexicano”, recuerda la mujer.

En 2002, la lucha de esta organización contra la militarización de las comunidades se tornó más contundente, luego de que soldados violaron a las mujeres Inés Fernández y Valentina Rosendo. Ellas llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demostraron, además de los abusos militares, la falta de acceso a la justicia.

Diez años después, el entonces secretario de Gobernación, Alejando Poiré, acudió a Ayutla a pedir perdón a las mujeres en nombre del Estado mexicano.

Por esa lucha murieron al menos 16 líderes, integrantes o simpatizantes de la organización, siete fueron detenidos y unos 107 recibieron amenazas. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para proteger a los activistas y obligó a Tlachinollan a cerrar sus oficinas regionales en Ayutla por casi dos años, explica el antropólogo.

"Estos crímenes impunes buscan generar un ambiente adverso para la organización de las comunidades, la reconstrucción de su tejido comunitario. Lo que vemos es que los grupos de la delincuencia hacen el trabajo sucio contra organizaciones, defensores, y sus crímenes se mantienen impunes”, dijo Barrera.

Contra la inseguridad

De manera paralela a la lucha contra la militarización que emprendió la OPIM, surgió en la región de la montaña de Guerrero la lucha indígena contra la inseguridad que ocasionaban asaltantes, asesinos y violadores.

Esta lucha fue encabezada por la Policía Comunitaria, que surgió en 1995 y que dos años después se convirtió en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

La CRAC tiene el objetivo de detener a la delincuencia común a través de vigilancia hecha por policías comunitarios y de la reeducación de los detenidos, conforme a sus usos y costumbres. Actualmente trabaja en 60 comunidades de 10 municipios.

A partir de 2010, ante delitos como secuestros y extorsiones, los habitantes de Ayutla tomaron como ejemplo al CRAC en cuanto a seguridad comunitaria.

Así, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) —creada ese mismo año en contra de las altas tarifas de luz eléctrica para los pueblos indígenas y que ahora tiene presencia en 41 municipios de Guerrero— emergió el pasado 5 de enero como un grupo de autodefensa contra el crimen. 

Y este jueves, los pobladores de Ayutla iniciaron su primer juicio popular contra 54 presuntos criminales.

"La Policía Comunitaria (CRAC) es el antecedente de este momento. Por supuesto que en aquella zona se vio la misma problemática, el asalto a muchas familias, a las organizaciones cafetaleras y lo que más lastimó al pueblo fueron las violaciones. Esto hizo que el pueblo tomara conciencia de que no podía seguir esto", señala el sacerdote Mario Campos.

Para Campos, estas luchas han estado marcadas por el interés del bien común. "El poder de la Policía Comunitaria no está en armas sofisticadas ni presupuesto, está en la organización y su cultura de servicio".

De acuerdo con Barrera, en Ayutla convergen distintos movimientos que desde su trinchera han reivindicado los derechos indígenas, ya sea mediante la denuncia de abusos militares, la inseguridad o la exclusión.

El reto, dice, será que en esta coyuntura las organizaciones puedan articularse en beneficio de las comunidades indígenas.

"Hay un movimiento interno de resistencia, organización y derechos que es la OPIM. Hay otro que existe y ha sido consistente en estos años, que es la CRAC. Paralelamente hay otro movimiento, la UGOEP, que llega de fuera, que tiene una agenda muy amplia que responde a coyunturas graves de marginación e inseguridad", explica. 

"El reto que vemos es que en esta coyuntura las organizaciones encuentren eco, que los líderes sean sensibles y tengan olfato para construir procesos mucho más anclados a las necesidades de los pueblos indígenas".

La Policía Comunitaria considera importante reeducar a quienes han incurrido en algún crimen para que puedan reintegrarse como miembros productivos de la localidad.

El juicio de este jueves terminó con la presentación de los acusados y con voto a mano alzada se decidió que el próximo 22 de febrero continuará el proceso para revisar las pruebas y analizar el castigo al que serán sometidos los acusados. 

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