Estados 'incumplen' con protección a activistas y periodistas, dicen ONG's

Los gobiernos estatales no ven como obligatoria la protección a estos sectores, por la falta de apoyo de la Segob, denuncian organizaciones
El miedo que viven los activistas en Guerrero
Autor: Lizbeth Padilla Fajardo | Otra fuente: CNNMéxico

Los gobiernos estatales no toman “con seriedad” las resoluciones que dicta el Mecanismo para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, poniendo en peligro la integridad de los afectados, denuncian organizaciones civiles.

Un diagnóstico, realizado por 17 organizaciones integradas en el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC), detectó que los gobiernos estatales “han representado un obstáculo para el cumplimiento de los plazos para brindar la protección”, pues no toman como obligatorias estas medidas aunque así lo marca la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha generado “incumplimientos” en las medidas de protección, y un rezago en la resolución de los casos, dijo a CNNMéxico, Alberto Solís, vocero de Espacio OSC.

A través del Mecanismo los activistas y periodistas que hayan recibido amenazas a su seguridad pueden obtener vigilancia policial permanente o ser trasladados a otra ciudad o estado para su protección, según lo amerite el caso.

Los gobiernos estatales no dan una negativa absoluta sobre acatar las medidas que dicta el mecanismo, pero las cumplen parcialmente, comenta Delia Sánchez, de la organización Propuesta Cívica.

Uno de los casos que ha acompañado Propuesta Cívica es el de una defensora de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en Oaxaca. La mujer —por seguridad no se revela su nombre— recibió amenazas y allanaron su casa en enero de este año, por lo que pidió protección al mecanismo. Sin embargo, mientras los gobiernos federal y estatal se coordinaban para brindar la seguridad, hombres armados rodearon su casa. Ella decidió abandonar su comunidad.

Sánchez comenta que no ha habido disposición del gobierno de Oaxaca para generar las condiciones mínimas de seguridad para que la activista vuelva a su comunidad, la cual dejó desde enero pasado para desplazarse a la Ciudad de México. 

Marcelino Gutiérrez, de la coordinación para la atención de los derechos humanos de Oaxaca, confirmó a CNNMéxico que sí hay coordinación entre el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación (Segob) en el tema del mecanismo, pero dijo que no podía dar más información pues “el orden normativo nos impide decir más”.

De noviembre de 2012 a abril de 2013, la Segob —encargada de la operación del Mecanismo— ha recibido 64 solicitudes (26 de periodistas y 38 de personas defensoras), de las cuales solo ha atendido 20, dictando medidas de protección para 18 de ellas, pero solo en 11 casos fue otorgada la protección, según información de la dependencia.

Uno de ellos es el caso de un activista de La 72 Hogar Refugio para Migrantes, a quien se le había dictado como medida de protección la vigilancia permanente de la Policía Federal, pero ésta, “sin ningún tipo de explicación”, según el diagnóstico, se retiró por lo que el defensor tuvo que abandonar el albergue para proteger su vida.

“Si el mecanismo les ordena que hagan tales medidas tendrían que hacerlo, pero no está operando así”, dice Solís, "lo que hace difícil proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentran en diferentes zonas del país y en condiciones diversas”.

“Le piden oficios a Segob o les dan pretextos (a los afectados), pero no hay una negativa absoluta”, comenta Delia Sánchez, solo una falta de coordinación, pues al presentarse un caso urgente "no saben quién es el enlace o (los gobiernos locales) no tienen la capacidad de actuar y tomar decisiones".

CNNMéxico buscó a Juan Carlos Gutiérrez, jefe de la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos y titular del Mecanismo pero hasta la publicación de esta información no obtuvo respuesta.

El Mecanismo, sin apoyo institucional

Según el diagnóstico, el Estado mexicano no considera la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como “relevante dentro de la política gubernamental”, pese a que hace un año fue promulgada la Ley para proteger a estos sectores y el mecanismo forma parte de los compromisos del Pacto por México.

Las organizaciones buscaron un acercamiento con el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, Lía Limón, para que se pronuncien “sobre la importancia de la labor de derechos humanos y el deber que tiene el Estado mexicano” para garantizarlos.

Este miércoles durante la presentación del Informe de la ONU sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, Lía Limón dijo que se requiere que las instancias federales y locales en los estados "trabajen de la mano" en la investigación de las amenazas contra activistas y periodistas, pues de lo contrario "difícilmente podremos avanzar".

Según la ONU, de noviembre de 2010 a diciembre de 2012 se registraron 89 agresiones en contra de defensores de los Derechos Humanos en México y solo fueron consignados tres presuntos responsables de los ataques, sin que exista una “sentencia firme” en su contra.

“El mecanismo en su estructura no tiene un respaldo institucional o político lo suficientemente fuerte para que los diferentes niveles de gobierno y los estados lo tomen con la seriedad que se requiere”, dice Alberto Solís.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) informó este martes que ha habido un cumplimiento parcial de las medidas de protección y pidió a Gobernación la plena implementación del mecanismo.

Personal y recursos, otros asuntos pendientes

A la falta de respaldo político se suma la carencia de recursos y personal suficiente y capacitado para analizar y atender los casos que llegan al mecanismo.

Solís dijo que desde enero de 2013, la Segob cuenta con los 129 millones 500,000 pesos destinados al mecanismo, pero los “tramites lentos y burocráticos” han retrasado la utilización de los recursos y la ayuda a los afectados.

“El dinero está en Gobernación desde principios de año, pero primero se tuvo que hacer ordenamiento, luego anexo técnico para la utilización de los recursos y ahora falta un comité técnico”, detalla Alberto Solís.

Esto ha provocado que haya rezago en los casos presentados al mecanismo, pues no se pueden aplicar medidas a nivel de resguardo y vigilancia y algunos ni siquiera se han evaluado por la Junta de Gobierno.

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Las organizaciones piden a Gobernación los insumos necesarios para el trabajo del Mecanismo, como son equipos de comunicación para el personal; bases de datos; protocolos de seguridad del personal, equipo y la información; procedimientos claros y transparentes en el procesamiento de los casos, entre otros.

Alberto Solís dice que el peso político de Gobernación y de su titular es clave para que exista una mejor coordinación y acatamiento de las resoluciones del mecanismo.

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