Senadores proponen extender otro año el plazo para evaluar policías

La iniciativa del PRI, PAN y PRD es presentada mientras en el país se han identificado agentes ya evaluados vinculados al crimen
Realizan operativo en el Estado de México
Mauricio Torres
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

A 14 días de que venza el plazo legal para que las autoridades mexicanas evalúen a todos sus policías, senadores de los tres principales partidos políticos proponen una nueva prórroga de un año para que los gobiernos locales cumplan con el requisito. 

La propuesta busca evitar problemas de seguridad pública en los estados y municipios, ya que alrededor del 30% de los policías locales del país no han sido evaluados y deberán ser dados de baja para el próximo 29 de octubre.

“Se presenta la iniciativa a fin de prorrogar el plazo de manera razonable para terminar con el proceso de certificación y la evaluación del control de confianza, ya que existen diversos factores que inciden para el cumplimiento de la totalidad (…) con el consecuente riesgo de que las entidades federativas y los municipios queden mermados en la capacidad de respuesta por falta de elementos”, señala el documento publicado este martes en la Gaceta del Senado y que fue presentado ante el pleno.

La iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es impulsada por los senadores Omar Fayad, Ivonne Liliana Álvarez y Teófilo Torres Corzo, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI); Fernando Yunes y Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional (PAN), e Iris Vianey Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), todos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta. 

De aprobarse, esta sería la segunda prórroga al plazo legal para evaluar policías. La primera —promovida por Fayad— se concretó a finales de 2012, cuando el Congreso aprobó extender el plazo 10 meses.

Este mismo martes, organizaciones civiles y autoridades cuestionaron la efectividad del sistema de control de confianza y certificación de mandos policiales, el cual debe ajustarse, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

Ahora que el nuevo plazo está por cumplirse, aún faltan de ser evaluados alrededor del 30% de los policías locales del país, según cifras del gobierno federal. El estado con mayor retraso es Tamaulipas, donde solo se ha certificado entre el 25% y el 50% de los agentes, indica el más reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), actualizado hasta octubre. 

Las autoridades federales afirman que los elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) ya cumplieron con el requisito. 

La iniciativa incluye dos artículos transitorios con los que se busca obligar a los gobiernos de los estados a destinar suficiente presupuesto al programa de evaluación policial, que llega al Congreso mexicano mientras se han dado a conocer casos de policías ya evaluados que son investigados por su presunta participación en crímenes y mientras organizaciones civiles advierten que la certificación no garantiza que un policía sea confiable o eficiente. 

Policías vinculados con el crimen 

El gobierno federal informó la semana pasada que 13 policías federales quedaron detenidos por presuntamente operar una red de secuestradores en el puerto turístico de Acapulco, en el estado de Guerrero. 

En el Distrito Federal, las autoridades locales detuvieron a finales de septiembre a tres agentes por su presunta relación con el secuestro de un ciudadano colombiano, John Jairo Guzmán Vázquez. 

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Activistas como María Elena Morera, presidenta de la asociación Causa en Común, han señalado en reuniones públicas con autoridades que el actual modelo de evaluación no garantiza que un elemento sea confiable o pueda realizar su trabajo, por lo que han llamado a reformar los mecanismos empleados.

El investigador Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), dijo en septiembre a CNNMéxico que la evaluación de los policías debe ir acompañada de la revisión del funcionamiento de las instituciones de seguridad, incluyendo su infraestructura, recursos, reglas y procedimientos.

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