Alcalde auxiliar, detenido en Puebla por el caso Chalchihuapan

Javier Montes fue detenido por el gobierno estatal por su supuesta participación en el enfrentamiento con policías en el que un niño murió
CNDH culpa a policía de Puebla de muerte de menor
Autor: Elvia Cruz | Otra fuente: CNNMéxico

El gobierno de Puebla aprehendió este viernes al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, por su presunta responsabilidad en el enfrentamiento violento del pasado 9 de julio que dejó un menor de edad muerto, al menos nueve personas mutiladas y más de 40 policías heridos.

Con él, suman 12 las personas que han sido detenidas por las autoridades en torno a este caso, seis policías y seis civiles, como parte de las acciones para dar cumplimiento a 11 recomendaciones que emitió en septiembre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a las garantías individuales de quienes protestaron en julio pasado para exigir el regreso del registro civil a su comunidad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que encabeza Víctor Carrancá Bourget, informó que al inculpado se le atribuyen los delitos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

Familiares de Montes Bautista refirieron a CNNMéxico que desde la madrugada del pasado 18 de octubre, cuando fueron detenidos seis de los pobladores, agentes ministeriales catearon la casa del presidente auxiliar, pero en esa ocasión no lo encontraron ya que había salido de la población la noche anterior al enterarse que tenía una orden de aprehensión en su contra.

“A mi hijo lo acusan de todo lo que pasó. Lo señalan como el principal responsable de haber encabezado la manifestación”, dijo en entrevista Araceli Bautista, madre de Montes.

El abogado Alejandro del Castillo señaló que Montes Bautista fue localizado en un operativo en el que participaron más de 20 agentes ministeriales en la comunidad de San Juan Amecac en el municipio de Atzitzihuacán —a hora y media de la capital poblana—, y fue llevado de inmediato al penal de San Miguel, en el municipio de Puebla. Será en las próximas horas cuando rinda su declaración ante el Juez Tercero de lo Penal.

Con la detención de Javier Montes, de Chalchihuapan, suman tres los alcaldes auxiliares que han sido encarcelados en los últimos dos meses en Puebla por oponerse al retiro del servicio de Registro Civil en sus comunidades.

Se trata de Sabino Leonardo Baéz, de La Resurrección, y de Raúl Pérez Velázquez, de la población de Canoa, ambos pertenecientes al municipio de Puebla, quienes están procesados por los delitos de usurpación de funciones, amenazas, privación ilegal y robo agravado.

En diciembre de 2013, el Congreso local aprobó una reforma para retirar la operación del Registro Civil en las juntas auxiliares, con el fin de que fuera directamente la Secretaría General de Gobierno la que expidiera los documentos correspondientes y que los alcaldes ya no tuvieran esa facultad. Dicho ordenamiento entró en vigor en mayo de este año, y desde entonces generó múltiples protestas.

Una de las manifestaciones de rechazo fue la del 9 de julio, cuando se registró un enfrentamiento entre policías e inconformes tras el cual el niño José Luis Tehuatlie resultó herido en el cráneo y murió 10 días después, mientras que nueve civiles más resultaron heridos.

Seis policías estatales fueron detenidos en octubre pasado, acusados del homicidio del menor de edad, mientras que tres pobladores de Chalchihuapan —Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes— están procesados por tentativa de homicidio contra más de 40 policías, y privación ilegal de la libertad contra otros dos uniformados.

Otros dos civiles —Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua—, acusados por los delitos de ataques a vías de comunicación y motín, recuperaron su libertad el mes pasado y enfrentan su proceso en libertad, luego de que jueces les fijaron una fianza de más de 40,000 pesos a cada uno.

El gobierno reserva detalles sobre el caso

La administración del gobernador Rafael Moreno Valle clasificó como reservados todo tipo de detalles sobre el caso Chalchihuapan, como el monto de la sanción y el tipo de amonestación al secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en las violaciones graves a los derechos humanos de los manifestantes desalojados en la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio.

En respuesta a tres solicitudes de información vía Infomex con folios 00426214, 00426014 y 00425914, la Contraloría local, Seguridad Pública y PGJE indicaron que tampoco harán públicos los nombres de los tres mandos medios que fueron destituidos de sus cargos, los puestos que ocupaban, las fecha en las que fueron despedidos ni la cantidad con la que fueron multados.

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Las dependencias también declinaron revelar información relacionada con los otros seis servidores públicos que fueron inhabilitados por cuatro años tras las 11 recomendaciones emitidas el 11 de septiembre por el exombudsman Raúl Plascencia Villanueva.

Otro dato que permanece en reserva es el número de víctimas a quien el consejero jurídico del Ejecutivo, José Montiel, ofreció el pasado 17 de octubre una disculpa pública y/o institucional a nombre del gobierno, tal y como se aseguró que se hizo a través de un comunicado de prensa un día después, cuando el gobierno estatal aseguró haber cumplido con el 100% de las observaciones.

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