A un año de Tlatlaya, seis claves para entender el caso

Hace un año, 22 personas murieron en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, en un hecho que desde entonces causa controversia por el cruce de versiones en torno a qué ocurrió.

En un principio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que las muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento de presuntos delincuentes con militares que hacían patrullajes.

Semanas más tarde, ante las dudas que generó el que solo hubieran muerto civiles, medios investigaron el caso y, tras recabar algunos testimonios, apuntaron a que en realidad se trató de ejecuciones extrajudiciales, una posibilidad que ha causado preocupación de parte de otros países y de organismos de derechos humanos.

Aquí te presentamos las claves que han marcado el caso.

El estallido del escándalo. En su primer reporte, la Sedena indicó que sus soldados tuvieron que repeler una agresión, lo que derivó en la muerte de  22 presuntos delincuentes  y un militar herido. Sin embargo, el escándalo estalló en septiembre, cuando la revista Esquire publicó un reportaje con una entrevista a una sobreviviente de los hechos, quien aseguraba que solo un joven murió en el enfrentamiento y al resto los ejecutaron los militares después de interrogarlos. Previamente, la agencia estadounidense AP había publicado otro reportaje señalando la posibilidad de que hubiera ocurrido una ejecución extrajudicial.

¿Secuestradas o cómplices? Primero se dijo que en los hechos habían sido liberadas tres mujeres víctimas de secuestro. Una de ellas, denominada Julia, declaró que en realidad se había tratado de ejecuciones. Después, versiones señalaron que las otras dos mujeres estaban presas pues en realidad eran cómplices de los ejecutados. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que únicamente eran prostitutas que acompañaban al líder del grupo. El 15 de diciembre, la justicia  ordenó su liberación .

Militares: un herido, ocho detenidos y un juicio sin iniciar. Solo un militar salió herido del primer enfrentamiento, pero sobrevivió. Una semana después de la versión de Julia sobre que habían ocurrido ejecuciones, fueron  detenidos los siete soldados y el oficial  que participaron en los hechos, acusados por la justicia militar de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.

A los dos meses,  la justicia civil asumió el caso , pero el juicio no se ha llevado a cabo, por lo que el titular de la Sedena,  Salvador Cienfuegos, pidió que se realice ya , para que si los soldados son culpables sean castigados, pero si son inocentes se les libere.

El gobierno estatal: de la felicitación al deslinde. Al día siguiente de los hechos, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, felicitó al Ejército por su labor y hasta lamentó que un militar hubiera resultado herido. Pero cuando empezaron las dudas, las acusaciones alcanzaron a las autoridades locales. La CNDH abrió una investigación contra 20 funcionarios  de la procuraduría mexiquense, entre policías, peritos y agentes del Ministerio Público, acusados de torturar a las mujeres que presenciaron los hechos, para que no dijeran que hubo ejecuciones y confesaran que tenían relación con los presuntos delincuentes.

Y en abril, el secretario de Gobierno local, José Manzur, compareció ante la Cámara de Diputados para explicar por qué tardaron seis horas en llegar a la bodega, a lo que respondió que el propio comandante de la 22 Zona Militar le dijo que no se fueran "muy rápido" porque no había condiciones de seguridad en el camino.

Los reclamos de organismos de derechos humanos. El primer organismo en cuestionar los hechos fue Human Rights Watch (HRW) , que pidió una investigación a fondo ante las dudas porque del lado de los militares solo hubo un herido y en cambio los 22 presuntos delincuentes murieron. También han reclamado claridad la  ONU  y Amnistía Internacional (AI), que en el primer aniversario señaló que mantener el orden público no puede ser un pretexto para violar derechos humanos.

La CNDH se pronunció hasta que salió el reportaje de Esquire y hasta entonces abrió investigación. En octubre, emitió una recomendación que, pese a haber sido aceptada, solo  se ha cumplido parcialmente y solo una de las familias de las víctimas ha sido indemnizada.

¿Cuántas ejecuciones hubo? Aún no está claro cuántos presuntos delincuentes sí murieron en el fuego cruzado y cuántos fueron ejecutados.

Primero, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó en septiembre que 14 murieron en el tiroteo y que los otros ocho resultaron heridos y fueron rematados por los solados. En octubre, la CNDH dio otra versión : fueron siete los que murieron en la refriega y 15 los ejecutados.

El 23 de junio pasado, el diario La Jornada dio a conocer que reportes periciales indican que fueron prácticamente fusiladas 11 personas , otras cinco realizaban "maniobras instintivas de defensa" y el resto fue blanco de los tiros que hicieron al principio los militares.