Empresarios, organizaciones, activistas... todos exigen las leyes anticorrupción
Los llamados de atención a los senadores por no aprobar las leyes secundarias de la reforma anticorrupción han ido sumando adeptos. Desde líderes empresariales, hasta activistas, académicos y expertos han manifestado su interés por que la Cámara alta discuta el andamiaje para combatir las prácticas deshonestas, un mal que le cuesta al país aproximadamente el 9% de su Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Mundial y del Banco de México.
A casi un año que se promulgó la modificación constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes reglamentarias para que quede completo aún están en proceso, debido a que los senadores decidieron, al no llegar a acuerdos, posponer la discusión.
Aunado a esto, las distintas propuestas que hicieron los legisladores provocaron desencuentros que no dejan avanzar en la legislación.
Una de las discusiones está relacionada con el #Ley3de3, una iniciativa ciudadana en la que se exige a los funcionarios públicos de alto nivel la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de posibles conflictos de intereses y fiscal.
Los coordinadores parlamentarios del PRI, Verde, PAN y PRD acordaron reiniciar el análisis de las leyes secundarias en la semana que comienza. Los del sol azteca urgen a concretar las leyes antes de que se termine el plazo constitucional, que es el 28 de mayo, mientras que los del Revolucionario Institucional han manifestado que no tienen problema en que se discuta hasta después de las elecciones del 5 de junio.
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En todo este periodo, los legisladores han recibido presiones desde distintos frentes. Aquí algunos.
Intelectuales y organizaciones
Académicos presentaron en febrero pasado la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas , que busca establecer lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de prevenir, corregir y sancionar prácticas deshonestas en la administración pública.
El proyecto es una extensión de la iniciativa #3de3, impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana.
Entre los personajes que respaldaron esta iniciativa estuvieron una docena de intelectuales, como el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte; el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y la académica María Marván, entre otros.
Asimismo, organismos no gubernamentales llevaron al Senado de la República en marzo pasado 14 cajas con las miles de firmas de ciudadanos que avalan la presentación de la iniciativa de ley Anticorrupción conocida como #3de3.
En la entrega, estuvieron personalidades como Juan Pardinas, del Imco; Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, y María Elena Morera, de Causa en Común.
Los impulsores de esta iniciativa proponen una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que también contempla sanciones para particulares que participen en actos de corrupción.
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Empresarios
En abril pasado, representantes estatales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgieron a los senadores a aprobar lo antes posible las leyes secundarias que darán origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El dirigente patronal a nivel nacional, Gustavo de Hoyos Walther, pidió incluir en el andamiaje cinco exigencias que consideran prioritarias para "el binomio de corrupción e impunidad" que, desde su perspectiva, impide el crecimiento y desarrollo de México.
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No han sido los únicos desde el sector productivo. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también ha manifestado esta inquietud en tanto en sus mensajes semanales como en redes sociales.
Activistas
A través de la plataforma Change.org , la analista política Denise Dresser recolectó firmas ciudadanas —hasta este domingo había casi 135,000— que piden la aprobación de la iniciativa #Ley3de3.
Las siete exigencies que hacen son la ley General de Responsabiildades Administrativas (La #Ley3de3); la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; adecuaciones al Código Penal y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
