Más de 30 organizaciones alertan de 'contrarreforma' a la Ley de tortura

Organizaciones de la sociedad civil alertaron que las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, conocidas como Miscelánea Penal, porque "le abren la puerta" a la tortura.
Ayotzinapa  El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostiene que la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa se construyó con declaraciones obtenidas bajo tortura.  (Foto: Reuters)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Más de una treintena de organismos e instituciones académicas lamentaron que en medio de casos de tortura, la Ley General en la materia no se contemple para el periodo extraordinario, pero sí la Miscelánea Penal que contiene modificaciones regresivas respecto este delito.

Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que el riesgo de que se aprueben antes las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, conocidas como Miscelánea Penal, es que se baje la calidad de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, cuya legislación secundaria debió ser aprobada el 6 de enero de este año, y en lugar de mejorar las cosas resulten contradictorias.

“Creo que nos están tratando de meter una contrarreforma antes incluso de que empiece a funcionar el sistema en todo el país”, afirmó el integrante de una de las más de treinta organizaciones que pidieron al Senado no aprobar las modificaciones por considerar que lugar de combatir efectivamente la tortura, “le abren las puertas”.

De acuerdo con los 35 organismos firmantes de la petición, la Miscelánea Penal contiene algunas características regresivas a la Ley de Tortura como legalizar la “paseada”, es decir la práctica de que no se ponga a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, sino que puedan llevar a la persona a otro lugar distinto “por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado”.

También suspende indefinidamente el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura, es decir que una persona acusada falsamente con una prueba fabricada bajo tortura se podría quedar años en la cárcel, lo que provocaría que las víctimas de estos delitos podrían desistirse de denunciar.

Asimismo, las organizaciones señalan que se elimina el derecho de la defensa de desahogar pruebas en la audiencia inicial, o sea que si una persona cuenta con un video que demuestre que estuvo en otro país el día del delito, no lo podrá usar de prueba inicial.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta, mostró su preocupación porque se trasladen algunos preceptos que son del sistema penal del 2008, y que son regresivos, por lo que aseguró que es loable atender las recomendaciones de las organizaciones sobre todo cuando hay temas que son controvertidos que se deben revisar.

"No vamos a entrar al sistema garantista del debido proceso penal si todavía seguimos trasladando preceptos que son del viejo sistema, entonces vamos a entrar a una especie de esquizofrenia y el Código Nacional de Procedimientos Penales no puede tener dudas en su redacción", aseguró.

De acuerdo con las organizaciones, los videos recientes en los que se ve a fuerzas federales y estatales lastimar a civiles, la declaración de un funcionario de la Procuraduría del Estado de México que reconoce la fabricación de delitos como una práctica “de toda la vida”, el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la “verdad histórica” de Ayotzinapa que reconoce la fabricación de declaraciones de los acusados, así como el caso Tlatlaya "son sólo un botón de muestra de la práctica cotidiana de la tortura".

"Mientras persista la tortura en vez de las investigaciones, las miles de víctimas en México no tendrán acceso a verdad y justicia, y no podrá funcionar el sistema acusatorio y oral (que entrará en vigor el próximo 18 de junio)", plantearon en un comunicado.

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En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado enérgico al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, integradas en el periodo extraordinario a realizarse del 13 al 17 de junio.

Al respecto, la legisladora perredista comentó que es necesario atender lo que las organizaciones están señalando y ser analizadas con expertos en la materia.

“Si la letra está mal inscrita, si todavía tiene recovecos y tiene todavía preceptos que se trasladan del viejo sistema, entonces vamos a fracasar en la implementación de manera debida”, dijo.

Los organismos defensores de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros, llamaron al Congreso de la Unión a mostrar un compromiso claro en la erradicación de la tortura.

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