Senado avanza en 5 de 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción

Los senadores enviaron cinco leyes a los diputados para su aprobación, mientras que éstos, prevén avalar y enviar este jueves al Senado, las dos leyes restantes en el tema.
El Senado ha aprobado 5 de las 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que representa un 71.42% de avance.
Avanzados  El Senado ha aprobado 5 de las 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que representa un 71.42% de avance.  (Foto: Cortesía/Senado de la República)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El senado de la República tiene un avance del 71.42% en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este miércoles los legisladores avanzaron en la conformación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, y en las modificaciones al Código Penal Federal que establecen las sanciones para los servidores públicos que incurran en algún delito de corrupción.

Estos tres ordenamientos, se suman a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas la madrugada del miércoles en la Cámara alta, que junto con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública —actualmente en Diputados—, consitituyen en su totalidad el SNA.

Aquí una breve explicación de lo que se aprobó este miércoles en el pleno del Senado.

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Fiscalía Anticorrupción

Los senadores aprobaron la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción basada en independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y dictar sus resoluciones en materia de corrupción.

También se crearán fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción y delitos electorales, con independencia de la entrada en vigor de la Fiscalía General de la Nación a la que dará paso la Procuraduría General de la República (PGR).

El presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, destacó la independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción de la Fiscalía; la estructura funcional de recursos humanos suficientes para el correcto cumplimiento de sus funciones, así como recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus actividades.

El fiscal anticorrupción será nombrado por el Senado y se requiere el voto favorable de las dos terceras partes, por lo que se debe llegar a un acuerdo para su designación.

Cárcel a corruptos

En las modificaciones al Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, se establece como sanciones la destitución y la inhabilitación para desempeñar un cargo público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones por un plazo de uno a 20 años, a los responsables de actos de corrupción.

Los senadores aprobaron tipificar delitos en materia de corrupción y castigarlos con cárcel que van de los 2 a los 18.5 años , según el acto incurrido.

Por ejemplo, un servidor público que pidan o reciban los llamados "moches" para agilizar partidas presupuestales, podría alcanzar hasta 14 años de cárcel y dependiendo el valor de la dádiva o de 30 a 1,000 días multa; lo mismo los particulares que sean beneficiados patrimonialmente de manera ilegal o entreguen un beneficio a algún funcionario.

En el caso de enriquecimiento ilícito, los funcionario podrían alcanzar de 2 años a 14 años de prisión y multa de 300 a 5000 días, cuando el monto del enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”, dice la legislación.

La reforma también prevé que el servidor público que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión y un amulta por un monto de 30 a 300 veces el valor diario de la UMA en el momento de cometerse el delito.

Nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El Tribunal federal de Justicia será el órgano competente para resolver aquellas controversias derivadas de las responsabilidades administrativas calificadas como graves, lo que implica que ya no será un órgano interno el que tenga la facultad de sancionar –inclusive en tratándose del mandatario federal o estatales que son las cabezas del Poder Ejecutivo–, sino será un tribunal dotado de autonomía técnica y operativa para dictar sus resoluciones.

También se aprobó la creación de salas especializadas, que también tendrán competencia en materia de responsabilidades para resolver procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves.

Éstas podrán imponer sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas y morales que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves.

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Además, podrán fincar las responsabilidades, el pago de cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales.

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