Ningún gobernador está por encima de la justicia o la transparencia: Coparmex

Las recientes acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo sientan un precedente en favor de la plena vigencia del Estado de Derecho, dice el organismo patronal.
Las normas aprobadas por las entidades son consideradas como violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
Investigación  Las normas aprobadas por las entidades son consideradas como violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.  (Foto: Reuters)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Con las recientes acciones de inconstitucionalidad promovidas por el gobierno federal queda claro que ningún gobernador saliente o en funciones está por encima de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, afirmó el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua por las normas avaladas en esas entidades, consideradas como violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las medidas tomadas por el Ejecutivo sientan “un precedente en favor de la plena vigencia del Estado de Derecho”, según un comunicado del organismo empresarial difundido el lunes.

“La SCJN deberá resolver dichas acciones de inconstitucionalidad en tiempo y forma, sin embargo hacemos votos para que éstas se lleven a cabo antes de que los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, dejen sus cargos”.

“Nuestro llamado a la Procuraduría General de la República es a no dejar impune ninguna acción de gobierno que vaya en contra del Estado de Derecho”, se indicó en el comunicado.

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En junio, los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua modificaron la estructura de las administraciones e impulsaron nombramientos de último momento.

De acuerdo con opositores, estos cambios buscan "blindar" a los gobernantes salientes de posibles acusaciones e investigaciones por manejo indebido de recursos públicos y otras prácticas deshonestas, a través de la designación de personajes "a modo".

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