5 claves sobre la masacre que cometieron ‘Los Zetas’ en Allende, Coahuila

Hace cinco años, el municipio de Allende, Coahuila, vivió uno de los hechos de violencia más impactanes de los últimos tiempos: el grupo delictivo de Los Zetas realizó una desaparición masiva de personas. Según cifras de la procuraduría estatal, hubo 42 desaparecidos en un lapso de 14 meses; según recuentos ciudadanos, la cifra llegó a 300.

El fin de semana, académicos de El Colegio de México (Colmex) presentaron un informe sobre este caso y el de San Fernando, Tamaulipas. De acuerdo con el documento —elaborado con auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)—, en ambos hay elementos comunes, como la complicidad de agentes del Estado, pero mientras la masacre de San Fernando recibió atención nacional e internacional, la de Allende tardó en salir a la luz.

nullAquí presentamos las claves de esta investigación sobre lo ocurrido en el municipio coahuilense.

1. 26 desaparecidos en dos días

Según el informe En el desamparo —que recoge documentos oficiales y testimonios—, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas atacaron 32 casas y ranchos de Allende, con la finalidad de vengarse de Alfonso Poncho Cuéllar y Héctor Moreno Villanueva.

Al menos 26 personas desaparecieron en esos hechos. Todas eran familiares, amigos o trabajadores de Cuéllar y Moreno Villanueva, a quienes los líderes criminales Miguel Ángel y Omar Treviño Morales acusaban de haber traicionado a su organización, de haber dado información a autoridades estadounidenses y de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares producto del tráfico de drogas.

El documento detalla que el ataque tuvo cuatro etapas: preparativos, ejecución, destrucción de casas y manejo de cuerpos, muchos de los cuales se cree fueron incinerados en tambos con diesel. En todo esto, además, hubo complicidad de la policía municipal, que tenía órdenes para no patrullar ni atender llamadas de emergencia.

2. Las consecuencias

Luego de ese fin de semana, las represalias de Los Zetas se mantuvieron por más tiempo.

Esto derivó en que el número de personas desaparecidas ascendiera a 42, oficialmente, aunque los investigadores tienen testimonios que apuntan a que fueron muchas más y a que otros municipios también resultaron afectados por la violencia, como Múzquiz, Nava, Piedras Negras y Zaragoza.

3. Policía comprada

El informe también consigna que Los Zetas gastaban alrededor de 61,500 pesos para comprar la colaboración de policías municipales. Algunos agentes cooperaban "por obligación y otros por gusto" y todos tenían una lista de tareas. Entre ellas se contaban ignorar denuncias y reportes, avisar de la llegada de militares, reportar la presencia de vehículos con placas de otras entidades, cobrar derecho de piso, participar en la detención de personas y permitir que criminales entraran a la cárcel para sacar a sus operadores.

Acerca de la autoridad local, el documento indica que ésta era omisa y argumentaba que carecía de facultades para investigar casos.

4. Claroscuros del gobierno estatal

Después de la desaparición masiva, según el informe, el gobierno del estado tuvo una actuación con aciertos y errores. Por ejemplo, menciona que la administración de Rubén Moreira reconoció la gravedad del caso, sostuvo reuniones con representantes de familiares de las víctimas y promovió reformas para atender a quienes sufrieran violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, concluye que esto ha tenido pocos resultados pues, entre otras cosas, fue hasta 2014 que se envió a un grupo de peritos a los ranchos atacados, donde se localizaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.

En cuanto a la actuación de autoridades federales, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el documento destaca que éstas nunca atrajeron el caso.

5. Más omisiones

Al analizar la labor de la CNDH en particular, el informe critica que el organismo, entonces dirigido por Raúl Plascencia, asegurara que estaba investigando los hechos y recabando testimonios, cuando en realidad no intervino. Según el texto, el propio alcalde de Allende, Reynando Tapia, desmintió al funcionario.

Pero las fallas no terminaron ahí. De acuerdo con el documento del Colmex, la CEAV tampoco jugó un papel provechoso en la atención de la masacre, debido a lo que describe como un deficiente diseño institucional, desorden burocrático, distancia entre sus comisionados y con las organizaciones de víctimas, y lentitud en la entrega de recursos del fondo para este sector.