¿Cómo regular a las Fuerzas Armadas? ONG piden considerar estos puntos

Una ley en la materia debe dejar claro que los militares sólo saldrán a las calles en situaciones excepcionales, e incluir protocolos de actuación y mecanismos de control, coinciden especialistas.
Una década de patrullajes  Este 11 de diciembre se cumplieron 10 años de que el gobierno federal lanzó el primer gran operativo militar en contra del crimen organizado.  (Foto: Fotoarte )
Mauricio Torres
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Después de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, llamara al Congreso a aprobar una ley de seguridad interior que regule la actuación de militares en tareas de combate a la delincuencia, diputados y senadores discuten si la legislación puede salir adelante antes de que termine este periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre, si abrirán un extraordinario o si esperarán hasta el próximo año.

Hasta ahora hay dos iniciativas en la materia: una de los diputados priistas César Camacho y Martha Tamayo, y otra del senador panista Roberto Gil. Ambas coinciden en puntos como obligar a que el presidente de la República emita una declaratoria de afectación para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en estas labores en un territorio determinado, así como en que el gobierno federal tenga que informar de dicha intervención al Poder Legislativo.

Sin embargo, expertos en seguridad y derechos humanos advierten que esto no es suficiente y plantean algunas propuestas a considerar. Esto es lo que piden a los legisladores federales tomar en cuenta.

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1. El regreso a los cuarteles

El primer punto que debe incluir una ley de este tipo es una hoja de ruta para que los soldados y marinos dejen las tareas de seguridad pública en las que actualmente se encuentran, consideró Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

“Se necesita un plan para que, en un cierto plazo, puedan salir de las calles”, dijo el especialista, una de las 61 personas y decenas de organizaciones civiles que firmaron un pronunciamiento para exigir al Congreso un debate público en torno al tema.

La intervención del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública comenzó en diciembre de 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, y se ha mantenido en el de Enrique Peña Nieto. Dadas las condiciones de violencia en algunas regiones del país, Cortez y otros expertos reconocen que un retiro inmediato de los militares resultaría contraproducente, pero advierten que esa transición es indispensable para que el combate a la delincuencia sea retomado enteramente por las policías.

2. Sólo en casos excepcionales

Otro aspecto que los especialistas solicitan es definir con claridad que las futuras intervenciones de las Fuerzas Armadas sólo podrían ocurrir en situaciones excepcionales. De lo contrario, se abriría la puerta a que sean enviadas a las calles en cualquier momento y, con ello, a "militarizar" el país, dijo la activista Maite Azuela, también firmante del pronunciamiento dirigido a las cámaras.

Además, agregó, se deben establecer límites temporales estrictos para cada intervención. Al respecto, la iniciativa de Gil plantea que los militares puedan estar en una localidad hasta 360 días, divididos en dos periodos de 180. En tanto, la propuesta de los priistas no prevé una duración máxima y contempla que la presencia militar pueda prorrogarse “las veces que sean necesarias mientras subsistan las causas que le dieron origen”.

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3. Tareas claras

Los expertos también piden delimitar las tareas que podrían desempeñar las Fuerzas Armadas e incluir protocolos de actuación.

En este tema, la iniciativa del PRI plantea que, cuando los militares intervengan en una localidad, tengan un comandante y puedan realizar “operaciones de restauración del orden”, aunque no aporta más detalles. Por su parte, la de Gil contempla que puedan recibir denuncias, hacer detenciones y auxiliar a los ministerios públicos en la investigación de delitos, si bien prohíbe que lleven a cabo otras labores ministeriales como tomar declaraciones.

Para Azuela, estos planteamientos son excesivos porque pondrían en manos de la milicia responsabilidades que corresponden a la autoridad civil.

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4. Los objetivos

La normatividad también debe señalar que cada intervención perseguirá objetivos específicos, así como los indicadores para medir el avance de su cumplimiento, dijo Cortez, quien consideró que ambas iniciativas son ambiguas en este aspecto, pues ninguna establece criterios para determinar cuándo se habrá solucionado una situación excepcional.

5. Control y vigilancia

El último aspecto que los especialistas piden incluir en la ley son mecanismos de control para vigilar la actuación de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa de los diputados priistas únicamente plantea que el secretario de Gobernación, como responsable de la política interior, deba informar del desarrollo de cada intervención a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso. En tanto, la del senador Gil contempla que Gobernación deba dar informes al mismo órgano legislativo y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para los expertos, sin embargo, es necesario definir otras maneras de vigilar la actuación de soldados y marinos y de hacerlos rendir cuentas, de manera que se prevengan, eviten y castiguen abusos en contra de ciudadanos y se dé mayor legitimidad a su labor.

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