Ante el 'gasolinazo', ONG exigen a Peña medidas "severas" de austeridad

Acabar con los privilegios de los altos funcionarios, investigar el robo de combustible y otros actos de corrupción e implementar un plan para evitar la fuga de inversiones son algunas medidas que decenas de organizaciones civiles y ciudadanos exigen al gobierno federal, ante las protestas por el aumento a los precios de las gasolinas.

En un desplegado publicado este lunes, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y los titulares de Hacienda, Energía, la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), agrupaciones, académicos y especialistas advierten que la molestia social por el 'gasolinazo' de este año se debe a que la ciudadanía no percibe a unas autoridades dispuestas a apretarse el cinturón ni a sancionar los actos corruptos.

“Las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal son cuestionadas por la población porque resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos , bonos extraordinarios (...) y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”, dice el documento.

Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, Causa en Común y el Observatorio Nacional Ciudadano son algunas de las ONG promotoras del mensaje.

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Los firmantes critican que el aumento en las gasolinas —de entre 14% y 20%— no estuviera acompañado de un plan de austeridad y que, en el marco del relevo presidencial en Estados Unidos, con la próxima llegada de Donald Trump, el gobierno no haya implementado un plan para retener las inversiones estadounidenses frente a las amenazas del republicano.

Además, consideran que las instancias de justicia, lejos de dar seguimiento a los casos de corrupción y abusos de la clase política, “se convierten en cómplices” por “olvidar o alargar convenientemente” los casos de exgobernadores bajo investigación.

Ante esta situación, exponen una serie de exigencias, entre las que destacan que Hacienda termine con los privilegios de los altos funcionarios y que redirija esos recursos a rubros como educación y otros servicios públicos.

El 5 de enero, después de cuatro días de protestas por el incremento, el presidente reconoció el descontento provocado por la medida, que describió como necesaria; en ese contexto, anunció una reducción salarial de 10% a altos funcionarios de su gobierno.

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Otra demanda es que se amplíe el acceso a la información, garantizar la integridad en el ejercicio del gasto público y reasignar las prestaciones de gasolina que reciben los servidores públicos hacia actividades prioritarias.

A Economía se le exige proponer un plan de contención ante la posibilidad de que se vayan más inversiones del país. Esto, a raíz de la cancelación de proyectos en México de empresas como Carrier y Ford, luego de que Trump amenazara con aumentarles impuestos si se extendían en territorio mexicano en vez de hacerlo en EU.

En lo que respecta a la PGR, las ONG demandan que investigue y sancione a los funcionarios involucrados en el caso de la empresa Odebretch, señalada por pagar sobornos para obtener contratos, y que acelere la investigación del robo de combustible de ductos de Pemex.

“México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción pública y privada. Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción”, concluye el desplegado.

Desde el 1 de enero, con la entrada en vigor de los aumentos a la gasolina, se han registrado protestas en todo el país, algunas de las cuales han derivado en enfrentamientos, saqueos y actos vandálicos.

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