Exgobernadores de Nuevo León y Aguascalientes están en aprietos
La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León acusará por segunda ocasión al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y daño patrimonial al estado, al haber otorgado incentivos superiores a la ley a la armadora coreana KIA.
El pasado 9 de agosto, el Juez de Control Jaime García Castañeda vinculó a proceso a Medina de la Cruz por el delito de ejercicio indebido de funciones, no así de peculado y daño patrimonial, pues consideró que no había pruebas suficientes. Su decisión fue ratificada por el magistrado Ángel Mario García Castañeda.
Pero el próximo 25 de enero se realizará una nueva audiencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en la que se pretende vincular a proceso a Medina de la Cruz por los delitos de peculado y daño patrimonial.
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Medina de la Cruz está vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones (al que le corresponden de dos a 12 años de prisión según el Código Penal de Nuevo León) por otorgar durante su sexenio incentivos superiores a los de la ley a la armadora coreana KIA por medio de un contrato superior a los 3,600 millones de pesos.
Medina de la Cruz regresará el 26 de enero al Palacio de Justicia de Monterrey, fecha fijada para la audiencia de cierre de la investigación, en la que la Fiscalía Anticorrupción deberá de presentar pruebas suficientes en contra del exgobernador y el resto de los acusados.
Medina gana ‘round’
La Juez Quinto de Distrito en Materia Penal, Beatriz Jaimes Ramos, anuló el lunes el embargo de un rancho de 36 hectáreas en el municipio de General Terán, propiedad del exgobernador de Nuevo León.
Derivado de un amparo promovido por Medina de la Cruz, Beatriz Ramos consideró inconstitucional el artículo del Código Penal de la entidad que permitió decretar la medida ante la ausencia del acusado.
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Será un Juez de Control de Nuevo León el encargado de reponer el procedimiento que se realizó el 3 de junio con la ausencia de Medina de la Cruz, para que se lleve a cabo una nueva audiencia con la presencia de ambas partes para determinar si se embarga o no la propiedad.
Condenan a exgobernador de Aguascalientes
El Juzgado Segundo de lo Penal de Aguascalientes condenó a seis años y nueve meses de prisión al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat por los delitos de peculado y ejercicio indebido de servicio público.
La sentencia definitiva del expediente 0065/2013 se publicó la tarde del lunes en las Listas de Acuerdos del Poder Judicial.
La Fiscalía General del estado informó mediante un comunicado que la juez segunda de lo penal, Laura Elena Delgado de Luna, consideró que existen evidencias suficientes del desvío 13 millones 800,000 pesos del erario mediante la compra simulada de un tomógrafo.
El resolutivo se emite dos días después de que el exmandatario fuera acusado de lavar dinero con ayuda del empresario Carlos Castillo Cervantes por fiscales del Distrito Sur de Texas.
Según la Fiscalía de Aguascalientes, en 2008 Reynoso Femat ordenó, a través del entonces secretario de Finanzas, Raúl Cuadra (actualmente prófugo), que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) documentara el pago por el tomógrafo.
La empresa Logística y Asesoría Comercial S.A. de C.V., que no aparece en el Registro Público del Comercio, facturó la compra y el dinero se transfirió de la Secretaría de Finanzas al ISEA, pero el tomógrafo nunca se adquirió.
Además de la prisión, indicó la Fiscalía, el exgobernador es condenado a reparar el daño entregando los 13.8 millones de pesos en efectivo al gobierno del estado . Sin embargo, no será detenido.
Abogados penalistas consultados explicaron que la sentencia no ha causado ejecutoria, pues aún admite medios de defensa como la apelación y/o el amparo. Mientras estén en trámite esos recursos, puede seguir gozando de la libertad provisional que obtuvo mediante un amparo y el pago de una fianza de 11 millones de pesos.
El exmandatario enfrenta en libertad este y otros tres procesos que se le siguen en juzgados locales gracias a amparos y fianzas.
Los otros tres expedientes lo acusan de peculado y uso indebido del servicio público al comprar terrenos a sobreprecio con dinero del estado y vender predios propiedad del gobierno por debajo de su valor real.
