ONG exigen que la designación de funcionarios se dé en procesos abiertos
Los procesos de designación de quienes encabezarán el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) deben ser abiertos, lo que implica que sigan los principios de máxima publicidad, transparencia y participación de la ciudadanía, coinciden organizaciones civiles especializadas en rendición de cuentas, las cuales argumentan que esto ayudaría a recuperar la confianza en las instituciones públicas.
“Lo que se pide es que este tipo de designaciones no se hagan en la opacidad y no se hagan con la discrecionalidad con las que algunas ya se han hecho”, dijo Fernanda Gómez Abán, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de 30 ONG que recientemente se pronunciaron sobre este tema.
En entrevista, Gómez Abán señaló que estos criterios incluso deberían ser tomados en cuenta para los nombramientos en otras instituciones, no sólo en las pertenecientes al SNA.
“Al final son servidores públicos y deben de responder al interés público no al interés de quien los designa”, dijo.
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Justine Dupuy, de Fundar, señaló que garantizar que los procesos se hagan de manera transparente y objetiva podría dar legitimidad y confianza a las instituciones mexicanas, en un momento en el que carecen de ese tipo de respaldo.
Como ejemplo de la clase de nombramientos que se deben evitar, citó el de Arely Gómez en la Secretaría de la Función Pública (SFP), el de Raúl Cervantes en la Procuraduría General de la República (PGR) y el de Carlos Chaurand como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pues todos ellos son personas cercanas al presidente Enrique Peña Nieto o al PRI cuando, por definición, en los cargos que ocupan tendrían que ubicarse funcionarios con independencia e imparcialidad.
Según las expertas consultadas, esto es precisamente lo que se busca evitar con la campaña "Designaciones contra la Corrupción y la Impunidad", es decir, evitar que los nombramientos del SNA se hagan de manera discrecional y opaca.
“(Con) procesos más transparentes, se puede evitar esta repartición de cuotas; si no, vamos a tener un Sistema Nacional Anticorrupción que va a nacer muerto”, dijo Dupuy.
Vigilancia extrema
Para las especialistas, si bien en todos los casos no se puede seguir un modelo como el de la designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del SNA —en el que ciudadanos nombrarán a otros ciudadanos—, sí es posible establecer mecanismos como comités de acompañamiento y metodologías de selección.
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“Esta exigencia del comité de acompañamiento para la designación del fiscal especializado (en combate a la corrupción) es una propuesta que ya se ha impulsado y todavía no nos han dicho nada”, dijo Dupuy, al recordar que se prevé que el Senado tenga en febrero una lista de los finalistas para este cargo.
Otros puntos que las ONG exigen atender son calendarios claros para la presentación de candidaturas a cada puesto, que haya claridad sobre las capacidades técnicas, académicas y profesionales que se exigirán a los aspirantes y que todo el proceso sea difundido ampliamente.
Gómez Abán consideró lamentable cómo se dio la elección del presidente del TFJA, que será una de las piezas claves del SNA y donde ya no existen caminos para tratar de revocarla legalmente.
“Vamos a presionar mucho desde la sociedad civil para que (las designaciones) sean en este modelo mucho más abierto y no como fue designado el presidente del tribunal”, afirmó.
El SNA está conformado por la SFP, el TFJA, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto Nacional de Transparencia (Inai), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el fiscal anticorrupción de la PGR y el Comité de Participación Ciudadana. A la fecha, todavía están pendientes el nombramiento del fiscal, que corresponde al Senado, y el del comité ciudadano, que toca a una Comisión de Selección.
