Predios asegurados en QRoo, “pequeña muestra” de las anomalías de Borge

Los 25 predios asegurados en Quintana Roo por la Procuraduría General de la República (PGR), representan “apenas una pequeña muestra” de las anomalías que hubo durante el gobierno de Roberto Borge que desincorporó y vendió 9,500 hectáreas de terreno que era propiedad del estado a precios irrisorios, señaló el secretario de la Gestión Pública de la actual administración, Rafael del Pozo.

El aseguramiento fue dado a conocer este viernes por la dependencia federal, la cual detalló que la medida se tomó como parte de la investigación que inició a raíz de una denuncia presentada por las actuales autoridades estatales, encabezadas por el gobernador, Carlos Joaquín González.

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En entrevista, Del Pozo indicó que en su recurso legal, el actual gobierno acusa la venta irregular de 850 hectáreas de terrenos que pertenecían al estado y que fueron enajenados muy por debajo de su valor comercial, en algunos casos a familiares del propio Borge o a personas señaladas como sus prestanombres.

“Es apenas una pequeña muestra, porque son 25 predios. Nosotros denunciamos 850 hectáreas, pero en realidad se enajenaron 9,500. Fue lo que se enajenó en la administración anterior. Nosotros no denunciamos 9,500, denunciamos 850, y eso solamente de las operaciones que se hicieron a través del IPAE (Instituto del Patrimonio Estatal), pero además están las operaciones que se hicieron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano”, detalló Del Pozo en entrevista con Expansión.

La denuncia del actual gobierno estatal fue presentada en noviembre pasado, semanas después de que Carlos Joaquín asumiera el poder en la entidad y luego de que se encontara que los terrenos enajenados y localizados en Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Benito Juárez (Cancún). Tulum, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, se habían vendido a menos del 1% de su valor real.

Además, el exgobernador suma demandas de juicio político luego de que la asociación civil Somos Tus Ojos, también acusara a Roberto Borge de haber desincorporado 44 predios propiedad del estado para venderlos a precios "irrisorios" a empresarios, familiares, políticos y funcionarios cercanos, lo que habría causado daños al erario de al menos 1,099 millones de pesos.

“Nosotros pensamos que la PGR tiene que profundizar en las investigaciones no sólo respecto de la enajenación, sino ir a profundidad en la investigación del origen lícito de los recursos con los que se hicieron estas operaciones”, expresó Del Pozo.

Borge, aún militante del PRI —donde enfrenta un proceso de expulsión—, no ha realizado apariciones públicas en México desde que dejó el cargo, y no sólo es vinculado con la venta irregular del patrimonio de Quintana Roo, sino con una red de funcionarios locales que despojó a particulares de terrenos e inmuebles en zonas turísticas de la entidad, la cual Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron el año pasado.

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El secretario rechazó señalar si el reciente aseguramiento de la PGR facilitará la localización de Borge, aunque confió en que la medida ayude a pronto se dé con los responsables del mal manejo de recursos públicos y se logre recuperar los bienes que eran de la entidad.

“Este desde luego es un paso importante, pero es un paso pequeño, tenemos que ser mesurados y prudentes en este tema, esperar a que las autoridades investigadoras sigan avanzando. Hemos apostado al sigilo, esto es muy importante, porque hemos estado haciendo todo para cuidar el debido proceso y salvar las garantías y la integridad de la investigación sin lanzar acusaciones a diestra y siniestra”, dijo.

Colaboración con la fiscalía local

El gobierno estatal actual no solamente presentó una denuncia ante la PGR por las diversas anomalías atribuibles a la pasada administración, sino que también lo hizo ante Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Al respecto, Del Pozo dijo que la colaboración con la fiscalía se ha “estrechado muchísimo” con el actual titular de la institución, Miguel Ángel Pech Cen, quien tomó el cargo tras la renuncia de Carlos Arturo Álvarez Escalera.

Este último dimitió en diciembre argumentando motivos personales, aunque su nombramiento había sido cuestionado y señalado como parte de un plan de Borge para protegerse de investigaciones futuras en su contra.

Del Pozo también adelantó que las autoridades estatales están preparando otros recursos legales por irregularidades en la gestión de Borge, quien además acumula demandas para que el Congreso le inicie un juicio político.

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Borge es uno de los exgobernadores priistas bajo la mira desde finales del año pasado. Otros son Javier Duarte, de Veracruz —hoy prófugo de la justicia—; César Duarte, de Chihuahua, y Rodrigo Medina, de Nuevo León, señalados por situaciones como el aumento de la deuda pública en sus entidades e incluso por posibles actos de corrupción.