Mecanismo para proteger a periodistas en México sufre falta de recursos
La muerte del periodista Javier Valdez y las de otros cuatro reporteros en lo que va de 2017 evidencian la ineficacia de los programas de protección a comunicadores en México, principalmente por la falta de recursos.
A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto asegura estar comprometido con la seguridad de comunicadores y activistas, su gobierno no asignó este año una partida al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Este sistema, creado en 2012 y que actualmente ampara a 509 personas, ofrece entre otras medidas escoltas, patrullajes, manuales de autoprotección y un botón de pánico para alertar a las autoridades en caso de estar en peligro.
"Actualmente se utilizan remanentes de años anteriores", denunció en abril la Comisión de Nacional Derechos Humanos (CNDH).
Según miembros de la comisión especial de seguimiento a las agresiones contra la prensa en la Cámara baja, quedan 180 millones de pesos.
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Esta situación "muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección", alertó.
Lo mismo ocurre con la Fiscalía Especial para Atender los Delitos contra la Libertad de Expresión, creada en 2010 para investigar crímenes y amenazas contra reporteros.
Pero el gobierno ha recortado el presupuesto de esta fiscalía. En 2013 le otorgó 38 millones de pesos (unos 2 millones de dólares), pero este año fueron 18.4 millones.
nullEl miércoles, el presidente Peña nieto anunció cuatro medidas extraordinarias para proteger la labor periodística .
Las medidas incluyen fortalecer la estructura y el presupuesto asignado para el mecanismo de protección de periodistas en México.
También dijo que se estabelcerá un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de acción.
Peña Nieto prometió el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, con mayor personal y coordinación con las autoridades locales y federales para garantizar la atención a delitos contra periodistas.
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"No es un problema"
El periodista Noé Zavaleta, corresponsal en Veracruz del semanario Proceso, contó a la AFP que el mecanismo de protección al que él mismo está acogido "ha mostrado sus limitaciones" por falta de dinero.
Durante los seis meses que tuvo escoltas, "siempre se quejaron de que necesitaban chalecos antibalas y un mejor vehículo y nunca les autorizaron eso por un tema de insuficiencia presupuestal".
Uno de sus guardaespaldas falleció en marzo cuando se enfrentó a los agresores del periodista independiente Julio Omar Gómez, cuya casa en Cabo San Lucas, en Baja California (noroeste), incendiaron.
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"Al final de cuentas, ya ni con escoltas está uno seguro", afirmó Zavaleta.
Reporteros Sin Fronteras, que considera a México el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, acusa la falta de recursos a que no hay voluntad política.
"Es una situación bastante lamentable", dijo a la AFP Balbina Flores, corresponsal en México de la organización. "Las autoridades tienen que poner una voluntad que se exprese en hechos concretos".
La directora en México de la ONG Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, opina lo mismo.
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"Si no tiene presupuesto la fiscalía, si no tiene presupuesto el mecanismo, es porque para el Estado (el asesinato de periodistas) no es un problema público y ahora tiene que serlo", declaró a la cadena Televisa.
En su informe de 2016, Artículo 19 Esta ONG subrayó que los mecanismos de protección "no han demostrado ser una garantía para detener las agresiones contra la prensa".
Esta realidad ha disuadido a muchos reporteros de acogerse a este plan.
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Debate político
El propio Valdez, de 50 años, llegó a decir en una ocasión que "ser periodista es como formar parte de una lista negra. Ellos van a decidir, aunque tú tengas blindaje y escoltas, el día en que te van a matar".
Durante sus casi tres décadas de carrera cubrió exhaustivamente temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, siendo siempre consciente de los riesgos que corría.
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El lunes fue acribillado en Culiacán, la capital de Sinaloa, cerca del semanario Ríodoce, que fundó en 2003. Desde hacía más de una década era colaborador de la AFP y también corresponsal del diario La Jornada.
Valdez manifestó a directivos del diario estar preocupado por su seguridad, por lo que le propusieron que saliera del país, indicó el martes el rotativo.
"Se estaban analizando los detalles para dar ese paso. Los gatilleros le ganaron la carrera", lamentó La Jornada.
La muerte de Valdez ha vuelto a encender las alarmas pues desde 2000 son más de un centenar los periodistas asesinados en México.
La presión social, que reclama justicia para él y todos los homicidios que han quedado impunes, puede lograr abrir un debate político.
"Lo que debe suceder es que en el próximo análisis (del presupuesto) tendremos que apretar la tuerca y que se destinen recursos" al mecanismo de protección, dijo a la AFP el diputado Exaltación González, del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la comisión especial de seguimiento a las agresiones contra la prensa en la Cámara baja.
Por lo pronto, Peña Nieto reiteró su "compromiso con la libertad de expresión y prensa, fundamentales para nuestra democracia" nada más conocer la muerte de Valdez.
