El NYT implica al gobierno mexicano en espionaje contra activistas y periodistas

Pegasus, un software creado para espiar bandas criminales y terroristas, es usado para vigilar a comunicadores y activistas; el gobierno mexicano lo niega.
Artículo de NYT implica al gobierno mexicano en espionaje
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El diario The New York Times implicó este lunes al gobierno mexicano o a un grupo corrupto interno de la administración federal en un supuesto caso de espionaje contra activistas y periodistas mexicanos. Para ello se usa un programa que en teoría solo debe empelarse contra bandas criminales o terroristas.

Fuentes oficiales rechazaron que algunas de las agencias gubernamentales realice intervenciones contra comunicadores o activistas, pero el New York Times dijo que hay análisis independientes que indican que el software se utilizó para intentar espiar los celulares de Juan E. Pardinas y Carmen Aristegui, entre otros.

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“Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”, dijo el Times.

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El diario identificó el software como Pegasus, y dijo que el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, y la periodista Carmen Aristegui han recibido mensajes en sus móviles para que los hackers logren tener acceso a sus celulares.

“El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto”, detalla el diario estadounidense.

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La compañía que fabrica el programa, NSO Group, únicamente “vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas”, agregó el periódico.

Al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en estos programas de espionaje desde 2011, explicó el Times.

Los ciberexpertos consultado por el diario tienen “pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados”.

Analistas forenses independientes y periodistas del NYT revisaron decenas de mensajes que llegaron a los móviles de Pardinas y su esposa, así como a los de Aristegui y su hijo, y determinaron que los correos falsos tenían como objeto lograr que dieran clic en varios enlaces a fin de que los hackers pudieran tener acceso remoto a sus celulares para poder espiarlos.

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Bajo las leyes mexicanas, un juez es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando hay un caso bien fundamentado. El Times dijo que es poco probable que el gobierno haya recibido autorización para hackear los teléfonos de activistas y periodistas.

Una fuente oficial que no fue identificada por el diario admitió que el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia para combatir el crimen, pero rechazó que se espíe las “comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.

Los Pinos no ha hecho hasta ahora ningún pronunciamiento público desde que The New York Times diera a conocer su reportaje este lunes por la mañana.

Además de Pardinas y Aristegui, el diario señaló como otros afectados a los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al periodista Carlos Loret de Mola, y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

El Times dijo que la red de Defensa de lo Derechos Digitales (R3D) ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, dijo al Times Juan Pardinas, quien redactó e impulsó la Ley 3de3, una legislación que intenta frenar la corrupción en México.

“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo por su parte Aristegui, quien en 2014 encabezó la investigación de la Casa Blanca exhibió cómo un contratista del gobierno había financiado la residencia de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Para espiar a 10 usuarios de iPhone con Pegasus el fabricante del software cobra 650,000 dólares, además de la cuota de instalación de 500,000 dólares, según el Times.

“Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México”, dijo el diario.

“Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo”, agregó el diario.

No obstante, “NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología”.

Reacciones

Al respecto del artículo de The New York Times, Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, indicó en su cuenta de Twitter que no hay prueba de que las agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje.

"Para el gobierno de la República, el respecto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona", indicó el vocero.

Invitó a las personas que fueron víctimas de estas acciones a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones.

Este martes, tras darse a conocer el caso, Edward Snowden indicó que el presunto espionaje contra activistas y comunicadores se trata de "un crimen contra el público".

A través de su cuenta de Twitter, el activista retuiteó el reportaje publicado por el medio neoyorquino. El mensaje fue publicado en español.

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Snowden es exempleado de la agencia de inteligencia estadounidense CIA, así como de la unidad de seguridad nacional NSA y es famoso por filtrar documentos clasificados a medios como el Washington Post o el diario británico The guardian.

Actualmente se encuentra exiliado en Rusia, país en donde se protege de la justicia estadounidense, que lo busca por las filtraciones. En enero de este año, el ministerio de relaciones exteriores ruso informó que amplió el permiso de residencia de Snowden durante dos años más, por lo que continuará en el país cuando menos hasta 2019.

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