Diversas ONG advierten sobre el riesgo de una contrarreforma al sistema penal

Dicen que es falso que el nuevo sistema de justicia impacte en el aumento de la incidencia delictiva, como lo han señalado algunas autoridades.
Múltiples factores  Las organizaciones aseguran que el aumento de la incidencia delictiva corresponde a múltiples variables, como el aumento de las denuncias y la ausencia de políticas de prevención.  (Foto: iStock by Getty Images/Berezko)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Organizaciones no gubernamentales (ONG) advierten el riesgo del impulso a una contrarreforma al sistema de justicia penal acusatorio en México, que entró en vigor en 2016 en todo el país, y al cual personajes como Renato Sales responsabilizan del aumento de la incidencia delictiva de los últimos meses.

“Esto es sumamente preocupante porque no representan el ideal de un Estado democrático, más bien, constituyen un retroceso, al pretender reincorporar viejas prácticas que solapan la ineficiencia de las autoridades frente a un sistema con mayores estándares de investigación, protección y rendición de cuentas, dijeron las ONG, que se unen al colectivo llamado #JusticiaSinPretextos.

En un comunicado, señalaron que es falso que el sistema de justicia impacte en un aumento de la incidencia delictiva, tal como lo ha señalado el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, quien atribuyó el crecimiento a una laguna jurídica en el artículo constitucional 19, que prohíbe que cualquier detención preventiva exceda el plazo de 72 horas.

Aseguran que los datos presentados por las autoridades no tienen sustento y que el aumento delictivo responde a otros factores como el aumento en el número de las denuncias y la ausencia de políticas públicas efectivas para prevenir el delito.

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“El discurso gubernamental que argumenta que dejar libres a ‘delincuentes’ es un peligro para la seguridad pública y las víctimas, es sumamente preocupante. El nuevo sistema creó mecanismos que garantizan la presunción de inocencia, permitiendo llevar un proceso en libertad, disminuyendo el uso de la prisión preventiva y siempre con condiciones que aseguren la protección de la víctima”, indicaron las organizaciones, entre las que están México Evalúa y Articulo 19.

Las organizaciones exigieron un diagnóstico real del funcionamiento del sistema acusatorio, con indicadores con perspectiva de derechos humanos.

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