Los expertos internacionales sobre Ayotzinapa también fueron espiados

El software que fue comprado por el gobierno mexicano tuvo como blanco a los expertos invitados a indagar el caso de los 43 normalistas.
Expertos de la CIDH sobre caso Ayotzinapa también fueron víctima de espionaje
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El controvertido programa de espionaje Pegasus no solo se utilizó para espiar a los abogados involucrados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que el software también intentó espiar a los investigadores extranjeros independientes que supuestamente gozaban de inmunidad para hacer su trabajo en México, según nuevas revelaciones publicadas este lunes por el diario The New York Times.

El grupo de expertos internacionales que vino a México para indagar la desaparición en septiembre de 2014 de los estudiantes “fue blanco de una tecnología sofisticada de espionaje que fue vendida al gobierno mexicano para vigilar a criminales y terroristas”, publicó el Times.

A mediados de junio pasado, el diario reveló que el programa informático adquirido por el gobierno fue empleado para espiar a periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, además de activistas y defensores de derechos humanos, como Mario Patrón, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a los padres de los 43 estudiantes.

A raíz del reportaje publicado en junio, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que fueron invitados para venir al país a participar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa sospecharon que ellos también habían sido objeto del espionaje.

Al revisar algunos de los celulares de los expertos, se encontró que sus teléfonos móviles recibieron mensajes de texto con hipervínculos que escondían el programa espía, dijo el Times.

Si Pegasus infecta un celular, el aparato se transforma en un micrófono y cámara que permite espiar en todo momento a los sujetos vigilados.

“Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”, dijo James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que eligió a los expertos internacionales que vinieron para indagar el caso Ayotzinapa.

Cavallaro dijo que debería haber una comisión que investigue si el gobierno mexicano intentó espiar a los expertos internacionales que investigaban el caso de los 43 estudiantes, y cuyas conclusiones pusieron en entredicho la versión oficial de las autoridades que señalaba que los jóvenes fueron secuestrados y sus cuerpos incinerados en un paraje en Guerrero.

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“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo el abogado chileno e integrante del GIEI, Francisco Cox. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”, afirmó Cox al Times.

“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó el abogado al diario estadounidense.

Las claves para entender cómo funciona el spyware Pegasus

El gobierno federal ha negado ser responsable del espionaje, al afirmar que no hay huellas que dejen saber quién intervino un teléfono con Pegasus. La compañía que fabrica el software, NSO Group, ha dicho que el programa solo lo vende a gobiernos, y las agencias mexicanas de seguridad han gastado más de 80 millones de dólares para comprar Pegasus.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado una investigación para resolver el caso del supuesto espionaje, aunque los analistas independientes dudan que las propias autoridades vayan a admitir su responsabilidad en caso de que hayan intentado espiar de forma ilegal.

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A raíz de las publicaciones del Times, políticos de la oposición como el presidente del PAN, Ricardo Anaya, también dijeron haber sido objeto de los intentos de espionaje.

Según el recuento del Times, se ha comprobado el uso Pegasus en al menos 19 casos que involucran a “periodistas, activistas y defensores mexicanos y, ahora, oficiales internacionales”.

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