ONG exigen acabar con resistencias que frenan al Sistema Nacional Anticorrupción

Las resistencias por parte de actores políticos a consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) llevaron a organizaciones civiles a conformar una coalición que exige que, durante el último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los gobiernos federal y locales y el Congreso encaminen sus acciones a reforzar los mecanismos de combate a los actos corruptos y la impunidad.

En el bloque, bautizado como #VamosPorMás, participan 34 agrupaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Causa en Común, México, ¿Cómo Vamos?, Artículo 19, Transparencia Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que este lunes advirtieron que la situación del país en materia de corrupción y violaciones a los derechos humanos es “insostenible”.

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“El Sistema Nacional Anticorrupción está despertando y también está despertando resistencias”, dijo el actor, director y productor cinematográfico Diego Luna, quien en un acto público en la capital fungió como vocero de la iniciativa.

“Durante el último año hemos identificado renuencias de algunos de los congresos locales a trabajar con organizaciones civiles y académicas mediante la figura de parlamento abierto. Hemos visto indiferencia hacia mejores prácticas al hacer nombramientos del sistema anticorrupción y de sus espejos en los estados”, añadió.

Algunas de las resistencias que acusan las ONG son lo que consideran ataques infundados contra los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA , las presuntas violaciones a la privacidad de activistas, académicos y periodistas reveladas recientemente , y el retraso en que las entidades formen sus propios sistemas.

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Por ley, el SNA debe entrar en operación en todo el país este 19 de julio. Sin embargo, la mayoría de los estados se encuentra rezagado en este rubro.

Ante la situación, las organizaciones anunciaron que pondrán en marcha un plan de cuatro puntos para ayudar a que se consoliden el SNA y el Estado de derecho.

Uno de los puntos es el impulso a reformas para que México tenga una Fiscalía General de la República independiente. Esta institución debe sustituir a la actual Procuraduría General de la República (PGR), aunque especialistas advierten que las normas actuales no garantizan que tenga plena autonomía respecto del Poder Ejecutivo federal.

Las ONG también adelantan que pondrán lupa a los nombramientos pendientes en los sistemas anticorrupción, con el fin de que designaciones congeladas como la del fiscal anticorrupción o las de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se den en apego a las mejores prácticas.

Además, aseguran que exigirán recursos suficientes para el funcionamiento de los comités de participación ciudadana y que demandarán nueva legislación en campos como obra pública, financiamiento a partidos políticos y fuero, para evitar que los funcionarios acusados de ilícitos eludan la justicia y queden impunes.

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“Nuestras instituciones deben trabajar más allá del ciclo electoral. Y antes del cambio de Poder Ejecutivo y el Congreso (en 2018)”, dijo Luna.