Los congresos locales aprueban 'en lo oscurito' sus leyes anticorrupción
Al menos 13 congresos locales aprobaron las leyes anticorrupción de sus estados en la opacidad, es decir, sin proporcionar la información necesaria a la sociedad y sin el apoyo de los ciudadanos, afirmó Fundar, la organización civil que desarrolló el instrumento de Supervisión de Parlamento Abierto en México (SPAM).
De acuerdo con este análisis, Morelos, Baja California Sur y Yucatán fueron las entidades peor evaluadas en transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de estrategias de tecnologías de la información.
A unas horas de que venza el plazo constitucional para que las 32 entidades del país cuenten con sus sistemas locales anticorrupción —los cuales tendrían que estar en funcionamiento este 19 de julio—, 14 organizaciones que calificaron a los congresos determinaron que fue deficiente su apertura en los procesos de discusión de las leyes en la materia.
"El rol de la sociedad civil es fundamental para el combate a la corrupción y empieza desde la elaboración de las leyes de los sistemas anticorrupción", señaló Fundar en un comunicado, en el que aseguró que las agrupaciones buscaron conseguir información de manera oportuna y hacer escuchar su voz, sin obtener resultados positivos.
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Los resultados de SPAM revelan que la mayoría de los congresos no publicó información clave sobre su trabajo, como dictámenes de leyes, actas de las reuniones y versiones estenográficas, entre otros documentos, además de que no abrió espacios para recibir opiniones ciudadanas ni explicó de forma clara y sencilla por qué se votó por ciertas propuestas de ley.
De los 13 congresos evaluados, 11 no publicaron las actas de reuniones de comisiones y del pleno, por lo que no se sabe qué discutieron los legisladores ni tampoco si deliberaron. En el mismo sentido, 10 legislativos no explicaron las decisiones que tomaron ni tampoco su sustento.
De acuerdo con Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los congresos estatales no están funcionando como los verdaderos contrapesos que deberían ser.
"Funcionan, en la mayoría de los casos, como oficialía de partes desde el Poder Ejecutivo, no funcionan como contrapeso, no cumplen con verificar los procesos de auditoría, de supervisión del gasto, de ejecución", dijo.
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Meses atrás, para medir la implementación de los sistemas anticorrupción en las entidades, el IMCO, Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) echaron a andar un semáforo que, hasta el 31 de mayo pasado, registraba que sólo 11 estados contaban con un avance satisfactorio: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Zacatecas.
Mientras tanto, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua, Campeche y Baja California no tienen ley de su sistema local anticorrupción.
En la Ciudad de México, los diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobaron la legislación en la materia este lunes —apenas a tiempo para cumplir con el plazo constitucional—, en tanto que la normatividad de Michoacán se promulgará este mismo martes.
