La falta de confianza desafía el arranque de los sistemas locales anticorrupción

Gobernadores, empresarios y especialistas advirtieron de que la implementación de estos mecanismos también enfrenta escasez de recursos y poco conocimiento en la materia.
Foro anticorrupción  Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex (al centro), convocó a figuras públicas como los gobernadores de Baja California Sur y de Querétaro.  (Foto: Cuartoscuro)
Ariadna Ortega
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

A menos de dos meses de que en julio venza el plazo para la implementación de los sistemas locales anticorrupción, gobernadores, empresarios y especialistas consideraron que la falta de confianza en los gobiernos, la escasez de recursos y el desconocimiento de la nueva legislación en la materia son los principales retos para aterrizar en los estados y municipios el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló que, pese a la importancia de combatir la corrupción —un mal que afecta la apertura y el buen funcionamiento de las empresas, y que afecta la inversión y la generación de empleos—, hay entidades donde no se ha avanzado en este tema.

“Otra parte sustancial del combate a la corrupción está en el ámbito de los estados y municipios, donde prevalecen amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, por falta de contrapesos, controles y rendición de cuentas”, dijo este miércoles en el Foro Empresarial Anticorrupción 2017, organizado por la propia Coparmex.

El dirigente empresarial también señaló que hay entidades como Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa y Puebla donde se registran avances importantes. En el caso de Puebla, incluso ya fue nombrado un fiscal anticorrupción y el estado se encuentra en proceso de conformar los órganos ciudadanos de su sistema anticorrupción.

Sin embargo, el retraso de la mayoría de los estados en este ámbito genera preocupación.

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"No se puede jugar con este tema"

En el foro, los gobernadores de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y de Querétaro, Francisco Domínguez, coincidieron en que recuperar la confianza de los ciudadanos y hacer cumplir la ley son dos retos que afrontan las autoridades de todo el país.

Mendoza Davis señaló que no sólo se trata de implementar una reforma, lo que ya implica invertir recursos para crear instituciones como fiscalías y comités y conlleva dificultades técnicas. Según el mandatario estatal, las entidades también deben generar un ambiente en el que la ciudadanía crea que estarán a la altura de la legalidad.

El gobernador Domínguez añadió que los estados deben alinearse adecuadamente a lo que mandata el SNA, para lo que se requiere de la participación de la sociedad, y también consideró que se debe profesionalizar el servicio civil de carrera.

"Estamos a escasos 60 días (de la implementación), no se puede jugar con este tema, no nada más en Querétaro o Baja California Sur, (hay) casos fuertes de corrupción inimaginables. Ser gobernador es un deporte extremo y se debe trabajar para recuperar la credibilidad", dijo.

Alfonso Pérez Daza, funcionario del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y miembro del Comité Coordinador del SNA, señaló en su intervención que la adecuada selección de los jueces y su inamovilidad son condiciones para que el Poder Judicial pueda ser un contrapeso y contribuir al combate de los actos corruptos.

Nombramientos en parlamento abierto

Especialistas también aseguraron que la voluntad política, el empoderamiento ciudadano y los procesos transparentes en la selección de quienes ocuparán cargos importantes dentro del SNA sirven para recuperar la credibilidad de los gobiernos y así fortalecer la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, Valeriano Suárez, vicepresidente nacional de Estado democrático y de derecho de la Coparmex, exigió que las discusiones sobre el SNA se den en un esquema de parlamento abierto, es decir, que la sociedad pueda participar y vigilar los procesos de selección y nombramientos, para que en éstos prevalezcan la capacidad profesional y la calidad moral de quienes sean elegidos.

La Coparmex, por ejemplo, exigió al Senado que el proceso para elegir al futuro fiscal general de la República sea bajo esta modalidad de parlamento abierto.

Por otra parte, el organismo aseguró estar comprometido a acompañar la implementación de los sistemas locales a través de su semáforo de seguimiento, así como a crear un número telefónico 1-800 para que empresarios denuncien actos corruptos, y a realizar talleres y seminarios con gobiernos y campañas de comunicación.

En el foro de la Coparmex también participaron, entre otros, Eber Omar Betanzos, subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP); Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA; Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y el diputado Xavier Nava.

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