La Ciudad de México pasa de la etapa de búsqueda y rescate a la de demolición
A dos semanas del sismo que sacudió la Ciudad de México, y después de que fueron concluidos los trabajos de búsqueda y rescate de las víctimas que permanecían bajo los escombros de edificios derrumbados, las autoridades inician la etapa de demolición de los inmuebles que quedaron inhabitables.
A la par de la entrega de los primeros apoyos a los damnificados, de la apertura de investigaciones por posibles irregularidades relacionadas con la seguridad de los inmuebles y del esbozo de planes de reconstrucción, la Ciudad comienza labores para retirar un número aún indeterminado de edificaciones inseguras.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que aún trabajan en la dictaminación de las construcciones que aún pueden ser rehabilitadas y de aquellas que deberán echarse abajo, así como en el retiro de los restos de estas edificaciones y de las 38 que se cayeron durante o minutos después del sismo del 19 de septiembre.
Mancera afirmó que las demoliciones se realizarán hasta contar con una revisión técnica , al aclarar que incluso podrían ser reparados algunos de los casi 250 edificios catalogados en ‘código rojo’ por los daños que sufrieron.
“No se puede demoler un solo edificio, si no cuenta con una constancia, con un análisis estructural que así lo determine, porque todavía habrá edificios que tendrán una intervención de reestructura y que pueden ser rehabilitados, aun estando en la calidad de ‘rojos’”, indicó este martes en conferencia de prensa.
En la Delegación Iztapalapa —considerada la más golpeada—, 4,500 viviendas deberán demolerse, de acuerdo con información de la demarcación citada por el diario La Jornada , y en Cuauhtémoc 33 edificios son “susceptibles de demolición”, dijo el delegado, Ricardo Monreal.
Mancera detalló este miércoles que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) tiene registro de 676 edificios en ‘código verde’ y que los que están en ‘amarillo’ se encuentran en rehabilitación.
Un día antes, el gobernante abundó que existe un monto disponible de 2,500 millones de pesos —aportados en partes iguales por su administración y por recursos federales del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) — para el retiro de cascajo, que se está llevando al tiradero del Bordo Poniente. Aclaró que dicho dinero aún no ha comenzado a fluir.
Mancera comentó que dialogarán con los propietarios de los predios donde se ubicaban los edificios colapsados para determinar qué se hará en ellos.
La administración capitalina, añadió el mandatario, prepara una plataforma para consultar en qué estado se encuentran los inmuebles —en particular los que están en ‘código rojo’—, a la que actualmente están agregando las unidades habitacionales del Infonavit y faltarían las del Fovissste. También alistan un Atlas de Riesgos que, además de datos sobre zonas vulnerables a la actividad sísmica, incluirá información estratégica de Pemex, el sistema de aguas y ductos de gas.
La ruta penal
El jefe de gobierno reiteró que se iniciarán expedientes para deslindar probables responsabilidades vinculadas a la muerte de personas tras el sismo, que al corte de este miércoles suman 228 identificadas: 90 hombres y 138 mujeres (entre ellos, 29 niñas y niños).
Para esto, la administración capitalina abrió 147 carpetas de investigación, y el mandatario afirmó que la Procuraduría de Justicia local (PGJCDMX) tomará las medidas cautelares que estime pertinentes para procesar las posibles violaciones a la ley.
Es el caso del Colegio Enrique Rébsamen , en cuyo derrumbe murieron 26 personas —incluidos 19 menores—, a cuya dueña ya se citó a declarar por las dudas que existen sobre la seguridad del inmueble y la legalidad de las obras de ampliación que en años recientes se llevaron a cabo.
A estas carpetas de investigación se suman los procesos iniciados por otros actores públicos. Cuatro de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) presentaron —junto con abogados, empresarios, intelectuales, académicos y activistas— una denuncia penal contra autoridades y desarrolladores inmobiliarios para exigir responsabilidad por los posibles delitos de homicidio culposo, fraude y uso ilegal de atribuciones derivadas de estos hechos.
“La corrupción no solo mata, sino que derrumba edificios, causa daños irreparables y arrasa con patrimonios completos”, indicaron en un comunicado los firmantes, entre quienes están Luis Pérez de Acha, Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y José Octavio López Presa (miembros del CPC), así como María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Edna Jaime, Alejandro Legorreta, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles, entre otros.
La dirigencia local del PRD anunció por su parte que presentará una denuncia en contra de la dueña del colegio y de autoridades de la Delegación Tlalpan —donde se ubicaba dicha escuela privada— por posible negligencia “antes, durante y después” del sismo.
