México destina 468.9 mdp para arrancar la ley contra la desaparición de personas
En 2018, México destinará 468.9 millones de pesos para echar a andar su nueva ley contra la desaparición de personas, una norma que fue creada a raíz de las constantes exigencias por parte de familiares de víctimas, activistas y organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Dicha cantidad de recursos quedó establecida dentro el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año —que fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada— y se divide en dos bolsas.
La primera comprende 186.2 millones de pesos que serán entregados a la Secretaría de Gobernación (Segob), con la finalidad de que cumpla con las obligaciones que le corresponden para implementar la ley.
Cuando la norma entre en vigor, la dependencia tendrá que integrar una Comisión Nacional de Búsqueda que se encargue de dar seguimiento a los casos de desaparición que competan al ámbito federal, ya sea que los presuntos responsables sean funcionarios públicos o particulares.
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La ley señala que dicho órgano deberá contar con grupos especializados en localización de personas con apego a los derechos humanos. Además, será responsable de administrar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
El resto del dinero aprobado por la Cámara de Diputados, que asciende a 282.5 millones de pesos, será destinado a los subsidios que se entregarán a los gobiernos estatales para que echen a andar la legislación dentro de las entidades.
La norma ordena que cada estado tenga que contar con su propia comisión de búsqueda para atender los casos que se registren en su territorio.
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Paso a paso
Para que la ley entre en vigor, todavía falta que el presidente Enrique Peña Nieto promulgue el documento aprobado por ambas cámaras del Congreso.
Cuando esto ocurra, iniciará un proceso para que, además de que se creen las comisiones, se establezcan fiscalías especializadas que persigan los delitos de desaparición y empiece a trabajar el nuevo Sistema Nacional Búsqueda.
El sistema estará integrado por los titulares de la Segob, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Policía Federal, un Consejo Ciudadano y un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y su tarea será definir políticas públicas para prevenir y enfrentar este delito.
La ley fue aprobada por el Congreso después de años de exigencias por parte de distintos sectores, que cobraron mayor fuerza a partir de casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, presuntamente a manos de policías municipales de Iguala y Cocula aliados con el crimen organizado.
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