Puebla batalla para combatir la violencia de género

Hace un par de meses, un niño de cinco años llegó al Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) para pedir ayuda para su mamá, quien tenía casi una década sufriendo violencia de género por parte de su esposo.

La situación en casa había llegado a tal grado, que a los gritos y golpes se había sumado el que el hombre había llevado a vivir al lugar a dos concubinas, un hecho que —a decir de las autoridades estatales— refleja qué tan normalizados se encontraban los abusos dentro del hogar.

Frente a esto y disgustado porque su papá tenía “muchas esposas”, el menor salió en busca de apoyo. Y aunque su madre en principio se resistió a reconocer que era víctima de violencia de género, hoy ha logrado alejarse de ese círculo vicioso.

Nadia Navarro, directora del IPM, advierte que historias como ésta llegan todos los días hasta la institución, que se encarga de ejecutar los principales programas del estado en materia de prevención de agresiones contra las mujeres.

Al mes, el instituto recibe cerca de 900 llamadas de personas que revelan abusos y solicitan ayuda, aunque en algunas ocasiones los especialistas gubernamentales no logran convencerlas de que denuncien o se alejen de su agresor.

Más aún, Navarro reconoce que, en lo que va del año, sólo seis casos de violencia de género han llegado hasta la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Alerta... hasta en las tortillas

Cifras como las anteriores son una muestra de las dificultades que enfrenta Puebla para combatir este problema, que de enero a septiembre se tradujo en un total de 65 feminicidios, la mayor cantidad registrada en los últimos cinco años.

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La situación —que ha atraído la atención pública a nivel nacional— ha llevado a la administración del gobernador Antonio Gali a desplegar más programas que llaman a las mujeres a no quedarse calladas cuando sufren alguna agresión.

Uno de los más recientes es la campaña La violencia no es normal, ponte a salvo, que implica que 174 tortillerías ubicadas en los municipios con mayor índice de maltrato a la mujer envuelvan su producto en un papel con información sobre el tema.

El material señala que existen cinco tipos de violencia contra las mujeres —física, sexual, psicológica, patrimonial y económica—, y también incluye números telefónicos en los que las afectadas pueden solicitar auxilio.

Entre rechazo y miedo

Sin embargo, incluso iniciativas de este tipo se topan con obstáculos.

En un recorrido por la zona centro del municipio de Puebla —capital de la entidad—, cinco dueños de tortillerías dijeron a Expansión que madres de familia les han pedido cambiar la envoltura, bajo el argumento de que les resultaría contraproducente si sus parejas las ven llegar a casa con esa información.

“Yo creo que son mujeres que sufren violencia. Algunas me han dicho: ‘Mejor cámbiamelo’. Sí se ven con temor”, contó Luis Domínguez, hijo de uno de los tortilleros que se han sumado al programa.

Al respecto, Navarro señala que el objetivo de esta medida es tanto generar conciencia entre las víctimas, para ayudarlas a identificar cuando están en riesgo, como advertir a los agresores y hacerlos saber que ellas no están solas.

“Antes de implementar el programa, nos reunimos con los tortilleros para sensibilizarlos, porque muchas veces ellos identifican a las mujeres que sufren violencia de género. Ellos mismos tienen estos teléfonos. Buscamos no sólo dejar en la responsabilidad de la mujer la denuncia, sino también en quienes conozcan los casos para ir por ellas”, dice la funcionaria.

Desde 2016, el delito de violencia familiar se persigue de oficio y ya no es posible que se dé perdón por parte de la víctima. Esta es una de las 15 reformas que se han aprobado en los últimos años para enfrentar el problema, al igual que otra que impide que haya conciliación entre partes cuando se registren agresiones de este tipo, y de otra que establece que un agresor reincidente podrá ser procesado por tentativa de feminicidio.

Acciones a prueba

Navarro afirma que el hecho de que más mujeres se estén acercando a los programas gubernamentales significa que éstos funcionan.

Según información obtenida vía transparencia, desde que se tipificó el feminicidio en 2013 a la fecha, ha aumentado 12 veces el número de ciudadanas que han recibido protección especial ante casos de violencia extrema. Dicha cifra ha subido de 59 beneficiarias hace cuatro años a 690 ahora.

Las órdenes de protección especial se producen cuando un juez resuelve que una mujer corre peligro, por lo que puede disponer desde que se separe al agresor del domicilio familiar hasta que se lleve a la víctima a un refugio.

Hasta ahora, sin embargo, el número de ciudadanas poblanas que reciben este tipo de apoyo oficial se queda corto en comparación con los 900 reportes de agresión que llegan hasta el IMP cada mes.

Ante ello, en su intento por atajar el problema, el gobierno estatal lanzó en octubre su estrategia De una vez por todas, que incluye políticas públicas y reformas en diversas áreas. No obstante, la efectividad de estas medidas —encaminadas a evitar más asesinatos como los de las jóvenes Mara Castilla, Mariana Fuentes y otros más— aún está por verse.

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