¿Estás en contra de la Ley de Seguridad Interior? Escríbele a Peña Nieto

A tres días de que la Ley de Seguridad Interior quedó aprobada en el Congreso, los reclamos contra la norma suben de tono entre ciudadanos y activistas, quienes con marchas y mensajes buscan ejercer presión para frenar su entrada en vigor.

El viernes, en la recta final del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado —con algunas modificaciones, consideradas insuficientes por especialistas —, con lo que el documento fue turnado al presidente Enrique Peña Nieto para que lo promulgue.

nullDentro de ese contexto, quienes se oponen a la ley voltean hacia las dos vías posibles para echarla atrás: el veto presidencial o que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declare contraria a la Constitución.

Para llamar al veto presidencial, el colectivo #SeguridaSinGuerra lanzó una campaña en la que pide a los ciudadanos enviar mensajes a Peña Nieto, para exigirle frenar la norma y regresarla a los legisladores para que siga el diálogo sobre su contenido.

Esta idea fue reforzada el domingo, en una marcha que realizaron ciudadanos y activistas en la Ciudad de México, para llamar a evitar la militarización del país y una legislación que califican de "golpista".

La Ley de Seguridad Interior regula la actuación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Según el gobierno federal y sus promotores, su fin es dar certidumbre legal sobre estas tareas. Por el contrario, quienes la rechazan argumentan que prolongará la presencia de militares en las calles y fomentará violaciones a los derechos humanos.

Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center, publicó una carta dirigida al presidente en la que lo llama a "hacer lo correcto".

"Pero hoy, presidente Peña Nieto, hoy como el 23 de junio de 2016 —cuando vetó la Ley de Responsabilidades del Sistema Nacional Anticorrupción—, usted tiene la oportunidad de hacer lo correcto. De dejarnos en claro, a los ciudadanos, que su Plan Nacional de Desarrollo no eran palabras al día. Que lo que decía, cuando declaró que su meta 'era prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo', era cierto", escribió Ríos en el diario Excélsior.

La Ley de Seguridad interior ha sido rechazada no sólo por organizaciones civiles, sino por agrupaciones mundiales como Amnistía Internacional y por la propia ONU, así como por personajes públicos como los actores y productores Diego Luna y Gael García , quienes protestaron en el Senado.

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En manos de la SCJN

De no ocurrir el veto presidencial, la otra vía que existe para frenar la ley es la acción de inconstitucionalidad, un recurso que una fracción de los diputados o los senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Procuraduría General de la República (PGR) pueden interponer ante la SCJN.

"Es lo único que queda constitucionalmente para procesar, ya el Congreso claudicó a su responsabilidad de hacer cumplir la Constitución aprobando una ley que es inconstitucional", dijo Alejandro Madrazo Lajous, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a Noticias MVS.

Este lunes, el académico no consideró probable que el presidente vete la ley, por lo que vio más viable que la impugnen una minoría legislativa o la CNDH, o incluso que algunos gobernantes la desafíen mediante una controversia constitucional, un recurso en el que una autoridad argumenta que otra invade sus atribuciones.

"Todo gobernador que crea en la Constitución (va a impugnar)... y todo presidente municipal que quiera preservar algo de autonomía tendría que llevar también controversias constitucionales ante la Suprema Corte", comentó.

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La bancada del PRD en San Lázaro inició la recolección de firmas entre diputados, pues se requiere al menos 33% de la cámara —165 legisladores— para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país.

Evelyn Parra, coordinadora de vinculación con la ciudadanía y movimientos sociales del grupo parlamentario del sol azteca, confió en que consigan el apoyo suficiente dentro de los 30 días naturales que establece la Constitución.

De llegar estos recursos legales a la SCJN, el tema estaría en manos de los 11 ministros, quienes comenzarían el análisis a la par de que el país viva el proceso electoral de 2018, una circunstancia que los especialistas consideran negativa.

"Va a haber un proceso judicial abierto durante el proceso electoral, y eso es malo para la elección, malo para las instituciones, y refleja la irresponsabilidad de haber pasado esta ley de madruguete, justo cuando empiezan las elecciones", dijo Madrazo Lajous, quien a pesar de ello confió en que la SCJN frenará la ley.