OHL, bajo la lupa

“¿Ahora qué hacemos?”, preguntó Sergio Hidalgo, director de OHL México, a Carlos Ruiz Sacristán, consejero de la firma, el 6 de mayo de 2015, un día después de escuchar en los medios el primer audio que los vinculaba con presuntos actos de corrupción.

La preocupación del directivo era enorme. En la conversación telefónica se escuchaba a Jesús Campos, director técnico de OHL México, y a Pablo Wallentin, director de Relaciones Institucionales, planear cómo iban a justificar nuevas inversiones en el Viaducto Bicentenario. “Le estamos metiendo insumos de más. Acuérdate, la obra valía 4,000 (millones de pesos) y terminó costando 9,000”, decía Campos a su interlocutor.

Al día siguiente de la difusión del audio, que una fuente anónima subió a YouTube, las acciones de OHL México cayeron 12%.

A ésta siguieron otras 11 grabaciones filtradas en las que se encuentran el presidente de la empresa, José Andrés de Oteyza, funcionarios del gobierno federal y del Estado de México. Una de ellas incluso vincula al presidente Enrique Peña Nieto.

En su primera rueda de prensa en nueve meses, el pasado febrero, los periodistas preguntaron a Hidalgo si las voces de los audios son de los ejecutivos. “Sí se reconocen, inclusive yo salgo en uno de los últimos audios”, respondió, aunque afirmó que varios expertos comprobaron que las grabaciones están editadas, sin dar más detalles.

OHL México, que opera siete concesiones carreteras, como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, además del aeropuerto de Toluca, inició una investigación en torno a la intervención de sus líneas telefónicas y de lo que denominó una campaña de desprestigio en su contra.

La empresa afronta desde entonces acusaciones de corrupción, de obtener información privilegiada y de recibir ayuda de funcionarios públicos para conseguir contratos.

Las dudas que despertaron los audios desencadenaron auditorías del gobierno federal y del Estado de México sobre sus concesiones por falta de claridad en sus inversiones, por alzas supuestamente injustificadas en cuotas de peaje y por ampliaciones en los plazos de sus contratos. Además, la constructora recibió supervisiones laborales y fiscales de su casa matriz en España.  

OHL enfrenta también otra polémica por la que ya es investigada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que analiza su forma de contabilizar los ingresos de sus concesiones carreteras.  

“No he visto a ninguna entidad ni pública ni privada tan auditada como ésta”, dice Hidalgo, quien, como ex-servidor público, participó en las liquidaciones de Luz y Fuerza del Centro y de Banrural.

Desde la primera grabación hasta el cierre de esta edición, la firma sufrió una pérdida en su valor de capitalización de 21,700 millones de pesos (mdp). En 2015, sus acciones perdieron más de un tercio de su valor.

Estas pérdidas han sido sobre todo para la matriz en España, OHL Concesiones, que posee 56% de las acciones, y para inversionistas como Banamex, Vanguard Group, BlackRock e, incluso, Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que poseen el 44% restante.

Hidalgo afirma que las auditorías que la empresa contrató con los despachos EY, KPMG, Jones Day, FTI Consulting y Ritch Mueller desmienten las acusaciones en su contra. Sólo la que EY hizo sobre la concesión del Viaducto Bicentenario fue pública, y concluyó que no hubo problemas en el contrato.

Sin embargo, según Hidalgo, estos estudios sí revelaron debilidades a nivel gerencial y en los controles internos. El directivo lo reconoce: “La empresa ha sido pública y no se había dado cuenta de que tenía que ser estricta en todas las medidas de una empresa pública”.

OHL quiere limpiar su imagen y seguirá invirtiendo en el país, dice Hidalgo, que advierte: “No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados”.

Extranjera de oro

La historia de OHL en México data de 1979, pero su nombre saltó a la vista en febrero de 2003, cuando ganó el contrato para construir y operar el Circuito Exterior Mexiquense por 5,700 mdp.

Entre 2012 y 2015 ganó otros tres contratos por más de 26,000 mdp, para un tramo del tren México-Toluca y para los segundos pisos de la autopista México-Puebla y Atizapán-Atlacomulco. En ese periodo, el gigante de la construcción ICA tuvo contratos por 18,500 millones.

Ahora, OHL realiza inversiones por 15,000 mdp en el libramiento elevado de Puebla y la autopista Atizapán-Atlacomulco. La firma ingresó 3,400 mdp por cuotas de peaje en los primeros nueve meses de 2015.

Algunos de estos contratos han sido polémicos.

Trece años después de ganar su concesión, el Circuito Mexiquense, que rodea el terreno donde se construye el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, opera al 71% y la inversión de OHL ya es 4.3 veces superior a la que propuso al ganar la licitación.

Para Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, se trata de un caso grave de corrupción. “Es una obra cuya inversión era de casi 5,000 millones de pesos, ya va en 25,000 millones, y casi 15 años antes de que termine la concesión se decide ampliarla hasta 2052”, dice. En su opinión, es un “obsequio” del gobierno estatal a una empresa.

El proyecto, afirma Kaiser, ejemplifica la corrupción que surge ante la falta de supervisión durante la etapa de construcción y de puesta en operación de las obras de infraestructura por parte de un ente autónomo. “Ampliar el contrato, sin revisar la inversión en la construcción, por ejemplo, la cantidad de concreto y varilla que se usó, no tiene un control y son unos cuantos millones de pesos”.

OHL logró del gobierno mexiquense más tiempo para operar el circuito y un mayor precio por caseta para recuperar el gasto adicional en el que incurrió.

Los audios filtrados acusan que hizo prácticas similares en el Viaducto Bicentenario —también en el Estado de México—, en el que la tarifa para recorrerlo subió 425% desde su puesta en operación en 2009.

Hidalgo justifica los aumentos: “Podemos hacer varios incrementos al año si aplicamos la política de no darlos todos en un inicio. Así lo siente menos la gente”.

La otra piedra en el zapato

Al tiempo que enfrentaba los escándalos derivados de los audios, OHL lidió con las acusaciones de una empresa contratada por el gobierno del Estado de México para contar los vehículos que cruzan por sus carreteras: Infraiber.

En marzo de 2013, esta compañía recibió del gobierno mexiquense —mediante adjudicación directa— el contrato para operar el Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehícular (SIVA) en autopistas de cuota estatales, como el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. Mediante el conteo de autos, el sistema permite conocer el aforo que tiene el concesionario, para definir si se incrementa o no el periodo de su contrato para recuperar su inversión.

El conflicto entre Infraiber y OHL comenzó cuando el gobierno del estado anuló, de repente, el contrato a Infraiber. “Nos echaron al mes de que estabamos instalando (el equipo de medición)”, dice Paulo Díez, abogado de esta empresa. La compañía de Pedro Topete acusó a OHL de no permitirle instalar su equipo de verificación. La constructora, por su parte, dijo que la decisión la tomó el gobierno del Estado de México. Hidalgo asegura que Infraiber no tenía experiencia en el ramo.

Esta empresa emprendió entonces una campaña con desplegados y comunicados en contra de OHL en periódicos y sitios de internet, en los que le acusa de inflar sus ingresos y tener una contabilidad engañosa. “Infraiber lo que ha hecho es denunciar pública y formalmente desde 2013, ante autoridades en España y México, lo que está ocurriendo”, dice el abogado, que conoce a Hidalgo desde que era servidor público. “El tema fundamental es que estos señores manipulan sus estados financieros, engañan al público inversionista haciéndole creer que tienen un activo que no tienen y unos ingresos que no tienen”.

OHL no se quedó de brazos cruzados y tomó acciones contra su oponente con una demanda civil por daño moral y una denuncia penal, que siguen en curso.

La campaña de desprestigio que enfrenta la constructora no tiene referente, dice Hidalgo, mientras señala una abultada carpeta con documentos que Infraiber ha enviado a dependencias del gobierno. Con los documentos que Infraiber ha recopilado, busca demostrar que OHL registra ingresos que aún no tiene. Paulo Díez acusa a la firma de utilizar esquemas de contratos que no se observan desde la crisis carretera de los 90, cuando al no cumplirse el tráfico esperado en las autopistas, el gobierno pagó a los concesionarios su inversión y el retorno prometido.

Según Héctor Ovalle, presidente de la constructora Coconal, este tipo de contratos ya no existen. “Los títulos (de concesión) del Estado de México dicen que sí tenemos derecho a la rentabilidad, pero no es una garantía tenerla”, precisa. El gobierno no está obligada a pagarla ni la empresa a reportarla.

Las particularidades de la contabilidad de OHL llevaron a la CNBV a auditarla. Según el análisis del regulador, la empresa incumple con la Ley del Mercado de Valores al utilizar el criterio de rentabilidad garantizada. Éste consiste en registrar flujos que esperan obtener en el futuro provenientes de rentabilidades que recibirían del gobierno por sus concesiones.

Cuando entregó a OHL los resultados de su investigación, la CNBV argumentó que ese criterio incumple las Normas Internacionales de Información Financiera.

Sin embargo, Carlos Cárdenas, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, menciona que se trata de un esquema válido que debe ser reportado dentro de los activos como ingresos, cuentas por cobrar o como ‘otros ingresos’, donde lo registra OHL.

Es un tema que defenderán, dice Hidalgo, pues es el esquema que utiliza la matriz en España para reportar sus operaciones globales.

La nueva era

Frente a estas crisis, OHL México instauró un Comité de Auditoría que emitió recomendaciones como la de contratar a un director de Riesgos, fortalecer sus controles internos y cambiar a tres de sus consejeros, entre ellos, a Ruiz Sacristán.

“La tendencia de las empresas públicas es meter consejeros que tengan especialidad en diferentes materias”, refiere Hidalgo. Ahora cuentan con expertos en temas legales, contables y de cumplimiento.

Pablo Wallentin también se fue de la compañía. “Él salió en la investigación en la que analizamos 40,000 correos, y, desafortunadamente, en esa investigación encontramos uno en el que incumplió el código de ética”, dice Hidalgo. Ese ejecutivo invitó de vacaciones a un funcionario del Estado de México.

La compañía también relevó a los directores de Comunicación y Relación con Inversionistas e hizo cambios en la forma de comunicar sus resultados.

Antes de cerrar esta edición, ohl esperaba la respuesta de la CNBV a su apelación sobre las imputaciones a su contabilidad. Hidalgo afirma que no hará cambios. “Si fuera preciso, llevaremos el caso a tribunales nacionales e internacionales”.

*Este reportaje apareció publicado en la versión impresa de la Revista Expansión de la primera quincena de marzo.