EDITORIAL: El despojo en Quintana Roo debe ir a juicio
Nota del editor: Este texto se publicó originalmente el 6 de julio de 2016.
Bajo el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, una institución esencial para el estado de derecho, sirvieron para el robo y saqueo despiadado de individuos, empresas y ejidos. Varias demandas atribuyen un papel semejante al Registro Público de la Propiedad local, que presuntamente toleró que inmuebles en disputa legal cambiaran de dueño sin dar derecho de audiencia al expropiado.
La investigación conjunta de Expansión e Indaga, la red de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, muestra cómo la falsificación, simulación y omisión de información, legalizada por la autoridad en juicios laborales, llevó al robo de propiedades a dueños legítimos o la congelación de cuentas bancarias y posterior robo de dinero.
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El descaro de los hechos es insólito. Quintana Roo es el estado más endeudado del país respecto a su población e ingresos. Vacías las arcas públicas, ¿qué opción le queda a quien concibe un cargo público como una forma de enriquecimiento? Aparentemente, los funcionarios del estado gobernado por Borge se fueron sobre los particulares. (Entrevistados por los periodistas, niegan que así fuera, y aseguran que todo se hizo de forma legal.)
El resultado es un reinado del terror. En Quintana Roo, a dos meses de que cambie el gobierno como resultado de la derrota del PRI-PVEM en las elecciones del 5 de junio, sólo hablan quienes ya no tienen nada que perder, o quienes no tienen propiedades en el estado. El tamaño del despojo es por tanto difícil de cuantificar. El miedo ha silenciado la mayor parte de las causas. Hay al menos un abogado asesinado que defendía a los afectados por la red en Tulum. El equipo legal de una multinacional que pidió el anonimato fue amenazado con armas. Nuestros periodistas fueron recibidos con palos metálicos y machetes.
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Pese a estas dificultades, en la pequeña muestra que narramos en nuestra investigación se pudo comprobar el robo de 350 millones de pesos en cuatro casos. A partir del 25 de septiembre en que se dé el cambio de gobierno no cabe duda que saldrá a la luz cómo el equipo de Borge provocó pérdidas por valor de varios cientos de millones de dólares.
La mecánica es sorprendente. Un juicio laboral falso presentado por un supuesto extrabajador, muchas veces inventado, se resuelve en ausencia del acusado, quien nunca es avisado formalmente de que está siendo juzgado, aunque en el expediente constan varias notificaciones simuladas (en oficinas inexistentes, a empleados no conocidos). Ante la ausencia del acusado durante la causa, el juez laboral ordena el embargo de bienes del empresario. Los bienes en ocasiones son inmuebles arrebatados a sus dueños, que nunca tuvieron oportunidad de defenderse. En los remates de la propiedad –tampoco notificados–, los compradores, cercanos o vinculados al partido en el poder, adquirían propiedades a precios de saldo.
No se entiende el silencio del gobierno federal ante el nivel de los delitos denunciados en un estado que es la capital turística de México. Sería deseable que una vez que el gobernador pierda el fuero, se abran causas contra él y las personas involucradas. Sería esta la forma de desalentar imitadores y de mostrar ante el mundo que México no tolera la corrupción ni la quiebra del estado de derecho por parte de personajes dignos de otro siglo y otras geografías.
La crisis no es menor. Según fuentes diplomáticas, el cónsul de Italia en Playa del Carmen presentó una queja directa al presidente Enrique Peña Nieto durante la visita de estado del presidente italiano Sergio Mattarella. En la embajada de Francia se evalúa una notificación similar. Ciudadanos italianos y argentinos afectados por esta red de despojo solicitaron a sus países la creación de una alerta para viajeros a Tulum.
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El gobierno de Borge, quien fue informado de esta situación desde hace cuatro años, actúa como si todo se pudiera tapar. El gobernador nombró a un amigo Auditor del estado, y premió al responsable del registro de la propiedad con una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia.
Este paquete de impunidad debe desaparecer. Es una exigencia que, por el bien del país, debe empezar en el Congreso local, obtener el respaldo de la Presidencia de la República y terminar en los juzgados, donde se aplique la ley a quienes supuestamente convirtieron instituciones de la legalidad en herramientas de robo y saqueo.
