OPINIÓN: Conmemoremos la lucha contra la corrupción, no el discurso

En un país cuyo sistema jurídico está capturado por la corrupción, los jugadores de los distintos mercados no triunfan por sus méritos, sino por la capacidad para comprar mejores derechos.
Derechos y obligaciones  Cuando en un sistema democrático las leyes no predicen lo que sucederá en la mayoría de las situaciones, nos encontramos ante un sistema jurídico débil que menoscaba el principio básico de igualdad ante la ley.  (Foto: Especial)
Max Kaiser / / Director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Nota del editor: Max Kaiser es Director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para más información sobre los estudios del IMCO entra a su página o síguelos en redes sociales: facebook.com/IMCOmx|@IMCOmx. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – ¿Por qué un día internacional contra la corrupción? Porque la corrupción destruye a las democracias y afecta gravemente a los mercados en los que se sostienen.

En una democracia hay cosas que no deben estar a la venta al mejor postor, incluso si las hace más eficientes en términos económicos. La vida, la libertad o la individualidad son valores que no tienen precio ni pueden venderse. Tampoco el poder público, el cual existe para servir al público y no a quienes puedan comprarlo para beneficio privado.

Parecería obvio, pero es necesario recalcar que los derechos individuales no pueden ni deben tener un valor económico. Tampoco deberían tenerlo las obligaciones establecidas en la ley. Nadie debería poder comprar mejores derechos para sí o peores derechos para otros, así como tampoco se debería poder comprar la exclusión de una obligación legal o una mejor condición frente al Estado.

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Los sistemas democráticos están basados en la idea de la igualdad de derechos para todos e igualdad de obligaciones para todos aquellos que se encuentren en la misma condición legal. Se trata de un sistema basado en la seguridad que se deriva de la predictibilidad: todos los que se encuentren en la misma condición legal tienen los mismos derechos y obligaciones.

Entre más predecible sea un sistema jurídico, más seguro es. Si yo puedo predecir con seguridad que en la gran mayoría de las ocasiones en las que una persona se ubique en el supuesto de la ley, pasará lo que la misma ley ordena, el sistema jurídico genera seguridad y, por lo tanto, cumple con este parámetro básico de una democracia. De lo contrario, si es difícil predecir lo que sucederá con una persona que se ubica en un supuesto legal, aunque la ley sea clara al respecto, el sistema falla en este aspecto fundamental.

Por eso cuando en un sistema democrático las leyes no predicen lo que sucederá en la mayoría de las situaciones, nos encontramos ante un sistema jurídico débil que menoscaba el principio básico de igualdad ante la ley.

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En este tipo de sistemas los derechos y las obligaciones se ponen a la venta. Cuando la regla de comportamiento no es la misma ley, los derechos y obligaciones se convierten en bienes de un mercado, es decir, se ponen a la venta. Quien tiene más dinero o poder accederá a mejores derechos y podrá librar ciertas obligaciones.

Esto es la corrupción: la mercantilización de los derechos y las obligaciones legales. Cuando un acusado compra una sentencia a su favor, cuando un empresario compra una licitación a su favor, cuando un servidor público vende su influencia para generarle un beneficio a un tercero, cuando un servidor público convierte recursos públicos en parte de su patrimonio u obtiene una ganancia a cambio de una decisión. En todos estos casos, el poder público se convierte en un producto del que alguien puede apropiarse y beneficiarse.

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Por eso, el mercado de la corrupción es desigual por naturaleza: quienes tienen más poder o dinero se pueden beneficiar en mayor medida de él. Por eso corroe al sistema democrático, pero también provoca gigantescas distorsiones en los distintos mercados.

En un país cuyo sistema jurídico está capturado por la corrupción, los jugadores de los distintos mercados no triunfan por sus méritos, la calidad de sus productos o servicios ni por sus precios o la calidad de servicio al público, sino por la capacidad para comprar mejores derechos y negociar menores obligaciones legales.

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Un sistema así genera una terrible inseguridad y, por lo tanto, genera desconfianza, disminuye la inversión y la intención de emprender. Así, los objetivos principales de un Sistema Anticorrupción deben ser:

  • Retirar del mercado los derechos y las obligaciones establecidos en la ley.
  • Crear las condiciones para que el concepto de igualdad ante la ley sea una circunstancia permanente y que todos puedan asumir en cualquier situación.
  • Establecer las condiciones para que todo aquel que pretende comerciar con el poder público, desde afuera de éste o desde adentro, sea sancionado.

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