OPINIÓN: Un peligroso 'maquillaje' para el INEGI y su poder de la información

El caso del nombramiento de Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI, es uno más de compadrazgo sin mérito que daña la autonomía del instituto.
Para una funcionaria de 31 años de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, el puesto en la junta de gobierno de INEGI, no guarda relación técnica alguna.
Merodio  Para una funcionaria de 31 años de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, el puesto en la junta de gobierno de INEGI, no guarda relación técnica alguna.  (Foto: Cuartoscuro)
Iván Franco

Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en su cuenta de Twitter @IvanFranco555 .Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) — El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es una institución del Estado que traspasa gobiernos, ideologías y personas. Es la única institución que recoge la memoria histórica y coyuntural de nuestro país. Por ello, está más allá del bien y del mal. Es una especie de biblioteca de Alejandría moderna. En lugar de destruirla, debemos resguardarla y respetar su autonomía.

El INEGI es una institución que muy pocos mexicanos usan, dados los limitados conocimientos técnicos de la mayoría de la población y la precariedad de la industria de la información que existe en nuestro país. Es la mejor arma que existe contra la demagogia y contra los políticos mentirosos, dada la contundencia de las cifras que publica.

En la era del big data y del uso de analíticas para el mundo de los negocios, el INEGI cobra más relevancia que nunca. El instituto genera cientos de miles de series de tiempo sobre la vida económica y social del país. Además, de la información geográfica digital. Es realmente impresionante.

Ninguna organización privada o pública se acercan al poder de información que produce el instituto. Si se cuantificara el valor de la información que produce el INEGI, dada mi experiencia con la industria de la información y el presupuesto que tiene, estimaría el valor de su producción en al menos 2,000 millones de dólares anuales. Ni los monopolios de información de transacciones como AC Nielsen se acercan lejanamente al potencial del INEGI. Como sabemos, el INEGI no cobra por las series de información económica y geográfica que produce. Por esta razón, es una institución que trasciende.

Para los que nos dedicamos a la industria de generación de información, INEGI es un tesoro. He utilizado las bases de datos de INEGI durante casi 20 años, ininterrumpidamente y varias veces por semana. El banco de datos y los documentos metodológicos que los sustentan no pueden abordarse sin experiencia en la industria. Por muy brillante que sea un estudiante o graduado, requieren una amplia experiencia profesional.

Todo esto lo menciono a propósito del controvertido nombramiento de una persona sin experiencia para ocupar un lugar en la junta de gobierno del instituto. Desde mi perspectiva, el mejor perfil académico para ocupar una plaza de alta responsabilidad en el INEGI, no es el de economista, sino el de estadístico. Un economista de profesión necesita al menos una sólida experiencia en estadística para poder aportar algo al INEGI. Un típico economista del ITAM y graduado en la escuela de gobierno de Harvard no cumple con los requisitos académicos para un puesto así en el INEGI. Un maestro en estadística de la UNAM, por ejemplo, sí lo cumple.

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Para una funcionaria de 31 años de la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, el puesto en la junta de gobierno de INEGI, no guarda relación técnica alguna. Es decir, la experiencia de poco más de un año de esta funcionaria en la Sedesol, sea cual fuere, no debe considerarse como válida.

Todo esto, lo menciono por el pobre contenido de los discursos de algunos senadores que avalaron la “amplia experiencia curricular” de la hoy vicepresidenta del INEGI. Los únicos responsables de esta tropelía son los senadores.

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Un problema institucional

En lo general, la administración pública de México tiene un grave problema de ilegalidad y de incentivos. Los puestos de alta responsabilidad son imposiciones basadas en el compadrazgo. Conozco numerosos casos de personas que trabajan en la administración pública federal gracias a sus conexiones con funcionarios de mayor nivel.

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Aunque si los hay, son pocos los mexicanos que laboran en la administración pública con base en el mérito. Generalmente, una vez que “entras”, debes operar con habilidad para escalar y “moverte” dentro de la red de clientelismo que implica trabajar en la administración pública. Estas prácticas están codificadas a modo en la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Si esta ley fuera aplicada en el sector privado, viviríamos en un verdadero caos. Aquí es precisamente donde se gesta la cultura de la corrupción de nuestro país.

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El caso de Paloma Merodio, es uno más de compadrazgo sin mérito. Que ha llamado la atención pública dado el perfil de esta persona y su nula experiencia para tomar las riendas de la vicepresidencia del INEGI. Es un caso aberrante que daña la autonomía del instituto. El INEGI es conocimiento, y donde hay conocimiento, hay poder.

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En lugar de defender sus posiciones, los otros miembros de la junta de gobierno y el presidente del INEGI deben fiscalizar el trabajo de la interna. Además, denunciar los conflictos de interés que señaló el senador Armando Ríos Piter y más importante aún, que no se manipulen las cifras para el beneficio de su partido, el PRI. Los senadores opuestos al nombramiento señalaron que Paloma Merodio maquilló y mintió en su historia curricular. ¿De verdad cree usted que no vaya también a manipular las estadísticas de todos los mexicanos?

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