OPINIÓN: ¿Qué hacer para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano?

Aquellos dispuestos a criticar las acciones del gobierno venezolano deberían llevar su desaprobación aún más lejos.
José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner

Nota del editor: José Miguel Vivanco es el director para América de Human Rights Watch. Tamara Taraciuk Broner es investigadora senior de América en Human Rights Watch. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de los autores.

(CNN) – Decenas de miles de venezolanos que han llegado al límite por la crisis humanitaria y política del país se lanzaron a las calles de todo el país el miércoles. Exigieron que el gobierno permitiera que la ayuda entrara a Venezuela para socorrer a muchas personas que están desesperadas por comida y medicina. Exigieron también que el gobierno celebrara elecciones, liberara a los prisioneros políticos y restableciera la independencia del poder judicial y los poderes de la Asamblea Nacional.

La dura reacción del gobierno venezolano -consumada con una demostración de fuerza- fue una repetición sumamente irresponsable de su respuesta a las anteriores protestas. La respuesta del gobierno a estas protestas es una prueba más de la necesidad de una fuerte presión internacional, especialmente de otros estados de la región, para impulsar el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en el país, así como una demostración del costo potencial que supondría no actuar.

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Antes de la protesta, el presidente Nicolás Maduro -invocando su eslogan de "defensa de la paz "- acusó a la oposición de impulsar "la violencia, la conspiración, un golpe de estado y el intervencionismo". Anunció que multiplicaría el número de milicias progubernamentales y las armaría. 

Todo esto sucedió en medio de tensiones explosivas, en un país donde las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente las manifestaciones antigubernamentales, a veces en colaboración con grupos progubernamentales armados.

El gobierno organizó una contra-manifestación en el centro de Caracas, precisamente donde se dirigían los manifestantes de la oposición.

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Las fuerzas de seguridad usaron la fuerza y gases lacrimógenos contra los manifestantes anti-gobierno; las imágenes disponibles muestran paralelismos dramáticos con los enfrentamientos que estallaron a principios de 2014 que resultaron en una ola de arrestos y abusos arbitrarios contra manifestantes antigubernamentales y espectadores.

Los periodistas que cubrían las protestas denunciaron el acoso de las fuerzas de seguridad. El gobierno sacó del aire dos canales de cable que informaron sobre las protestas. Más de 500 personas fueron detenidas en todo el país el 19 de abril, la mayoría de las cuales siguen detenidas. 

Desde principios de abril un total de más de 1,000 personas han sido arrestadas en el marco de las protestas contra el gobierno, informó en Twitter el Foro Penal Venezolano, un grupo local que brinda apoyo legal a los detenidos.

Tres personas murieron el 19 de abril, por lo que el número de muertos en protestas e incidentes relacionados asciende a 22 hasta el momento.

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Carlos Moreno, un muchacho de 17 años que según los medios de comunicación no participó en las manifestaciones murió luego de recibir un disparo en la cabeza en Caracas. Los civiles armados en el estado de Táchira le dispararon mortalmente a Paola Andreina Ramírez, una estudiante universitaria de 23 años, un ataque que un espectador grabó en video y publicó en Twitter. Un francotirador en el estado de Miranda mató al sargento San Clemente Barrios Neomar, miembro de la Guardia Nacional. La fiscalía dijo que estaba investigando los casos y que había identificado al responsable de la muerte de Ramírez.

Cuando las manifestaciones terminaron, Diosdado Cabello, el poderoso político del partido de Maduro que otrora encabezó la Asamblea Nacional, dijo en su programa semanal de televisión que "no querría estar en la piel de esos delincuentes que están llamando a desestabilizar (el país)", reportaron medios locales. También mostró un folleto con el título de "Manual del Combatiente Revolucionario" junto con fotografías de líderes de la oposición con sus domicilios, diciéndole a la audiencia que sabían "dónde viven, dónde se mueven". 

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En un país donde la impunidad es la norma y donde el gobierno se ha aprovechado repetidamente de la falta de independencia judicial para procesar y encarcelar arbitrariamente a los opositores políticos, estas amenazas implícitas deben tomarse muy en serio.

A pesar de las muertes y el ambiente de amenaza, muchos venezolanos -aunque menos que el miércoles- volvieron a las calles el jueves para presionar por el cambio en su país. La respuesta fueron más gases lacrimógenos y más arrestos, señalaron grupos locales.

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El jueves por la noche, al menos 12 personas murieron durante los incidentes de saqueo en dos zonas de bajos ingresos en Caracas. Según la Procuraduría General de la República, 11 personas fueron asesinadas o electrocutadas en El Valle. 

Después de que fuerzas de seguridad y civiles armados con vínculos con el gobierno ingresaron a El Valle, hubo continuos disparos y el hospital infantil y de maternidad de la zona tuvo que ser evacuado luego de que el edificio se viera inundado de gas lacrimógeno, según algunos residentes.

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El sábado, los venezolanos organizaron una manifestación para honrar a las personas que habían muerto durante las manifestaciones en abril.

Incluso antes de estas protestas más recientes, los ojos de la región ya estaban sobre Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA) debate actualmente el cumplimiento por parte de Venezuela de la Carta Democrática Interamericana. 

En las últimas semanas, el secretario general y los principales estados miembros de la OEA han expresado su seria preocupación por la crisis humanitaria que afronta Venezuela, ya que los suministros de alimentos y medicamentos básicos escasean.

La comunidad internacional también ha criticado la detención arbitraria de Leopoldo López, un líder de la oposición condenado a casi 14 años de prisión, así como la decisión de la Contraloría de prohibir que Henrique Capriles Radonski, otro líder de la oposición, se postule a un cargo público por 15 años, y un fallo de la Corte Suprema que en la práctica supone el cierre de la Asamblea Nacional. La presión internacional se mantuvo incluso después de que la corte revirtiera parcialmente su sentencia en respuesta a una solicitud del presidente.

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Aquellos dispuestos a criticar las acciones del gobierno venezolano deberían llevar su desaprobación aún más lejos. Los líderes latinoamericanos deberían convocar inmediatamente una reunión de alto nivel para abordar la crisis de Venezuela y presionar a la administración de Maduro para permitir la presencia de observadores independientes cuando organicen las próximas elecciones del país. 

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Deben exigir que libere a los presos políticos, restablezca la independencia del poder judicial y de la Asamblea Nacional y, sobre todo, permita la entrada de ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano.

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