OPINIÓN: Una estrategia de adaptación al cambio climático con otro enfoque

Nota del editor: Dolores Padierna Luna es coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República. Entre las comisiones que integra en la LXIII Legislatura está la de Energía. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

(Expansión) — Lo único que no cambia en la política de las naciones más desarrolladas para combatir el cambio climático es el desinterés por las consecuencias en América Latina de las políticas del Acuerdo de París.

Este fin de semana, a pesar de las resistencias del mandatario estadounidense Donald Trump, la cumbre del G7 reiteró su compromiso por el Acuerdo de Clima de París y adelantaron que esta semana fijarán su postura definitiva sobre el tema

En nuestro país, el cambio climático ha estado fuera de la conversación pública, si bien México es también parte de los Acuerdos de París. Aunque tenemos instrumentos institucionales en construcción y en plena marcha —tales como la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático—, hay pendientes que siguen saltando a la vista.

México tiene que ser la voz que incorpore los intereses de los países latinoamericanos y pugnar no solo por la mitigación sino por la adaptación.

OPINIÓN: ¿América Latina está lista para enfrentar el cambio climático?

En los Acuerdos de París, el tema de la adaptación destaca en los siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer la habilidad de los países para hacer frente a los impactos climáticos.
2. Fortalecer la habilidad para recuperarse de los impactos climáticos.
3. Fortalecer el desarrollo y la transferencia de tecnología, privilegiando la mayor capacidad de adaptación, con el soporte de apoyo financiero y de asistencia para programas de desarrollo contra el cambio climático y de resiliencia al clima

Una concepción estrecha de la adaptación la equipara con gestión de riesgos. La adaptación va más allá. Se trata de avanzar en la sustentabilidad incluyendo los efectos sociales. La adaptación tendría que ser un proceso multilateral que opera a diferentes niveles.

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Es urgente desarrollar mecanismos y enfoques no centrados en el mercado, priorizando el examen técnico de la adaptación orientado a las oportunidades concretas para reforzar la resiliencia, convergentes con las acciones de mitigación.

Una Estrategia Nacional de Adaptación con visión de futuro tendría que desarrollar estas vertientes:

Primera: Replantear el tema de los servicios ambientales, revalorando lo rural —implicando esta valorización consecuencias y contraprestaciones económicas—. La lógica de lo urbano avanza, y con ello los servicios ambientales que se expanden hacia este circuito (y que no se quedan, como se piensa, en lo rural). Los servicios ambientales son el núcleo de la interacción rural-urbana, misma que tiene que considerarse en la Estrategia de Adaptación, en lugar de segmentarse en urbano y rural como suele hacerse. Se proponen las siguientes medidas:

1. Reformular contenidos y alcances regionales de la interacción urbano-rural. Poner énfasis en contener la pérdida del capital natural.
2. En el ámbito rural solo está parte de la respuesta; en las ciudades ocurren y se transforman los principales impulsores de cambio que determinan pautas de deterioro o preservación del capital natural; en el universo de asentamientos urbanos están los principales beneficiarios de los servicios ambientales y, en consecuencia, quienes modifican de esa manera las dinámicas de interacción con lo rural.
3. Reformular contenidos y alcances de valoración del capital natural y sus servicios ambientales con énfasis en a) reconocer y valorar su preservación como una actividad de interés público, b) idear y normar opciones de valoración social e institucional
4. Orientar la demanda y uso de servicios ambientales hacia pautas sustentables en a) cadenas agroalimentarias y de productos forestales, b) turismo, c) mercados de bienes y servicios, d) medios de comunicación.
5. Orientar la acción gubernamental territorial con énfasis en la infraestructura hídrica, en la diferenciación territorial en las reglas de operación, en cambios de fondo en propósitos y beneficiarios de incentivos que inciden en las interacciones urbano-rurales.

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Segunda: Un cambio de fondo en la política agropecuaria, centrado en el incremento de la productividad de la pequeña propiedad. Las grandes unidades trabajan cerca de su máxima eficiencia posible. Deben diversificarse las unidades productivas, prestándose apoyos técnicos que permitan saber cuáles actividades productivas pueden realizarse para dicha diversificación, aumentando la resiliencia al cambio climático, y cómo deben implementarse. El énfasis debe ser en el desarrollo local, y en ello la actual Estrategia Nacional de Cambio Climático se queda corta —pues solo menciona bosques y observatorios de incendios forestales.

nullTercera: Gestionar eficientemente la tensión entre producción alimentaria y capital natural. El país debe contar con instrumentos jurídicos y de política pública indispensables para aprovechar plenamente la frontera agrícola real, o sea, hacer uso de las tierras aptas para la producción de alimentos y contener su expansión hacia extensiones no aptas, ambas cosas que se hacen hoy ineficientemente. El cambio en el uso del suelo es el factor principal de la pérdida y degradación del capital natural y para contenerlo deben existir políticas territorialmente diferenciadas.

Cuarta: Manejo Sustentable de Tierras y gestión sustentable del agua.

La erosión hídrica y eólica, la salinización, pérdida de fertilidad, compactación y otras formas de degradación de las tierras, afectan dos tercios del territorio nacional. Todo esto implica un gran costo económico en productividad, salud y otros rubros. La problemática está marginada: en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable hay disposiciones importantes, pero carece de reglamento; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable da un cuestionable tratamiento a las tierras, accesorio a los recursos forestales, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente solo refiere a declarar áreas de restauración.

Ya que las malas prácticas de manejo del suelo son las causantes del 93% de la degradación, debe apuntarse hacia la creación de capacidades locales y el alineamiento de recursos del desarrollo rural, considerando la sinergia de los propósitos ambientales con los productivos.

Quinta: coordinación y gobernanza.

Debe haber coordinación con estados y municipios que tendrán un papel protagónico. Reformar las reglas de operación y la lógica de ejercicio del gasto público, establecer acuerdos de carácter regional. Este tema está en la Ley General del Cambio Climático, pero todavía muy lejos de generar la convergencia entre mejoras al federalismo y adaptación con el cambio climático que se necesita.

Otra área que debe atenderse es la de los atlas de riesgo. Deben hacerse públicos para generar una auténtica gobernanza al respecto en materia de adaptación y desarrollo sustentable. No puede analizarse ni someterse a la opinión de la sociedad civil y los expertos lo que no se conoce.

La meta final es convertir nuestros instrumentos endebles, sin política proactiva ni conducción, en una familia de políticas públicas mayores en materia de adaptación.

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