OPINIÓN: Los gastos absurdos que perturban a la política

El que funcionarios electos gasten dinero de los ciudadanos para presumir la obra gubernamental como suya y hacerla ver como dádiva es una degeneración del servicio público.
Propaganda política del Partido Verde Ecologista anunciando "propuestas cumplidas"  motivó la presentación de quejas ante el INE en 2015.
Quejas  Propaganda política del Partido Verde Ecologista anunciando "propuestas cumplidas" motivó la presentación de quejas ante el INE en 2015.  (Foto: Cuartoscuro)
José Alberto Castro Vera

Nota del editor: José Alberto Castro Vera es empresario y consejero nacional de la Coparmex. Lo puedes seguir en Twitter como @joseACV7. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Expansión) — En México se ha vuelto costumbre que los gobernantes hagan una serie de gastos que podrían ser considerados como ‘corrupción no delictiva’ y que si son eliminados generarían un ahorro multimillonario.

De cualquier partido político, tanto alcaldes, como gobernadores y presidentes del país hacen cuatro gastos absurdos. Uno de ellos es que en cada cambio de gobierno reinventan la imagen gráfica de toda la gestión pública; es decir, tiran a la basura la imagen institucional de su antecesor, crean una nueva y la aplican a todo el aparato burocrático: rehacen papelería y uniformes; repintan con los colores de su partido las flotillas, edificios, escuelas, hospitales, oficinas, y les suplen los letreros por nuevos.

Otro de esos gastos es que los gobernantes presumen la obra pública como si hubiera sido pagada de su propio bolsillo; la publicitan de tal manera que no quepa duda qué nivel de gobierno aportó los recursos (especialmente si son de diferente partido) y las inauguraciones las hacen parecer carnavales partidistas.

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Un tercer gasto se observa durante los Informes de gobierno. Cada 12 meses regresa la temporada de culto al ego, semanas en las que el gobernante publicita obsesivamente su foto y su nombre en todo tipo de medios –una especie de prensa paralela pagada con el dinero de los ciudadanos- donde su campaña y escenografía parecen rivalizar con las de una estrella de rock.

Pero esto no termina ahí. Ahora a uno de estos gastos le añaden un factor psicológico: enmarcan la propaganda de sus Informes con la palabra “cumple”; es decir, si el gobernante se llama Miguel Martínez, él se publicita como “Martínez cumple”. Se asume como juez y parte, pues no importándole la calificación de los ciudadanos pero sí gastando su dinero, les presume que él mismo ha decidido autocalificarse –por decreto- como gobernante “cumplido”.

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El filósofo español, Gustavo Bueno, identifica dos tipos de corrupción: la delictiva y la no delictiva. En la primera se cuenta con una referencia concreta: una ley o una norma. En cambio, en la corrupción no delictiva no se tiene para su cotejo un marco legal o normativo. Es la corrupción vinculada más a la idea de degeneración, descomposición o degradación, tratándose entonces no ya de la infracción o transgresión de una ley concreta, sino de la perturbación de toda una sociedad política o de su sistema de racionalidad o educativo.

Resulta evidente que en la ´corrupción no delictiva´ es donde los cuatro actos arriba descritos recaen.

La pregunta es: ¿cuánto le cuesta eso al país? Si en naciones desarrolladas no se permite, ¿por qué en México sí? Como señala Gabriel Zaíd: “Si Apple fuera del gobierno, iría cambiando sexenalmente a Pera, Ciruela, Tuna.”

Lo paradójico es que los ciudadanos ya lo vemos como algo normal. No lo es. Los partidos ya tienen un presupuesto que Jorge Alcocer califica como "un gigantismo, un trastorno del crecimiento", pero parece que no les es suficiente. Ahora los gobernantes están desapareciendo la frontera entre la promoción partidista y la administración pública; están haciendo de la obra gubernamental una extensión permanente de las campañas electorales; están degradando el servicio público a auto alabanza pública.

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El cambio no llega con un cambio de logotipo, el cambio llega con resultados. El que funcionarios electos gasten dinero de los ciudadanos para presumir la obra gubernamental como suya y hacerla ver como dádiva es una degeneración del servicio público. El que titulares de los poderes Ejecutivos derrochen cada 12 meses dinero de los ciudadanos en convertir sus informes en un culto al ego es una degradación del sistema; el que lo despilfarren en autopromoverse como personas que “cumplen” es una perturbación de la política.

Como señala el magistrado, Miguel Valadez, el servidor público debe buscar no el aplauso, sino sólo el reconocimiento a su rectitud.

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Es momento de abrir el debate y de exigirle a nuestros legisladores locales y federales que presenten antes de las próximas elecciones una iniciativa que acabe con esta corrupción no delictiva, y que de paso le generen al país un ahorro multimillonario.

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