#Tamaulipas: la casta de los narcogobernadores (Fragmento de libro)

El periodista Humberto Padgett aborda las redes de complicidad de los gobiernos priistas para entregar el estado a grupos de la delincuencia hasta quedar a su sombra.
En el libro se detalla como presuntamente el exmandatario aceptó millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo y  los invirtió en bienes raíces en Texas.
Tomás Yarrington  En el libro se detalla como presuntamente el exmandatario aceptó millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo y los invirtió en bienes raíces en Texas.  (Foto: Fotoarte )
HUMBERTO PADGETT

Nota del editor: Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano publicado por Ediciones Urano bajo el sello de Tendencia y Crónicas en el 2016. Con permiso del autor ofrecemos algunos fragmentos del primer capítulo del libro.

Por: HUMBERTO PADGETT

Ciudad de México (Expansión)- La investigación que ha ocasionado la fuga del exgobernador de Tamulipas, Tomás Yarrington no es originalmente mexicana. El expediente B-12-435-S1 refiere que el dinero ilegal llegó a manos de a través de la Policía Estatal y, en diciembre de 2012, autoridades de Estados Unidos confiscaron un condominio identificado como suyo en Isla del Padre, Texas.

Yarrington, ex alcalde de Matamoros, el mismo lugar del que es originario el capo más viejo y más impune de todos, Juan N. Guerra, parece bien copado por las autoridades de Estados Unidos. Lo imputan cortes de los distritos sur y oeste de Texas, investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA y el Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal.

Sus actividades criminales también han sido seguidas por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Control de Drogas en Brownsville, San Antonio y Houston.

Según las acusaciones, Yarrington acepta millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, e invierte el dinero en bienes raíces en Texas. Se le imputa a él y a su socio Fernando Alejandro Cano violar las leyes federales contra el crimen organizado.

Los fiscales federales del sur de Texas documentan que Yarrington ha recibido dinero ensangrentado desde antes de asumir la gubernatura. A cambio, permite el libre tránsito de drogas a través de Tamaulipas y su Frontera Chica, la región más cercana y de fácil acceso al sur y al este de Estados Unidos, la porción del mundo con mayor prevalencia de consumo de drogas ilícitas.

Antes de huir en las narices del gobierno que lo ha investigado, la ad-ministración del panista Felipe Calderón, Yarrington logra dar una versión pública en entrevista con Carmen Aristegui, en la primera emisión de Noticias MVS.

Tomás acepta conocer al empresario Cano, pero niega relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con él.

Alega a favor de su inocencia y recurre a la rutina de decirse víctima de un linchamiento mediático, de ser un perseguido político, pues la investigación había iniciado en 2009, pero la PGR ha causado el estruendo hasta la víspera de las elecciones del candidato priista Enrique Peña Nieto, quien gana los comicios y emite una lista negra con los ciento veintidós «objetivos criminales prioritarios» en que no aparecen los nombres de Cavazos, Yarrington ni Hernández.

Demanda de divorcio

La investigación indica que Yarrington recibe sobornos por operaciones comerciales en México a través de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S. A. de C. V., empresa bajo la propiedad formal de Fernando Alejandro Cano Martínez, un ejecutivo cercano a Yarrington.

En la lista de funcionarios que arrojan las pesquisas norteamericanas y la indagatoria, ese breve diccionario del priismo tamaulipeco contemporáneo, figuran también Napoleón Rodríguez de la Garza, Eduardo Rodríguez Berlanga y Zonia de Pau García, quienes se convertirán en testigos protegidos.

El 12 de agosto de 2008, De Pau García, esposa de Fernando Cano Martínez, empresario y prestanombres de Yarrington, demanda el divorcio a Cano y reclama la repartición de bienes. Es así como un pleito de alcoba destapa la riqueza de un hombre cuyo único mérito conocido es su amistad con Yarrington.

Las propiedades de Cano incluyen constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como 3,893 hectáreas, entre ranchos y terrenos rústicos y urbanos ubicados en la entidad.

Además, diecisiete empresas de bienes raíces de Estados Unidos, su-puestamente creadas por Cano a través de Adrián Gracia Martínez, otro prestanombres. Con ellas, según los documentos, éste adquiere al menos treinta y tres lotes y un condominio en Isla del Padre, en Brownsville y en otras localidades del condado de Cameron, Texas.

«De tener una pequeña empresa trituradora de materiales, Cano se convirtió en uno de los hombres más ricos de Tamaulipas. Pero fue en el sexenio de Tomás Yarrington cuando sus compañías Materiales y Construcciones Villa de Aguayo y Gifer obtuvieron la mayoría de los contratos de obra pública», apunta la revista Proceso.

En el Portal de Obligaciones de Transparencia, la empresa Construcciones Villa de Aguayo, S. A. de C. V, tiene al menos dieciocho fichas relacio¬nadas con contratos, licitaciones o ampliaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Algunos contratos se formalizaron después de que Yarrington terminara su gestión.

En el registro de Compranet, portal electrónico de contrataciones y adquisiciones gubernamentales, consta que de 2002 a la fecha ambas se han adjudicado contratos de obras estatales y federales en Tamaulipas por más de 2,000 millones de pesos.

En su demanda de divorcio, De Pau García aporta información del Registro Público de la Propiedad alusiva a veinticinco predios ubicados en los municipios de Victoria, Altamira, Soto la Marina, Río Bravo, Reynosa y Matamoros que aparecen a nombre de Cano y suman 1,760 hectáreas.

En ese documento no se incluyen las 1,600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira, que Cano compró al Gobierno estatal en 2002, cuyo valor estimado es de 32 millones de dólares, y que antes Yarrington expropió a razón de 380 dólares por hectárea. Los bienes inmuebles son una lista por sí mismos: predios en Ciudad Victoria, Soto La Marina, Río Bravo, Reynosa y Matamoros con avalúo calculado en 5.28 millones de dólares.

Aunque Yarrington se ampara alegando violaciones a sus garantías constitucionales y contra los actos del Ministerio Público de la Federación, el 27 de febrero de 2015 el juez de amparo valida el mandato de captura girado contra el ex gobernador.

Aspiración presidencial

La de Tamaulipas es una delincuencia organizada que lo toma todo. Seis o siete décadas atrás, el clan de Juan N. Guerra y los gobernadores, a partir de la década de los treintas, comienzan la fructífera relación política y empresarial que prospera hasta el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Yarrington gobierna entre 1999 y 2005, lapso en que el priista lleva a los tamaulipecos a una deuda pública de casi novecientos millones de pesos, la cual fue heredada a la gestión de Eugenio Hernández Flores.

A la vez, tras la conclusión del gobierno de Yarrington, la Subsecretaría de Egresos de Tamaulipas admite la existencia de un subejercicio en obras públicas y programas sociales. Eugenio Hernández queda señalado de desviar dinero público a la preprecampaña de Tomás Yarrington a la Presidencia de la República, aspiración que inicia desde antes de que terminara su mandato como gobernador.

Yarrington declina a favor de Arturo Montiel Rojas, predecesor de Enrique Peña Nieto en el Gobierno del Estado de México y padrino político del hoy presidente de la República en la alianza de gobernadores aspirantes llamada Todos Unidos Contra Madrazo (Tucom), pero Montiel queda fuera de combate tras la revelación de su enriquecimiento ilícito y el abanderado perdedor del PRI, Roberto Madrazo Pintado, a quien nunca se le deja de presentar como un político corrupto, pierde la carrera ante el panista Felipe Calderón.

Hombre de negocios

Para ser uno de once hermanos crecidos en la adversidad de Matamoros, la vida sonríe a Yarrington.

Tiene la casa de Puerto Isabel, levantada antes de cruzar el puente que lleva a Isla del Padre, en Texas. Tiene una linda fachada color rosa sobre un terreno de veinticinco metros de frente y, en su fondo, la vista de la laguna. La propiedad es de tres niveles: en la planta baja hay cocheras para cuatro vehículos, en el segundo nivel se distribuyen cuatro recámaras y en el tercero está la cocina, la sala de televisión, la sala y el comedor.

Cerca de ahí, en el edificio de cristal que asemeja una bota, y así se le llama, Yarrington tiene un departamento de doscientos metros cuadrados.

En la Ciudad de México, en la lujosa calle Rubén Darío, en Polanco, el político recibe a sus colegas nacionales en su apartamento de trescientos metros cuadrados con vista a la jaula de las jirafas del Zoológico de Chapultepec. Ahí departe y se toma fotos con Roberto Madrazo, quien ganaría la nominación priista en 2006, y Elba Esther Gordillo, la aún todopoderosa lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Cano Martínez habrá de facturar 1 mil 200 millones de pesos a través de Construcciones y Materiales Villa de Aguayo SA de CV, y 800 millones de pesos vía Gifer SA de CV durante los mandatos de Yarrington y de Hernández, de 1999 a 2010: casi medio millón de pesos cada día.

Yarrington es, también, un hombre de negocios en los medios de comunicación y, a través de un tercero, se hace de la Compañía Periodística del Pánuco, S. A. de C. V., casa editora del rotativo La Razón de Tampico y los diarios Expreso, publicados en Ciudad Victoria, Mante y Matamoros.

Lo mismo ocurre con el grupo radiofónico Mi Radio, con señal en Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo y expansión Pánuco, Veracruz, estado que también han comenzado a devorar el Cártel del Golfo y Los Zetas durante el mandato del también priista Fidel Herrera Beltrán (del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010), a quien se acusará, también sin ninguna consecuencia legal, de ser un gobernador del narco.

Tomás es insaciable. Otro suplente de su nombre en la integración de empresas y la adquisición de bienes es Eduardo Rodríguez Berlanga, la Conga, quien aparece como titular de Constructora Janambres, S. A. de C. V., y GMC Construcciones, S. A. de C. V., que contratan, cada una, seiscientos millones de pesos de obra pública durante la administración de Eugenio Hernández Flores (5 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2011).

Berlanga posee la Hacienda San Juan, un rancho cinegético de 2 600 hectáreas —equivalentes al ochenta por ciento de toda la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México— adquiridas en dos momentos, en Soto la Marina, una propiedad que cuenta con pista de aterrizaje de concreto de una milla y hotel para los cazadores con capacidad para doscientos cincuenta huéspedes.

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La Conga es dueño de otro rancho, El Colmenar, en la Sierra de Maratines: 600 hectáreas de vergel y pastizal para mil reses de raza brangus rojo, toros de engorda que en un par de años alcanzan la tonelada de peso.
Existe otro predio, éste a 10 kilómetros de Ciudad Victoria rumbo a Monterrey, Nuevo León, desde cuyo bar se aprecia el palenque de gallos, la pista de carreras de caballos, las caballerizas de animales finos, los corrales de ovejas, las huertas de agave, de naranjas y de tomate. El dueño en el papel es un hombre cuyo apodo lo dice todo: el Carga Pacas.

Al final de su gobierno, de instalar a un sucesor que camina su mismo camino y de declinar sus pretensiones presidenciales a favor del grupo político priista mexiquense que alcanzará el poder absoluto, porque así se ejerce la presidencia en México, Yarrington inicia una consultoría política llamada Osaka, que ofrece servicios de asesoría a otros gobiernos priistas. El lema de la firma bien podría ser algo parecido a esto: «Así como le hice yo, le pueden hacer ustedes”.

El libro toca los casos de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández y las consecuencias sociales que ha tenido el haber entregado el estado al crimen organizado.
Exmandatarios  El libro toca los casos de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández y las consecuencias sociales que ha tenido el haber entregado el estado al crimen organizado.  (Foto: Facebook Ediciones Urano México/Cortesía )
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