Violencia, criminalidad y violaciones a los derechos humanos
Nota del editor: Esta nota fue publicada en junio de 2016, y actualizada tras la detención del exgobernador Javier Duarte.
Javier Duarte, arrestado este sábado en Guatemala, anunció en junio de 2016 que pedirá licencia al Congreso de Veracruz para separarse de su cargo como Gobernador del estado para atender las investigaciones que se realizan en su contra; pero bajo su mandato queda una estela de violencia y aderezada con impunidad, abuso de poder policiaco y vinculación de algunos policías con el crimen organizado.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de enero a agosto de este año se cometieron 1,271 homicidios, de los cuáles 872 fueron dolosos, además se reportaron 92 casos de secuestro y 95 de extorsión.
Duarte deja el gobierno con un acumulado de 4,555 homocidios dolosos, siendo el año más violento el 2012 con 968.
Apenas el pasado 8 de octubre se informó que los restos de tres de cuatro jóvenes reportados como desaparecidos, fueron localizados dentro de nueve bolsas de plástico en el municipio de Camarón de Tejeda, Veracruz.
Génesis Deyanira había desaparecido el pasado 29 de septiembre junto con otros dos compañeros Alan Arroyo Prado y Octavio García Baruch, el hallazgo de sus restos ha provocado la indignación de la sociedad veracruzana, que la tarde de este 10 de octubre realizó una protesta para exigir justicia ante este crimen.
A este caso se sumó, al de los cinco jóvenes arrestados el 11 de enero de este año por agentes locales de Tierra Blanca, Veracruz, y entregados a la delincuencia organizada, quienes fueron asesinados en un rancho de la entidad.
Para el especialista en temas de seguridad del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Alfredo Zavaleta, esto obliga al estado a rediseñar las instituciones de seguridad y justicia, además de replantear las reformas estructurales con mayor sensibilidad social e inclusión de los colectivos ciudadanos en la formulación de leyes y reglamentos.
"En los últimos años se incrementaron las tasas de delitos de alto impacto, como el secuestro que en 2010 era de 0.22 por cada 100,000 habitantes, y en 2015 fue de 1.21; o el robo de vehículos con violencia, que pasó en el mismo periodo de cero a 16.99, mientras que los secuestros apenas se redujeron de 7.56 a 7.02, cifras que explican el sentimiento de inseguridad y desconfianza de los veracruzanos", señala.
Otro delito denunciado por colectivos sociales es la desaparición forzada de personas. Cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) reconocen, entre 2011 y 2014, 493 casos, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en ese mismo periodo 168 denuncias por el mismo ilícito.
Lee: Tierra Blanca,Veracruz, un caso más de desaparición forzada.
Para Zavaleta, el intento de las autoridades estatales por negar los hechos resulta en una estrategia poco útil, y advirtió que de no intervenir ahora y generar una nueva relación de las instituciones de seguridad y de justicia con los ciudadanos, se corre el riesgo de que el fenómeno se haga más complicado.
"La presencia de las fuerzas federales son el indicador de que por sí solas las corporaciones estatales no lograron contener lo que hemos experimentado los veracruzanos en cuanto a problemas de delitos e inseguridad", apuntó.
En algunos de estos casos, están ligados elementos de las fuerzas púbicas, lo cual lo converte en un problema de derechos humanos.