El gobierno de Borge no ha declarado 4,500 mdp de la federación: Zambrano
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el gobierno de Roberto Borge no ha justificado al menos 4,500 millones de pesos que la federación asignó en participaciones durante 2015.
“No ha quedado claro en qué se utilizaron, cómo se aplicaron y por ello hay que estar muy pendientes”, dijo el legislador durante una conferencia de prensa conjunta con el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Criticó que el endeudamiento de la entidad supere más de dos veces la media nacional, ya que actualmente constituye el 8.1% del PIB, cuando el promedio nacional es de 2.9%.
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El perredista advirtió que esperará las observaciones que haga la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y solicitará que con base al Sistema Nacional Anticorrupción se investigue a fondo. Además, buscará que desde la Presidencia de la República se instruya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para agilizar los recursos de inconstitucionalidad sobre el paquete de impunidad aprobado por el Congreso estatal.
Explicó que de 2010 a 2014, la entidad ha sido objeto de más de 680 acciones de la ASF, las cuales han derivado en 366 recomendaciones, 142 de observaciones y algunos actos resarcitorios que en el último año de dicho periodo, se auditaron 9,300 millones de pesos que mandó la federación, recuperando 417 millones de pesos.
En la reunión, Carlos Joaquín hizo entrega de una propuesta para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, donde incluyó más de 1000 proyectos.
La propuesta que supera los 20,000 millones de pesos, incluye sectores como la agricultura, saneamiento, cultura, deporte, comunicación, economía, infraestructura, medio ambiente, turismo, vivienda, entre otros.
De acuerdo al mandatario electo, de manera tradicional, el Congreso de la Unión asigna montos que van entre los 2,000 y 2,500 millones de pesos, por lo que consideró que cualquier recurso que supere eso, será de beneficio para el estado.
Y confió en que el mandatario actual permita iniciar con los trabajos de entrega–recepción, antes de los tiempos estipulados por ley, es decir, cinco días antes de recibir la administración para evitar se queden algunas lagunas y observaciones.
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