PAN denuncia a Rubén Moreira por presunto desvío de 160 mdp
El senador del PAN, Luis Fernando Salazar Fernández, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, a quien acusó de desviar 160 millones de pesos del erario público a empresas fantasma.
“El moreirato insiste en robarle a las familias coahuilenses. Le exigimos al Gobierno federal que no sea cómplice y omiso de los políticos corruptos de Coahuila”, acusó el panista.
La denuncia fue presentada luego de que el pasado 26 de septiembre, Reforma señaló que el gobierno de Coahuila ha facturado millones de pesos a presuntas compañías que tienen como domicilio casas inhabilitadas, vecindades, bodegas, entre otros inmuebles.
De acuerdo a la investigación del diario, fuentes cercanas a la Secretaría de Finanzas de Coahuila aseguraron que se han realiazado facturas a supuestas asesorías, productos perecederos, alimentos o consumibles a los que es muy difícil rastrear o verificar su aplicación en una auditoría.
“Se da el caso de 'consultoras' que no venden asesorías ni estudios ni programas de capacitación, sino huevo, pierna y muslo de pollo o cobijas y edredones”, refiere la publicación.
Nuberia Comercial, Murano, Vilansa, Asha Consultores Especializados, Consultorías Bardo, Vilzel Consultoría Integral y Hotelería y Alimentos GRF, son tan sólo algunas de las empresas a las que Moreira les ha pagado y que no aparecen en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Coahuila.
También refiere que algunos de los pagos se han hecho “de manera urgente bajo la presión de jefes de área, cuyo único argumento es que son “órdenes de arriba””.
Reforma visitó varios de los domicilios donde presuntamente operan dichas empresas, sin hallar pruebas que fundamenten la operación de estos lugares.
Entre hermanos
En agosto pasado la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) determinó que el exgobernador y hermano del actual mandatario, Humberto Moreira, no incurrió en el desvío de recursos al erario.
“No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, aseguró en su momento el subprocurador ministerial de la PGJE, Norberto Ontiveros Leza.
El exlíder nacional del PRI, asumió el gobierno de su estado en 2005 y recibió la deuda en 323, 000 de pesos y al salir en 2011, la deuda estaba en 33,000 millones de pesos. Al llegar su hermano a la gubernatura, se dio a conocer que del total del pasivo, 5,200 millones fueron contratados con documentos falsos y 18,000 más sin permiso del Congreso local.
Debido a esto, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y el Congreso del Estado interpusieron denuncias que concluyeron en 2012 y 2015.
