La Constitución de la CDMX, bajo el fuego del Senado, la Presidencia, la CNDH…

Dependencias federales, partidos y organismos como la CNDH consideran que la Carta Magna local invade atribuciones y viola preceptos contenidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde su aprobación el 31 de enero pasado, distintos partidos y organismos han presentado recursos de impugnación contra la carta magna local.
Cuestionada  Desde su aprobación el 31 de enero pasado, distintos partidos y organismos han presentado recursos de impugnación contra la carta magna local.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

A 36 días de su promulgación, la Constitución de la Ciudad de México suma al menos ocho recursos en contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación —de los cuales ha admitido cinco— entre los que hay controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.

El caso más reciente es el del Senado de la República que, a través de su presidente Pablo Escudero, asegura que la Asamblea Constituyente se excedió en sus atribuciones al legislar en materia de educación y uso de la marihuana.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado y legislador del Partido Verde detalló que entre los conceptos de invalidez que presentarán esta semana está el relativo al Artículo 8 "Derecho a la Educación” de la Carta Magna local, al señalar que contraviene lo establecido en el Artículo 3 de la Constitución Federal y distintos preceptos de la Ley General de Educación.

Otro recurso es contra el artículo 9, donde se establece el derecho al uso terapéutico y medicinal de la cannabis, lo que viola los artículos 4 y 73 constitucionales, así como los 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud.

De acuerdo con Escudero, determinar el derecho de una persona al uso medicinal de la marihuana es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

La cascada de recursos en contra del documento fundacional de la Ciudad de México inició la semana pasada, con dos acciones de inconstitucionalidad que presentaron diputados de Morena y su dirigente en la Ciudad de México, Martí Batres.

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El primero de ellos se debió a que el texto no ha sido sometido a referéndum de la ciudadanía, y el segundo por la supuesta transgresión de las leyes electorales federales en la configuración del Congreso Local, el cual se establece contará con 66 diputados, 50% electos por mayoría relativa y 50% de representación proporcional.

Otro partido que también se opuso a los preceptos de la Constitución local es Nueva Alianza, el cual promovió una acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del artículo 54, en el que se establece la figura de Cabildo, como un “órgano de planeación, consulta y decisión del Gobierno de la Ciudad de México”.

Además, buscan que se invalide una parte del artículo 53 relativo a la integración de las alcaldías.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promovió un recurso para solicitar la invalidez de algunos preceptos contenidos en los artículos 33, 36, 48, lo que asegura violan distintas disposiciones en materia de derechos humanos contenidos tanto en la legislación federal como en normas internacionales.

Desde el gobierno federal

La Presidencia y la Procuraduría General de la República (PGR) también promovieron recursos en contra de la Carta Magna local.

El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, informó que se solicitó a la Corte analizar posibles invasiones en la Constitución local de facultades que corresponden al Ejecutivo federal.

“Se revisó la Constitución de la Ciudad de México y se encontraron diversas invasiones de facultades federales, como consecuencia, lo que se está haciendo es decirle a la Corte: Oye, en nuestra opinión existe esta invasión de facultades que son exclusivas de la Federación. Tú dinos si esto es correcto o no es correcto”, detalló en entrevista a José Cárdenas en MVS, el viernes pasado.

De acuerdo con algunos medios, son al menos 13 preceptos por los que la dependencia federal interpuso el recurso.

Por su parte, la PGR presentó el viernes una acción de inconstitucionalidad para que se invaliden 39 aspectos de la Constitución, relativos a temas como derechos humanos, garantías de asociación, así como figuras como el Parlamento Metropolitano, el Consejo de la Judicatura y las alcaldías.

Además, cuestiona una posible invasión de facultades del Congreso de la Unión en materia de procuración de justicia.

Las impugnaciones del gobierno federal, fue interpretado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, como un ataque a los derechos logrados por los capitalinos.

“Esta impugnación de la PGR, bueno, pues era obvio, la PGR tiene cierta visión, no tiene razón en todo; lo que se tenga que revisar que se revise. Qué bueno que sea un procedimiento que en su momento lo tiene que revisar la Suprema Corte, pero el logro de esa Constitución, ese no se lo quita nadie.

“El logro de la Constitución, por más que el Gobierno Federal se empeñe en estar atacando, haciendo y tornando, eso no se lo quita nadie a la Ciudad de México”, sentenció Mancera durante un evento el viernes pasado.

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Y a nivel local

El Tribunal Superior de la Justicia del Distrito Federal (TSJDF) también se sumó a la ola de recursos en contra de la nueva legislación, con una controversia constitucional en contra de los artículos 35 y 37 que, asegura, violan la autonomía e independencia del organismo.

El Artículo 35 de la Constitución capitalina establece que el Consejo de la Judicatura local se integrará por siete consejeros o consejeras designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial.

Asimismo establece que quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia, y que el presupuesto del Poder Judicial será elaborado por el Consejo de la Judicatura.

A su vez el Artículo 37 establece la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, el cual estará integrado por 11 personas de las cuales siete serán profesionales en derecho.

Finalmente, otro de los recursos que ya fue atraído por la Segunda Sala de la Suprema Corte es el juicio de amparo que promovió el abogado Javier Quijano Baz, quien en representación de los 22 diputados de Morena en la Asamblea Constituyente, cuestionó la toma de protesta de legisladores federales como diputados constituyentes.

Como argumento, Quijano señala que la Constitución federal prohíbe que diputados y senadores ostenten otro encargo en el desempeño de sus funciones.

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Además del presentado por Quijano, la Corte ha admitido también los recursos de Morena, PGR, CNDH y del partido Nueva Alianza, por lo cuales ya se emplazó a las autoridades capitalinas ha presentar los alegatos correspondientes.

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