El uso electoral de los programas sociales aumenta la desigualdad: ONG
La falta de mecanismos que eviten malas prácticas en el manejo de los programas sociales del país, tanto en estados con elecciones como en aquellos que no las tienen, genera un "caldo de cultivo" para que crezcan la desigualdad y la corrupción, alertaron organizaciones civiles este miércoles.
"En México se ha pretendido combatir la pobreza solamente con política social y, tras 25 años de no tener resultados, creo que es momento de cambiar ese enfoque (...) en tanto sigamos en ese error y con programas sociales opacos, fragmentados, dispersos, no se va a resolver el problema de la pobreza", afirmó Héctor Rubio, responsable de incidencia de la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En la conferencia "Uso de programas sociales, la malversación de recursos", Rubio y otros expertos en temas de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas consideraron que se deben crear las condiciones para que los programas sociales cuenten con un padrón único de beneficiarios, reglas de operación claras, fiscalización de los recursos utilizados y estrategias de participación ciudadana.
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Rubio detalló que en el Estado de México, una de las tres entidades con elecciones de gobernador este año, y donde más de la mitad de sus habitantes están en situación de pobreza, tres cuartas partes de los 232 programas no tienen reglas de operación claras ni atienden a la población más vulnerable, además de que hay opacidad en el uso de recursos.
"Esos programas son más susceptibles de tener un uso electoral, y de lo que se trata es documentar para qué se están utilizando. Si nos concentramos en lo que pasa en los cuatro meses o días antes de la jornada electoral, estamos condenados a repetir esa situación", advirtió.
En marzo, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, denunció que funcionarios fedeales priistas repartieron apoyos y prometieron beneficios a los mexiquenses a cambio de su voto a favor del PRI. Esta no es una situación exclusiva de los actuales comicios: la entidad gobernada por Eruviel Ávila y tierra del presidente Enrique Peña Nieto se ha visto envuelta en otros casos de este tipo, como la entrega de tarjetas La Efectiva presuntamente con fines político-electorales.
Bárbara del Castillo, coordinadora de política social de Transparencia Mexicana, señaló que, más allá de identificar a los programas afectados en estos comicios, se debe ubicar cómo se están utilizando el resto del tiempo, porque el uso electoral de estas acciones va más allá de un operador o de un programa, o de la entrega de despensas para condicionar el voto.
"En la medida que tengamos información de calidad sobre el uso de los recursos, de si están cumpliendo con su objetivo, es la manera en la que hacemos íntegros los programas", dijo.
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Para esto, comentó Benjamín Fuentes, secretario técnico de la Auditoría Superior Federación (ASF), la fiscalización de los programas sociales no debe darse sólo en época electoral, sino desde el inicio al fin de su ejecución.
"También hay que pensar que todo esto necesita recursos, necesita dinero, y también implica pensar con qué controles y qué seguimiento se le va a dar, cómo se va operar o implantar un programa o a un proyecto, porque si solamente nos dedicamos en lo ideal, sin pensar las consecuencias financieras, de requisitos, vamos a volver a la historia que hemos estado viendo en los últimos años", comentó.
Mariclaire Acosta, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró que "el abuso de poder y la violación a los derechos humanos" provocan clientelismo, el cual afecta principalmente a los pobres, quienes representan a la mitad de la población del país.
