La ley electoral de Nuevo León confronta al gobernador y al Congreso local
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y el Congreso de Nuevo León entraron en confrontación por la nueva Ley Estatal Electoral, en un episodio que amenaza con llegar a tribunales y que de momento genera incertidumbre sobre cuáles serán las reglas que regirán los comicios locales del próximo año.
La pelea comenzó la semana pasada, cuando el mandatario se negó a publicar la nueva legislación en el Periódico Oficial del Estado.
Rodríguez —un expriista que ganó las elecciones de 2015 como abanderado independiente— argumentó entonces que la normatividad es contraria a los intereses de la ciudadanía porque sólo favorece a los partidos mayoritarios, el PRI y el PAN, al establecer puntos como que el reparto de diputaciones plurinominales dé prioridad a las fuerzas políticas con más votos y deje fuera a los candidatos independientes.
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Además, la ley plantea permitir que los diputados locales puedan hacer campaña para competir por otro puesto sin tener que separarse de su curul.
La legislación fue aprobada por el Congreso de Nuevo León la madrugada del pasado 29 de junio y el plazo para que el gobernador la publicara vencía el pasado sábado 8 de julio. Antes de esa fecha, los legisladores buscaron ejercer presión contra el funcionario e incluso solicitaron la intervención del Tribunal Electoral estatal.
En una sesión realizada el 5 de julio, este organismo resolvió por unanimidad que el mandatario había incurrido en una omisión indebida y ordenó que publicara la ley “de inmediato”.
“Dicha omisión constituye una demora innecesaria e injustificada, ello en virtud de que el gobernador está impedido para hacer observaciones al decreto que contiene la reforma de una ley constitucional”, señaló en un comunicado.
En respuesta, Rodríguez acusó “un contubernio” entre los diputados y el tribunal.
“Eso a mí me preocupa demasiado porque los magistrados ya dieron su brazo a torcer para poder ser benefactores del PRI y del PAN (…) Estamos teniendo una regresión enorme”, dijo a medios.
Más aún, su administración actuó legalmente para defenderse y acudió ante el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que la favoreció al suspender temporalmente la orden emitida por el organismo electoral.
“El Ejecutivo, por mi conducto, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia una controversia constitucional respecto a la resolución que había emitido el Tribunal Electoral del Estado a petición del Legislativo (…) Nos conceden la suspensión de la resolución”, dijo el secretario de Gobierno, Manuel González, en una rueda de prensa convocada el viernes, un día antes de que venciera el plazo para la publicación.
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Además, anunció que el gobierno de Rodríguez irá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que éste resuelva el caso, y advirtió que presentará denuncias penales contra los magistrados por considerar que se excedieron en sus atribuciones.
Este lunes 10 de junio, el documento finalmente fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, pero la gestión de Rodríguez afirma que, como se publicó vencido el plazo, no puede entrar en vigor para las votaciones de 2018, sino que lo hará hasta las de 2021. El TEPJF deberá pronunciarse sobre este punto.
Frente a la incertidumbre sobre la legislación que regirá los comicios locales del próximo año —cuando se renovarán el Congreso y las alcaldías de Nuevo León—, el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, aseguró a Expansión que a pesar de la situación actual habrá condiciones para llevar a cabo el proceso.
